Bordet quiere reformar el Código Procesal Penal y concursar la Fiscalía Anticorrupción

15/02/2022

El Gobernador hizo importantes anuncios en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura: dijo que enviará un proyecto para reformar el Código Procesal Penal y el llamado a concurso para designar al fiscal anticorrupción, como manda la Constitución. También respaldó al Jurado de Enjuiciamiento: “Hay que dejar actuar a las instituciones. No es correcto es que se politice la justicia, como nosotros no judicializamos la política”, disparó.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Hubo anuncios y también mensajes en el discurso de Gustavo Bordet. Dijo el gobernador que enviará un proyecto a la Legislatura para reformar el Código Procesal Penal de Entre Ríos, anunció que se llamará a concurso el cargo de la Fiscalía Anticorrupción y adelantó que tiene en estudio un nuevo código de faltas. También aseguró que se trabaja en un proyecto para regular el uso de agroquímicos que reemplace al decreto dictado al calor de un conflicto ambientalista.

Pero también lanzó un mensaje teledirigido en medio del jury a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, a quien por supuesto no nombró: “Hay que dejar actuar a las instituciones”, dijo Bordet. “Quien es acusado tiene todo el derecho de defenderse. Lo que no es correcto es que se politice la justicia, así como nosotros no judicializamos la política. Ese es el punto de equilibrio que hay que tener”, enfatizó el mandatario.

Fue tal vez el clímax de un discurso de casi dos horas en el que Bordet que hizo hincapié en la obra pública, el equilibrio de las cuentas y la inversión materia de salud y educación.

Hubo otra perlita en el acto que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones, una presencia inesperada: el ex gobernador Sergio Urribarri, en momentos en que está siendo enjuiciado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

Los anuncios más estridentes llegaron sobre el final del discurso. Bordet aseguró que buscará “cumplir con los institutos de la Constitución Provincial reformada en 2008 que faltan reglamentar” y enseguida anunció que se llamará a concurso para cumplir con el artículo que dispone la creación de una Fiscalía Anticorrupción, con competencia en toda la provincia que tendrá a su cargo “la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública”. “El cargo será inmediatamente concursado ante el Consejo de la Magistratura”, aseguró el mandatario. También se concursarán los cargos de la Tesorería General y de la Contaduría General, como manda la carta magna.

La novedad, que había sido adelantada por Página Judicial, se produce en medio del conflicto desatado por el jury a la procuradora adjunta por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo.

El mandatario hizo hincapié en que su gestión ha sido respetuosa de la independencia de poderes y de los fallos judiciales, incluso aquellos “que no nos gustaron”, enfatizó.

En ese contexto introdujo el proceso abierto a la procuradora adjunta: “Hay un principio fundamental: todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, incluso aquellos funcionarios del Poder Judicial cuando les correspondiere o hubieren cometido alguna irregularidad”, aseveró. “El jurado de enjuiciamiento está integrado por tres miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dos legisladores y dos abogados. Siempre ha funcionado; a veces han desestimado denuncias, otras se resolvieron a favor y algunas produjeron la destitución”, agregó el mandatario.

Pero a renglón seguido lanzó el párrafo más duro de su discurso: “Hay que dejar actuar a las instituciones: quien es acusado tiene todo el derecho de defenderse. Lo que no es correcto es que se politice la justicia, así como nosotros no judicializamos la política. Ese es el punto de equilibrio que hay que tener”, afirmó Bordet.

Más adelante anunció la necesidad de introducir reformas en el Código Procesal Penal, “porque también hay causas que demoran muchos años y están en una suerte de limbo jurídico; algunas se extienden durante cinco o seis años y no se archivan ni se desestiman, pero tampoco se elevan a juicio”, dijo en otro párrafo dedicado al Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de promover la acción penal en el sistema acusatorio que rige en la provincia. Esa reforma, según dijo, buscará “el más amplio consenso de todos los sectores”.

Entre el público escuchaban la presidenta del STJ, Susana Medina de Rizzo; y el defensor general, Maximiliano Benítez. Pero ningún representante del Ministerio Público Fiscal. Un detalle.