Se archiva la reforma judicial y la creación de juzgados ambientales

06/01/2022

El senador Edgardo Kueider propuso en su momento la creación de secretarías ambientales en el ámbito de la justicia federal, como una necesidad de atender la demanda social por la protección de los derechos ambientales. Pero la iniciativa, enmarcada en la reforma judicial, quedó atrapada en medio de los desacuerdos entre el oficialismo y la oposición y ahora se encamina hacia el archivo.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Al día de hoy, cuatro provincias tienen focos activos de incendios y otras cuatro tienen incendios controlados, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Una semana atrás se desataron incendios en Concordia, atribuidos principalmente a la sequía y la ola de calor.

Estos focos activos se enmarcan en el contexto de los incendios que se repitieron en el año último y que afectaron a 331 mil hectáreas en todo el país, el equivalente al 5,5 por ciento de la superficie de tierra firme que tiene la provincia de Entre Ríos, aunque representa un 70 por ciento menos de lo que se perdió en 2020 (1.136.534 hectáreas).

El dato revela que año a año los incendios forestales se repiten.

En ese contexto, y al calor del debate sobre la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional, surgió una novedosa propuesta para la creación de estructuras para la protección del agua, el suelo, el aire y la diversidad biológica en el ámbito de la justicia federal.

Concretamente, el senador Edgardo Kueider (PJ-Entre Ríos) propuso la creación de una nueva secretaría penal en materia ambiental en el Juzgado Federal de Paraná, que se replicaría en otros juzgados de primera instancia. El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Senadores y, después de un intenso debate, se aprobó un dictamen para su aprobación en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que hasta el 10 de diciembre presidía otra entrerriana, Carolina Gaillard (PJ).

A nivel federal no existen juzgados de competencia exclusiva en materia ambiental. El proyecto de Kueider recoge los términos de dos acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2013 y 2014, donde se crearon oficinas ambientales y un registro público de procesos colectivos radicados ante los tribunales argentinos; y el trabajo que viene realizando la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), creada en 2006 por el procurador Esteban Righi, surgida en medio del conflicto por la instalación de las plantas de pasta de celulosa frente a la costa de Gualeguaychú.

Las denuncias tienen que ver con el vuelco de líquidos industriales o cloacales con características de residuos peligrosos a un río o arroyo, la contaminación por la aplicación de agroquímicos, la contaminación generada por basurales o la protección y conservación de la fauna silvestre, por ejemplo; y la justicia federal interviene cuando hay un conflicto interjurisdiccional, entre provincias o entre dos países.

Entre 2020 y 2021, un puñado de empresarios, ganaderos y hacendados han sido imputados por delitos de incendio u otro estrago y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves, a raíz de los graves incendios en la zona de islas del delta entrerriano. Hubo incluso una intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), que tomó intervención en esos expedientes por considerar que cualquier delito es apto para configurar un precedente para el lavado de activos y que todo delito contra el medio ambiente conlleva un beneficio económico-financiero que se persigue detrás de la comisión de ese delito. En este caso, los beneficios por la quema de campos.

Más allá de esto, lo interesante de la propuesta de Kueider es que plantea la necesidad de abordar los conflictos ambientales desde una perspectiva integral y no tradicional para la protección de los lugares donde habitan las personas o en los que se desarrolla la vida; y plantea que la nueva secretaría de medio ambiente esté integrada al Juzgado Federal Número 1 porque permitiría, por ejemplo, servirse de la estructura de la secretaría electoral, que tiene jurisdicción y recursos disponibles en toda la provincia.

Es cierto que la incorporación de una secretaría ambiental en los juzgados federales no brindará por sí sola una solución al problema que plantea la defensa del derecho a vivir en un ambiente sano; sino que debe comprender ese carácter preventivo, pero también la especialización y capacitación de los operadores judiciales, la admisión de otras disciplinas para el tratamiento de los asuntos ambientales, la asistencia de ciencias externas al derecho y la asignación de medios y cuerpos periciales que estén específicamente abocados a este tipo de procesos.

Por estas horas, el Gobierno ajusta el temario que enviará al Congreso para las sesiones extraordinarias, y si bien se especula que la reforma de la justicia federal penal podría entrar en la agenda. En principio, el proyecto cuenta con media sanción del Senado y eso le concede un año más de vida parlamentaria; pero en el actual escenario de desacuerdos entre el oficialismo y la oposición, parece poco probable que sea convertida en ley. Sería un ejemplo más de oportunidades desperdiciadas por disputas que nada tienen que ver con los problemas reales.