Dieciocho años después, se puso en marcha el Juzgado Federal de Victoria

01/04/2022

Federico Martín juró como juez e inició su actividad el nuevo Juzgado Federal de Victoria. Tendrá competencia en los departamentos de Victoria, Nogoyá, Tala y Gualeguay y atenderá causas de narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otras civiles, comerciales, laborales y de previsión social, contencioso administrativas y de ejecuciones fiscales.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El Juzgado Federal de Victoria tuvo que esperar a cumplir la mayoría de edad para que lo habiliten. Ese día llegó este viernes, cuando el juez juró en el cargo e inició su actividad, dieciocho años después de haber sido creado.

La jueza Beatriz Aranguren, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones, le tomó juramento a Federico Ángel Claudio Martín como juez federal de Victoria y a partir de este viernes 1 de abril comenzó a funcionar la nueva estructura.

El acto se desarrolló en la sede del nuevo Juzgado Federal, en calle Sarmiento 631, contiguo a la Municipalidad de Victoria, un edificio alquilado hace más de una década y que fue refaccionado y acondicionado para el funcionamiento de la nueva estructura. Participaron Alberto Lugones y Carlos Matterson, presidente y vice del Consejo de la Magistratura de la Nación; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el secretario general del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mariano Churruarín; los jueces Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, de la Cámara Federal; Lilia Carnero, Noemí Berros, Roberto López Arango, Jorge Sebastián Gallino, del tribunal oral; Daniel Alonso, María Isabel Caccioppoli y Hernán Viri; el fiscal Ricardo Álvarez. También referentes sociales de la ciudad de Victoria y la diputada provincial Gracia Jaroslavsky, autora de la ley que originó la creación del juzgado.

La nueva estructura había sido creada el 14 de enero de 2004, a través de la Ley Número 25.862, que establecía una nueva estructura con competencia sobre los departamentos de Victoria, Nogoyá, Tala y Gualeguay. Se trata de un juzgado de competencia múltiple por el que pasarán, principalmente, causas de narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otras civiles, comerciales, laborales y de previsión social, contencioso administrativas y de ejecuciones fiscales. Se calcula que la incidencia sería de unas doscientas causas nuevas cada año y el 10 por ciento de las causas de narcotráfico que tramitan en la provincia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la habilitación del juzgado el 11 de marzo pasado, luego de la designación del juez, que se previeran las partidas presupuestarias y se verificara que el edificio estuviera en condiciones edilicias y tecnológicas. El objetivo, reconocido dieciocho años después, es “asegurar la correcta prestación del servicio de justicia, por lo que la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal constituye una prioridad insoslayable”, se consignó en la Acordada Número 3.

Federico Martín, el juez, tiene 44 años, es egresado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en 2003 y desde 2011 se venía desempeñando como secretario del Juzgado de Ejecución de Penas de la justicia federal de Paraná. Antes fue asesor letrado de la Fiscalía de Estado de la provincia, entre febrero de 2004 y noviembre de 2005, hasta su ingreso al Tribunal Oral Federal de Paraná, primero como relator suplente y luego como secretario interino; también fue juez federal subrogante de Paraná y Concepción del Uruguay, juez federal ad-hoc en un puñado de causas e integró la lista de conjueces federales. El jurado que intervino en el concurso destacó “sus conocimientos sobre la composición del Poder Judicial, la población y particularmente sobre la problemática del narcotráfico en la provincia” y “de igual manera se expresó de forma destacada al exponer su opinión sobre el rol de la AFIP en los procesos penales como querellante”.

En forma interina se designó como fiscal a Claudio Kishimoto, que viene desempeñándose en Rosario; y el defensor será José Alberto Boxler, que ya lo hacía en los tribunales de Paraná. Habrá un total de catorce empleados, entre funcionarios, personal técnico, administrativo y de servicios.

Según pasan los años

Como se dijo, el juzgado se creó en 2004 y cuatro años después la entonces presidenta Cristina Fernández designó a Fermín Ceroleni como juez federal, previo concurso; pero el magistrado accedió a otro cargo sin haberse desempeñado nunca en Victoria.

En el mismo año 2008, José Ignacio Candioti fue designado como fiscal, también por concurso, y el procurador Esteban Righi habilitó la fiscalía de primera instancia, permitiendo que Candioti cumpliera funciones en Paraná hasta que el juzgado estuviera en funcionamiento. Eso permite que el juzgado estuviese operativo en todos estos años, a pesar de que no estaba habilitado, es decir, las causas penales que llevaba el fiscal tramitaban en el Juzgado Federal de Paraná. Candioti estuvo hasta octubre de 2012 y fue sucedido por Marina Herbel (hasta 2015), Carlos García Escalada (hasta 2021) y Walter Rodríguez. Ahora lo hará Claudio Kishimoto.

En 2015 fue designado por concurso Ignacio Mahiques, hijo del juez Carlos Mahiques y hermano de Juan Bautista Mahiques, ex representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Mauricio Macri. Mahiques nunca pisó Victoria, sino que pasó a desempeñarse inmediatamente en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 35 de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece, aunque retiene el cargo de fiscal federal de Victoria.

El mismo derrotero atravesó Fabio Procajlo, designado en 2007 como defensor y que actualmente ejerce como defensor público en Rosario. En forma interina, como se dijo, intervendrá José Boxler.

En todo este tiempo también se han gastado millones de pesos en el alquiler del inmueble donde funcionará el Juzgado Federal. Solo en 2011, el Consejo de la Magistratura invirtió 890.000 pesos para la refacción y acondicionamiento del inmueble, más 180.000 pesos a Enersa “para que realizara la obra que garantizara la potencia eléctrica” y otros 5.000 pesos para “la conexión del tablero a la red de potencia”. Y desde hace dieciséis años se está pagando un alquiler.

Todo ello a pesar de que en 2009 la Municipalidad de Victoria había donado un terreno de 591,68 metros cuadrados para la construcción de un edificio propio, en Avenida Bicentenario, casi Boulevard Moreno, al que solo se le hizo un muro perimetral.