Urribarri le exigió disculpas a la Fiscalía

22/03/2022

Todos los imputados que hablaron frente al tribunal cuestionaron la investigación y, en algunos casos, se hizo mención a maniobras de persecución extrajudiciales y la “construcción de un estigma” y la “judicialización de la política”.  El tribunal anunció que el adelanto de la sentencia será el 7 de abril.

De la Redacción de Página Judicial

 

Sergio Urribarri fue el primero de los imputados en hacer uso de la palabra frente al tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

De forma remota, el ex gobernador y actual embajador de Israel, cuestionó al Ministerio Público Fiscal, en rigor a la fiscal Patricia Yedro. Citó un párrafo del alegato donde se refirió a los inicios de las causas. Leyó: “Resulta sumamente complicado tener las pruebas que acrediten estos hechos. No hay testigos. Nadie se apresta a decir lo que sabe. Es muy difícil obtener prueba documental cuando los rastros son plasmados en documentos. La víctima no asiste a su producción. Cerró, textualmente, la doctora Patricia Yedro”.

Para el imputado, “realmente estos dichos son contundentes y categóricos. Lo que debió suceder es lo que todos esperábamos: el sobreseimiento de todos los imputados. La contundencia de esta admisión es clara”, dijo en referencia a las palabras de la fiscal.

Enseguida sostuvo que las mismas “echan por tierra la acusación y el relato que durante seis años, o más, se instaló y se machacó permanentemente”.

“Pero además es una clara muestra de cómo se llevó adelante este proceso. Fue a fuerza de arbitrariedades y violaciones de garantías que ya nadie discute. Y también por una fuerte presión mediática”, reiteró, como hizo en su declaración durante el proceso.

“No hubo en el proceso racionalidad ni objetividad. En este largo juicio ha quedado muy en evidencia la construcción (que hubo) con un sesgo probatorio de culpabilidad. En esa línea, la Fiscalía ha hecho sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente contra esa mirada sesgada. No tuvo en cuenta las declaraciones de los imputados que dieron sobrados fundamentos y pruebas”, señaló Urribarri. Y agregó: “Cuando yo declaré, la doctora Yedro se retiró. Todo un gesto. Pero lo más graves es que la Fiscalía no haya tenido en cuenta las declaraciones de testigos calificadísimos, como el contador general de la provincia (Aurelio Miraglio), los miembros del Tribunal de Cuentas y el mismo fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes), que explicaron y dieron cuenta del funcionamiento de la administración pública, de cómo funciona el Estado. Ratificaron la legalidad de todos y cada uno de los actos administrativos”.

El embajador aseguró que el Ministerio Público Fiscal “tiene un total desconocimiento del funcionamiento de la administración pública y por eso mismo desconoce o decide desconocer. Como lo dije al inicio del debate, ninguna de estas causas debería haber llegado a juicio”.

Se mostró de acuerdo con “poner la cara y rendir cuentas ante la sociedad” y cargó nuevamente contra los investigadores: “¿Qué le van a decir a la sociedad a la que le mintieron con acusaciones falaces que hemos visto derrumbarse audiencia tras audiencia? ¿Van a reconocer que se equivocaron? Pido que reconozcan que actuaron movidos por un clima de época y en una coyuntura política muy especial. Me pregunto: ¿van a exculparse con las personas a las que hicieron participar con esta puesta en escena?”, se volvió a preguntar.

A Urribarri, la Fiscalía le solicitó una pena de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 180 mil pesos.

Para terminar, pidió que “el Estado de Derecho y el respeto a las normas jurídicas estén por encima de las fuerzas que condujeron este proceso. En definitiva, señores miembros del tribunal, ha quedado demostrado que tanto yo como el resto de los imputados somos inocentes. Apelo a la honorabilidad y trayectoria de este tribunal para que no solo administre justicia, sino para que ponga fin de una vez por todas a este proceso de ensañamiento, ataque e injusticias al que hemos estado sometidos durante tantos años”, cerró.

Judicialización de la política

Al ex mandatario lo secundó Juan Pablo Aguilera, su cuñado. Al imputado, a quien se le adjudican las imprentas cuestionadas, se le pidieron 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 180 mil pesos.

Pedro Báez cargó también contra la investigación y dijo haber tenido la esperanza de encontrar, en el juicio, “el ámbito para dilucidar las graves acusaciones que se formularon e imponer una verdad, aún relativa, a la luz de la ley, la Constitución y con magistrados que dicten resoluciones justas. Con satisfacción, debo reconocer que lo estamos consiguiendo. Tengo para mí la esperanza de que este proceso judicial constituya una bisagra en la historia institucional del Poder Judicial de Entre Ríos, despejando definitivamente las rémoras que convertían en letra muerta nada más ni nada menos que las garantías constitucionales”, sostuvo.

“Todos los que estamos aquí sentados, señor presidente, nunca pensamos en vivir esto. Pero el hombre es él y sus circunstancias. Lo hemos transitado con la mayor dignidad posible. Yo nunca cuestioné que el Ministerio Público lleve adelante su rol, que es investigar, y que si surgen elementos para acusar, así se haga. Todos saben que colaboré en todo cuanto pude, pero al Ministerio Público Fiscal no le interesaba la verdad, nunca la buscó. Avanzaron caprichosamente cuando de las investigaciones no surgían elementos para hacerlo”, denunció.

Y agregó: “Solicitaron embargos millonarios, irracionales, sin pensar si el embargado tenía el patrimonio para cubrir ese embargo. Lo que importaba era construir el estigma”.

Báez dijo tener “muchos años de militancia política en el peronismo y como todos los que lo hicimos y lo hacemos tenemos la plena conciencia de lo que ha sido un signo de la época: la judicialización de la política y sus consecuencias. Tengo la enorme tranquilidad y la íntima convicción de saber qué es lo que hice cuando me tocó hacer, pero esa es mi tranquilidad. La familia, los amigos y los compañeros sufren horrores frente a la estigmatización y la condena mediática”, sostuvo, para recordar a su padre, quien lo acompañó hasta hace poco, cuando falleció. “No lo he podido llorar”, confesó.

“Señor presidente, hemos demostrado contantemente no haber cometido delitos, pero además hemos sido coherentes y consecuentes con el pueblo entrerriano, administrando los recursos con responsabilidad en el marco de la normativa vigente para llevar adelante durante ocho años un proceso de crecimiento y desarrollo como nunca antes la provincia había experimentado”, se despachó.

Para el final dejó un reconocimiento a sus abogados, quienes “demolieron cada una de las acusaciones fiscales, de acuerdo a lo que dicen las leyes y los códigos”.

También hicieron uso de su derecho de expresar sus últimas palabras el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; el empresario Gerardo Caruso; Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel.

El adelanto de sentencia será el 7 de abril a las 8.15.