El defensor de Aguilera negó que sea dueño de las imprentas y, si lo fuera, tampoco habría delito

10/03/2022

Marcos Rodríguez Allende, defensor de Juan Pablo Aguilera, aseguró que “nadie pudo decir que sea era dueño de las empresas TEP y Next”, que se le atribuyen a través de testaferros. Pero dijo también que aún si Aguilera fuera el dueño de las imprentas, tampoco habría cometido un delito porque las contrataciones de publicidad se cumplieron en los términos que establecen las leyes.

De la Redacción de Página Judicial

 

–Nadie pudo decir que Juan Pablo Aguilera sea el dueño de las empresas TEP y Next.

Lo dijo Marcos Rodríguez Allende, el defensor de quien ha sido señalado como titular de las imprentas a través de las cuales se habrían desviado fondos públicos para promocionar la candidatura presidencial de Sergio Urribarri.

Según la acusación fiscal, Aguilera, cuñado del ex gobernador, es el dueño de las imprentas a través de las cuales se canalizaba el desvío de fondos; y las personas que aparecen en los registros societarios, entre ellos, su esposa Luciana Almada, son testaferros.

Rodríguez Allende ha negado que las imprentas le pertenezcan a Aguilera. Pero fue más allá en su argumentación: dijo que aun si efectivamente fuera el dueño de TEP SRL y Next SRL, las empresas en cuestión, tampoco habría incurrido en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

“Hay una enorme confusión cuando se habla de negociaciones incompatibles”, dijo el letrado. “La desviación de poder que se atribuye a Urribarri y (Pedro) Báez se traduce con el haberse interesado, es decir, debieron demostrar que hubo una superposición entre el interés de la administración pública y beneficio a un privado, que no pretendían dar a publicidad acciones de gobierno sino mejorar la situación de TEP y Next. Si demuestran eso, no importa si TEP y Next eran de Aguilera”, agregó.

En esa línea de razonamiento, Rodríguez Allende dijo que si las empresas hubieran sido de Aguilera podría haber habido un conflicto de intereses, que supone una violación ética, pero no negociaciones incompatibles.

“¿Hubo algún tipo de presión o inducción de parte de Urribarri y Báez para acelerar alguna orden de publicidad, elaborar un decreto o acelerar algún pago (a favor de TEP y Next)? ¿Se interesaron de alguna forma? No hubo ningún testigo que dijera que Urribarri o Báez hubieran ejercido algún tipo de influencia”, enfatizó el defensor.

En ese sentido, resaltó que “la vía directa es la única forma de contratación de publicidad oficial, y no es lo mismo contratar a una radio del interior que a una radio de Paraná; no es lo mismo un canal que otro ni un diario que otro” y agregó: “En el caso de la publicidad en la vía pública, cuando un privado quiere contratar en Paraná debe hacerlo con (Jesús José María) Bustamante, porque no hay otro; y en la ruta 14 no se puede contratar con otro que no sea (Fernando) Montañana, porque ya tiene el alquiler de los campos y la estructura”.

Sutilezas

El defensor de Aguilera centró su defensa en tres puntos: las irregularidades en los allanamientos que se realizaron en la sede TEP y Next, donde se secuestraron los elementos informáticos que constituyen la principal prueba de cargo; los informes que hicieron los peritos del Ministerio Público Fiscal sobre la información que había en esos aparatos; y el hecho de que el Tribunal de Cuentas aprobara las contrataciones.

Hubo también una crítica al origen de la causa: dijo que había un esquema que comenzaba a ejecutarse con la publicaba de una noticia, a partir de ese informe periodístico se radicaba una denuncia y el Ministerio Público Fiscal abría una causa. “Esta causa nace a partir de una publicación por un supuesto enriquecimiento ilícito de Urribarri y su grupo familia; no nace por imprenta ni por negociaciones incompatibles, ni por la desviación de publicidad”, dijo el defensor.

No dio nombres, solo el de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, de quien dijo que había sido denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento por los mismos abogados que denunciaron a Urribarri. No mencionó a Rubén Pagliotto ni a Guillermo Mulet.

Más adelante, afirmó que hubo “irregularidades” en el allanamiento realizado en la sede de las empresas donde se secuestraron los elementos informáticos que constituyen la principal prueba de cargo; dijo que los fiscales desistieron del testimonio de los policías federales que estuvieron a cargo de ese procedimiento; tampoco citaron a los testigos civiles, que están para dar fe de las actuaciones; ni a la dueña de la casa donde apareció el disco externo al que la fiscalía ha denominado “la caja negra de la corrupción”. También dijo que hay “inconsistencias” en los horarios en que se produjeron los hechos durante el allanamiento y dejó entrever que el dispositivo electrónico pudo haber sido manipulado durante el procedimiento.

Rodríguez Allende también cuestionó a los peritos del Ministerio Público Fiscal y pidió la exclusión probatoria de los informes sobre los aparatos informáticos porque, según dijo, los profesionales “no tienen títulos habilitantes en la materia”.

En ese sentido, extendió la crítica a los mismos fiscales: “Pidieron autorización al juez de garantías para abrir el disco y extraer archivos, hojas de cálculo y correos electrónicos; y el juez autorizó a que se hiciera la pericia. Pero esa pericia debió hacerla un perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ), como lo establece el Código Procesal Penal, no la fiscalía de motu propio”, dijo Rodríguez Allende.

Del mismo modo, le pidió al tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón que no tenga en cuenta los registros de telefónicos porque, según dijo, “fueron obtenidos sin autorización judicial”

Los alegatos continuarán este lunes, cuando toque el turno de Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, defensores del ex gobernador Urribarri.