La defensa de Urribarri  habló de intromisión de Cambiemos en las causas

15/03/2022

“A Urribarri se lo pudo haber perseguido de otra manera”, dijo Barrandeguy, quien apuntó contra el proceso que está llegando a su fin. Pérez cuestionó que los denunciantes se hayan jactado de incorporar a las fuerzas federales. Los peritos en la mira. Denunciaron la violación de garantías por “orden” del juez Ruhl.

De la Redacción de Página Judicial

 

Raúl Barrandeguy, abogado de Sergio Urribarri, dio inicio este martes a la fase final de los alegatos en un juicio que comenzó el noviembre del año pasado y que se extendió más de los que se preveía.

El representante del ex gobernador; acusado por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública; hizo un largo recorrido por situaciones en que dirigentes políticos, todos presidentes de Latinoamérica, fueron perseguidos penalmente y no se llegó a condena. Fue parte del largo prólogo en que el penalista fue dándole forma a su exposición.

Ya metiéndose en el proceso que lo convoca, Barrandeguy se quejó de que antes del inicio del juicio desde el Ministerio Público Fiscal se haya solicitado una pena de 8 años y una vez transcurrido el proceso oral y público la pena se incrementó a 12 años. “Qué sucedió? Sucedió que a una funcionaria jerárquica se la suspendió”, se preguntó y se contestó, en referencia a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, quien estuvo en la primera parte del proceso hasta que el Jurado de Enjuiciamiento la suspendió, en diciembre pasado, en el marco de una investigación por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo.

El abogado, que fue convencional constituyente en 2008, también lamentó que la investigación no la haya llevado adelante un especialista. Hizo referencia a un fiscal anticorrupción, una figura que incorporó la Constitución reformada y que este lunes el gobernador Gustavo Bordet anunció un proyecto para avanzar con la manda constitucional. “Nos hubiese gustado que investigue un especialista”, dijo. Antes había afirmado que “a Urribarri se lo pudo haber perseguido de otra manera”.

Candelario Pérez tomó la palabra. Se encargó del allanamiento en cadena que se realizó el 1º de agosto de 2016 y en el que se encontró la mayoría de la prueba para este juicio. Entre ellas el disco externo, cuyo secuestro, fue puesto en duda por parte de la defensa durante todo el proceso.

Pérez también cargó contra los denunciantes del ex gobernador y embajador en Israel, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, al citar palabras de los denunciantes citados por la fiscal Patricia Yedro: “Acercamos también, debido a nuestra vinculación con funcionarios del Estado nacional, la posibilidad de acercar recursos técnicos con organismos de dilatada trayectoria en faenas de similares características. Claro, cuando empezamos a ver qué pasó en el orden nacional, nos damos cuenta que estas fuerzas federales dependían de quienes gobernaban el país. Y estos le mandan los expertos que le fabricaban pruebas. Esto es lo que ocurrió. Esta denuncia la pongo a disposición  de Fiscalía y el tribunal”. El abogado refirió al gobierno de Mauricio Macri, cuya principal figura en Entre Ríos, fue el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Y agregó: “Es la primera vez que la Policía provincial fue dejada de lado. En todas las leyes dice que es auxiliar de la Justicia”.

Los órganos de control, un elemento recurrente en la defensa de los imputados, también estuvieron en boca de la defensa. “El problema de corrupción tiene que ver con que todos trabajamos para castigarla, pero no para evitarla. No combatamos la corrupción que pasó. Seis años después ¿dónde vamos a encontrar el dinero que Urribarri se llevó a Europa? Lo digo en broma. Pero hay algo que quiero decir con humildad: no saben nada de derecho administrativo, no saben nada ni preguntan nada”, retomó Barrandeguy.

Y agregó: “La primera limitación o herramienta para luchar contra la corrupción es el derecho administrativo”, subrayó. Remarcó que los órganos de control “son autónomos y definen su presupuesto y personal”. “Cuando se da el poder, se ejerce. Pueden observar la realización de contrataciones importantes. Este es un dispositivo vigente. La Contaduría General, el Tribunal de Cuentas. Eso nos permite poner las cosas en su lugar, más allá de las arbitrariedades, tienen un principio de corrección”. Contrastó esas instancias de control gubernamental con las investigaciones penales: “Están acostumbrados a interrumpir, llevar a la gente a los empujones, amenazar. Y hablamos de funcionarios que ni siquiera tienen estabilidad en el cargo”.

En un guiño para la reforma judicial que está en marcha y que pretende fijar períodos de investigación para evitar que se prolonguen los procesos durante años con procesados, Barrandeguy se quejó de la otra causa que tiene su defendido Urribarri, la de un presunto enriquecimiento ilícito. “La investigación penal preparatoria lleva seis años sin que se produzca indagatoria de imputado. Es el delito más grave de corrupción. Es inexplicable e indefendible, pero no es esto lo que ocurrió acá. Ocurrió todo lo contrario. Hay que investigar a Urribarri y ser tolerante con la prensa como fue Urribarri, tolerante con quienes nos denuncian”, apuntó.

Novela

El contador del Ministerio Público Fiscal, Héctor Enrique, fue blanco también de los cuestionamientos de la defensa. Primero Pérez sostuvo que el perito sentenció la existencia de un “acto simulado” entre las imprentas TEP y Next y el empresario Gerardo Caruso, para que Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, pudiera hacerse de un “retorno”, según la hipótesis de Fiscalía a través de un sobreprecio en la contratación del parador de Mar del Plata.

El abogado recordó que cuando se le preguntó a Enrique de dónde había sacado la existencia de un acto simulado, el testigo dijo “lo supongo”. “Es un irresponsable este profesional”, se despachó Pérez, y acusó al perito de construido una “novela”.

El letrado también puso sobre la mesa que en su testimonio, el ex agente de Policía reconoció haber “modificado” los números de los montos de dinero de los expedientes que tenía a estudio. Y que luego se vio que en su informe las cifras parciales, al ser sumadas, no daban con el total. Tampoco se condecían los porcentajes de participación en la pauta oficial de vía pública con el global: el valor llegaba al 122%.

Barrandeguy quedó para el cierre, siguiendo el mismo hilo del relato. Lamentó que haya condenas basadas en el “todos saben” y en la construcción de “un sentido común”.

Para cerrar, y antes de solicitar la absolución ante el tribunal integrado por José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón, dijo tener “una expectativa enorme” ante la sentencia que se conocerá fin de mes, posiblemente. Dicha expectativa, “supera largamente las que hemos tenido en otros juicios importantes durante toda nuestra trayectoria profesional. Está fincada en que la defensa del Estado de Derecho, de nuestra Democracia, de nuestra República, no requiere más presos. Requiere más razones. Esperamos que nos acompañen en este razonamiento”.

El jueves será la etapa de réplicas por parte de Fiscalía y, luego, las defensas. Está previsto para el lunes la presencia de los imputados para emitir sus últimas palabras antes de que el tribunal sentencie.