“No he cometido ningún delito”

02/12/2021

El ex ministro Pedro Báez declaró en el juicio que lo tiene como imputado por supuestas irregularidades en el manejo de pautas publicitarias durante su gestión entre 2010 y 2015. “No hay una sola acción de lesividad y no hay un solo juicio de cuentas”, dijo. Tomó cada una de las causas que lo tienen en carácter de imputado y explicó de qué manera se resolvían las cuestiones administrativas. Mostró listados de contrataciones e informes. Sostuvo que Fiscalía desconoce cuestiones de la administración. y Dejó una pregunta: “¿Por qué las cosas se siguen haciendo de la misma manera?”.

De la Redacción de Página Judicial 

 

“No he cometido ningún delito”, lanzó como primera frase el ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, en el inicio de su declaración indagatoria ante el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, que lo juzga por peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Enseguida repasó que ha pasado un largo tiempo desde que asumió en la función pública. “Estuve ocho años al frente del Ministerio de Cultura y Comunicación y desde que dejé la gestión pasaron otros seis años. En 14 años, no hay un pago detectado por organismos de contralor que merezca una calificación de lesividad. No hay juicio de cuentas. Ni de Fiscalía de Estado, ni Contaduría, Tesorería, ni la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, ni del Tribunal de Cuentas surgió ninguna irregularidad respecto de centenares de actuaciones administrativas”, prologó y a renglón seguido pidió “perdón” por el caracterización que iba a decir: “Sabemos que los actos administrativos son válidos al menos que se declare lo contrario. Sostengo que todas las imputaciones, están teñidas de subjetividad y en todo caso, como toda acción de gobierno deberían admitir una evaluación política”.

Baéz tomó cada una de las causas que lo tienen en carácter de imputado y explicó de qué manera se resolvían las cuestiones administrativas en su ministerio. Se encargó de hacer uso de la pantalla para mostrar decretos, listados de contrataciones e informes de diferentes organismos para demostrar que no hubo calificaciones de lesividad.

En primer lugar se refirió a las causa de las imprentas, a las que dijo no contratar, y aclaró: “Nosotros contratábamos servicios publicitarios, en todo caso, si las empresas que debían prestar ese servicio requerían servicios de impresión, no era una cuestión sobre la cual nosotros teníamos que ver con la relación contractual”.

El ex funcionario contó que cuando asumió en diciembre de 2007 el sistema de comunicación estaba descentralizado, en donde cada área hacia la propia contratación aunque sea siempre el área de comunicación la que abonaba, en la que se encargó de aclarar que se hacían “sin normas específicas, ni registros de medios y controles más laxos que los que nosotros establecimos”, explicó, para añadir que “esa situación se revirtió”.

Toda la explicación de los procesos administrativos que iba a desarrollar a lo largo de dos horas y medias lo iba a cerrar con una pregunta para ratificar los cambios que se hicieron: “¿Por qué las cosas se siguen haciendo de la misma manera?”.

“Si hubiésemos querido hacer las cosas que se nos imputan no hubiésemos tomado decisiones que, en la práctica, significaron limitar la discrecionalidad para la asignación de la pauta publicitaria como sucedió con controles muchos más estrictos que establecimos”, sostuvo. Paso seguido hizo proyectar en la pantalla los decretos por los cuales se establecieron los “reordenamientos administrativos” que, según entiende, “revirtió esa situación y ordenó funcionalmente la comunicación gubernamental”.

Allí volvió a enumerar el registro de medios y la documentación que se les requirió a los proveedores del Estado en materia de comunicación. “Eso nos permitió tener un programa agresivo de la democratización de la pauta publicitaria que, hasta ese entonces, la mayor proporción presupuestaria estaba destinada a la capital”.

Defendió la autorización directa de la publicidad como lo hicieron anteriormente testigos del área que lo tuvo como ministro y como lo hace la Legislatura, y comentó que todos los organismos de control coinciden en que es la forma de “gobernar la comunicación” en una gestión.

Báez hizo referencia a la observación que habían hecho los auditores del Tribunal de Cuentas sobre un decreto que autorizó de manera previa la publicidad. “Le señalamos lo que se le había pasado y que ese requisito había sido eliminado por la reforma 795”, le respondió este jueves el imputado. Además narró las sugerencias que tomaron de ese organismo de control al momento de llevar adelante un proceso administrativo en el plano de la contratación de publicidad que luego fueron establecidas en decretos posteriores.

