Amenazas y certezas
El juicio a Urribarri y la causa contratos
13/12/2021
Mientras un testigo revelaba este lunes información fehaciente sobre las responsabilidades políticas en la causa de corrupción más importante, Goyeneche anunciaba la apertura de una segunda parte.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
En el juicio oral y público que se sustancia contra Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y compañía volvió a surgir información relevante de lo que se conoce como la causa de corrupción más importante de la historia moderna de Entre Ríos: los contratos truchos en la Legislatura.
El desfalco por mil millones de pesos durante el período 2008 – 2018 volvió a posicionarse en la agenda judicial por la escandalosa elevación a juicio que se hizo dejando de lado a todos los responsables políticos de la Legislatura durante esos años. Pero también la causa volvió a comentarse luego de la amenaza de la procuradora adjunta y fiscal anticorrupción interina suspendida, Cecilia Goyeneche, que reveló tener evidencia para iniciar una segunda parte que involucre, ahora sí, a la clase política.
Mientras esa segunda parte espera de los humores de quienes deben investigar (fiscales) y el desenlace de las acusaciones en su contra, en el juicio que se lleva adelante contra el ex gobernador aparecen elementos concretos.
Este lunes declaró ante el tribunal Jorge Juan Lanterna, contador y coordinador de Recursos Humanos del Senado. Fue llevado allí por la defensa para dar cuenta del legajo de Aguilera, lo que dilucidó el camino del imputado en la función pública.
Lanterna fue consultado por las contrataciones que se hacen en el seno de ese cuerpo legislativo. Dijo el contador: “En la práctica las contrataciones las dispone el vicegobernador a través de la firma de un decreto junto con el secretario y prosecretario. Pero el secretario coordinador no interviene”. Este último cargo es el que ocupaba Aguilera.
No es una sorpresa para quienes están al tanto de la causa contratos. Días antes que la causa se eleve a juicio, Sergio Cardoso, director administrativo de la Cámara de Diputados, dijo ante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry que “todos los contratos eran iguales, con el mismo modelo y se regían con la mima normativa. Los que tenían la potestad absoluta y elegían a las personas a quienes contrataban y a quienes no eran los diputados”. Punto.
En el Senado evidentemente era igual. Al inicio de este juicio surgió información, de rebote, sobre el asunto. Luis Eduardo Fernández, uno de los testigos que se sentó ante el tribunal, reveló haber estado contratado en el Senado. La factura que certificó esa información fue hallada en el domicilio de Aguilera. Fernández sostuvo también que nunca trabajó en el cuerpo de senadores, que no había confeccionado la factura que le mostraron en la audiencia y tampoco reconoció como propia la firma que había en ella.
La escena se repitió cuando declaró Julio Alberto Alegre, otro testigo de este juicio, quien contó haber tenido un contrato en la Cámara de Diputados. Su contratante, según reveló, fue el ex diputado Hugo Berthet, que ocupó una banca durante el período 2007-2011, justo el que quedó afuera de la pesquisa de la Procuración General en la causa contratos. Cuando Berthet declaró en este juicio no hubo ninguna referencia a esa contratación. Queda para la próxima entonces.
Este lunes, también por la mañana, se conoció la recusación de Goyeneche contra cinco integrantes del Jurado de Enjuiciamiento. Allí manifestó la apertura de una segunda parte de la causa contratos. “El señor Urribarri no ha sido imputado -en la primera fase de la causa-, (pero) su vinculación funcional con el hecho es evidente atento el rol que desempeñaba”, dijo la procuradora en un escrito que publicó Análisis y en el que aseguró que el único motivo por el cual el ex gobernador y actual embajador en Israel no está imputado en la causa contratos es por “la decisión de dividir la investigación de la causa en dos fases”. Aquí los argumentos.
Una segunda parte en la causa contratos sigue siendo una pieza de negociación pública en torno al devenir de la doctora suspendida. ¿Volverá Goyeneche a desempeñarse como procuradora? ¿Si eso ocurriese y no se abre una segunda causa contratos, qué deberíamos pensar? ¿Y si finalmente se destituye a Goyeneche y no se abre la segunda parte? El desenlace más difícil, de todas maneras, parece ser un escenario de destitución y apertura de una segunda causa.