El insólito caso del policía que llamó a un narco para ofrecerle su ayuda

13/04/2022

Un cabo de la Policía de Entre Ríos fue condenado por encubrimiento de una banda de narcotraficantes que operaba en distintas localidades de la provincia. Fue luego de que se detectaran mensajes donde le ofrecía ayuda para que eludiera una investigación que se encontraba en curso. Preocupación por casos que se repiten.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Los policías tienen la capacidad de mirar para otro lado cuando llega el momento de hacer cumplir la ley, y algunos lo hacen; lo hacen voluntariamente y con conocimiento de causa; algunos van más allá de hacer la vista gorda.

Algunos policías e integrantes de las fuerzas de seguridad mantienen relaciones clandestinas con narcotraficantes basadas en el intercambio de recursos materiales e informativos. Buena parte de ese vínculo se sostiene en la protección de los agentes estatales a los narcotraficantes.

No se trata de aseveraciones antojadizas. Lejos de ello, los acuerdos clandestinos han sido recogidos en cientos de páginas de expedientes judiciales, documentos, testimonios y escuchas telefónicas, entre otras fuentes. De allí surge evidente que narcotraficantes e integrantes de las fuerzas estatales comparten regularmente información y que esa corrupción, que bajo ningún aspecto debe pensarse como institucional ni generalizada, a veces va más allá del simple hecho de ignorar las acciones ilegales, sino que en la práctica son las que regulan el negocio de las drogas en el territorio.

Esto surge prístino en el caso de un cabo de la Policía de Entre Ríos que acaba de ser condenado por haber tenido la intención de colaborar con una organización dedicada a la venta de drogas que operaba en Gualeguaychú y revendía en distintas localidades.

Es difícil imaginar qué habrá pensado el cabo Brian Nicolás Imas cuando tomó una decisión que sellaría su destino. Lo cierto es que su error se desprende de los hechos y no de las palabras atolondradas y erráticas que tipeó en su teléfono celular aquella noche del 17 de agosto de 2020:
–No me equivoqué, pero quería saber si sos de confianza y no decir a nadie –se presentó Imas a su interlocutor.
–Sí, ¿qué pasó? –le respondieron del otro lado de la línea, tres minutos después.
–Si yo te ayudo, o mejor dicho, los ayudo en sus temas –disparó rápido Imas.
–¿En qué temas? –pretendió desentenderse el otro.
–No es necesario que lo diga –dijo entonces el policía, como si ambos supieran de lo que hablaban.
–Me parece que te equivocaste de número –se despegó el otro.
–¿No sos Federico? –quiso cerciorarse, o acaso confirmarle a su interlocutor que sabía con quién estaba hablando.
–Sí, ¿quién sos? –se inquietó entonces el otro.
–Alguien que los puede ayudar. Pero, bueno, si vos decís que me equivoqué –ensayó enigmático el policía.
–Si no me decís quién sos y en qué me querés ayudar… no soy adivino –se impacientó.
–Y, mirá, si no querés caer cuando llevás la ‘mercadería’… igual, ojo, nada de mandar mensaje común o llamar –lanzó por fin su propuesta, aunque sin revelar nunca su identidad el policía.
–Me parece que estad equivocado –insistió el otro, que ahora sí tal vez haya entendido hacia dónde apuntaba la conversación.
–¿Seguro? –le insistió.
–Sí –lo cortó el otro.
–Bueno, no trabajo para Loquillo. No te manejes con mensaje, ni nada –dijo finalmente Imas y dejó plantada la semilla.

Federico González Sturtz, la persona a quien el policía le hizo la temeraria propuesta, había sido señalado como un eslabón clave de una organización dedicada a la venta de cocaína en Gualeguaychú, con ramificaciones comprobadas en Urdinarrain (Gualeguaychú), Concepción del Uruguay y Nogoyá.

Aquel dato que había llegado a la División Toxicología de la Jefatura Departamental a través de un testigo de identidad reservada que contó que cada martes y sábado, González Sturtz salía bien temprano desde Gualeguaychú, al mando de un camión de reparto de galletitas que le servía como pantalla para simular el traslado de cocaína hasta una casa a pocas cuadras del centro de Concepción del Uruguay, donde entregaba la droga y recibía el dinero.

El informe era preciso y estaba plagado de detalles. Aunque dejaba en claro que González Sturtz era apenas una mula, es decir, alguien que transportaba la droga de un lugar a otro, decía que el día anterior recibía la cocaína de Sebastián Recalde, y que a su vez el proveedor era un tal Loquillo Páez, un emergente del narcotráfico en el sur entrerriano, aunque su actividad legal era una verdulería, de esas que atienden durante las 24 horas sin que a nadie le llame la atención.

El testigo de identidad reservada dio también un número de teléfono que utilizaba González Sturtz. Es el mismo al que se comunicó Imas y es probable que de ahí lo haya extraído para ofrecerle su ayuda.

González Sturtz no volvió a hablar con Imas después de aquella noche.

A los pocos meses, los investigadores desbarataron una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo en distintos barrios de Gualeguaychú. Sebastián Recalde era el líder. González Sturtz es su cuñado. Recalde tenía en su casa 1,745 kilos de cocaína con alto grado de pureza (superior al 57 por ciento) y 413.300 pesos, lo que permite dimensionar que se trataba de una banda de gran poder económico y con cierta permanencia en el tiempo. De las comunicaciones interceptadas durante la investigación surge, por ejemplo, que los cinco gramos de cocaína costaban 8.500 pesos.

Lo que seguramente no imaginó el policía Imas es que González Sturtz no borraría aquellos mensajes de WhatsApp que recibió de un desconocido con el que no volvería a hablar, y que unos meses después los investigadores, los mismos compañeros de Imas, iban a identificarlo.

A fines del año pasado, el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó a Recalde, González Sturtz y otras seis personas por delitos de narcotráfico; Loquillo Páez también está detenido, aunque en su caso a la espera de un juicio oral.

Brian Nicolás Imas, de 26 años, fue condenado hace unos días. Se le impuso una pena de un año de prisión condicional e inhabilitación especial por tres años por encubrimiento agravado de una banda de narcotraficantes en grado de tentativa. No irá a prisión pero será exonerado de la Policía.