“Es obvio que un expediente se armas en función a cómo van incorporándose los informes y documentos que van llegando al área que corresponde. No hay una máquina que lo arme de manera automática. Lo digo porque en una audiencia un testigo estuvo horas desarrollando la lectura de expedientes y analizando lo que a su criterio eran irregularidades porque la fecha de caratulado de ese expediente era posterior a la emisión de la orden de publicidad. Eso obvio eso, porque la orden de publicidad da origen al armado del expediente. Hay una interpretación libre de ver irregularidad en actuaciones que son normales, como se hacen ahora, ya que no pueden hacerse  de otra manera”, explicó. Y agregó: “Quiero aclararlo, yo era ministro, no era jefa de mesa de entrada o de despacho”. “¿Puede ser que en 14 años ningún organismo de control haya visto alguna irregularidad?, se preguntó.

La relación con Aguilera

El paso siguiente fue referirse a la acusación de direccionamiento de publicidad. “Lo niego rotundamente, lo que hicimos fue contratar a las empresas prestadoras de publicidad en vía pública que reunían los requisitos para ese servicio”, comenzó. “Nosotros contratábamos a esas empresas que estaban anotadas en el registro (de medios) y que estaban en condiciones de prestar el servicio en la vía pública. Es lo que sucede hoy para quien tiene que llevar adelante la comunicación gubernamental provincial, municipal y nacional. Incluso los anunciantes privados, que no pueden hacer publicidad si no contratan esas empresas que tiene el equipamiento y autorización para comercializar esos espacios en los ejidos urbanos o en las rutas”, se explayó. Y agregó: “Nosotros no solo contratamos a empresas que hoy están imputados, sino muchos más, que se inscribieron y nos ofrecieron lugares en la vía pública. Y lo hicimos de acuerdo a las necesidades de ese momento”.

Báez no tenía por qué aceptar responder preguntas, cosa que al final de su declaración hizo especificó. Sin embargo sólo se metió en su relación con Juan Pablo Aguilera, imputado y a quien se le adjudican las imprentas Next y Tep.

“Quiero referirme a la figura de Juan Pablo Aguilera y a mi relación que he mantenido, que ha sido particularmente política y de respeto mutuo. Compartíamos el mismo espacio político. Debo decir que a pesar de esa relación, nunca hablé con él sobre las campañas publicitarias de gobierno, como tampoco sobre las campañas partidarias, de las que era el encargado”, contó. Y siguió: “Yo no me metía en su responsabilidad partidaria y él, obviamente, no se metía en lo mío. Así como no hablé con Aguilera tampoco hablé con Fernando Montañana. A (Emiliano) Giacopussi sí lo conocía”. Lo mismo a Carina Cagnel.

Para la cartelería tuvo una larga explicación que lo llevó a los inicios de su gestión, cuando la cartelería la controlaba el empresario y luego pasó a hacerlo el Estado. “Cuando eso pasaba nadie dijo nada. Bastó que el Estado lo haga de manera autónoma para que aparecieran objeciones hasta penales. Entiendo que forma parte del debate que hay en la Argentina respecto de distinta concepciones del Estado”.

La solicitadas en medios nacionales, por las que también está imputado fue un capitulo al que Báez le dedicó un tiempo. Sostuvo que no fue más que un posicionamiento político por parte de un gobierno, “de un sector político” en el marco de un debate que se estaba dando a novel nacional y regional.

Sobre los videos que fueron emitidos ante la Cumbre del Mercosur en Paraná. Báez contó que desde un principio dejó aclarado en las reuniones previas a la organización que su ministerio no estaba en condiciones de llevar adelante una estrategia comunicacional, pero que luego, con la promulgación de la ley de 10.023, con que se creó una unidad de contrataciones en las que se canalizaron buena parte de las prestaciones de aquel evento diplomático que se desarrolló en Paraná. La acusación del Ministerio Público Fiscal es que tanto las solicitadas como las campañas televisivas de la Cimbre fueron para posicionar la figura de Sergio Urribarri, quien pretendía ser candidato a presidente, como declaró la directora de Vialidad, Alicia Feltes, ante el tribunal.

Báez celebró que se lleven adelante “estos juicios” porque “no siempre fue así”. Aseguró que “la apertura de estas casusas, tiene el objetivo de enlodar una gestión de gobierno” y reveló haberse corrido de la Comisión de Juicio Político cuan do era diputado para evitar cualquier mal entendido. Marcó también que estuvo “siempre a disposición y a derecho” y se presentó en los tribunales las veces que se lo solicitaron.

El Tribunal escuchó la exposición del Contador General de la provincia, Aurelio Miraglio, quien aclaró dudas de las partes sobre los ámbitos de intervención del organismo de contralor y el peso y tramitación que se le debe dar a las observaciones que hace sobre los expedientes.