La audiencia tuvo a los testigos en un segundo plano

23/11/2021

Fiscalía y abogados defensores se enfrentaron en varias oportunidades cuando surgían preguntas a un perito que, en algunos momentos, tuvo respuestas dubitativas. Declaró un funcionario del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de publicidad y el Parador en Mar del Plata.  

De la Redacción de Página Judicial 

 

Buena parte de la jornada de este martes, en el juicio oral y público que se lleva adelante con Sergio Urribarri y ex funcionarios, sobrevolaron cuestiones técnicas que tienen que ver con los peritajes que se hicieron durante la investigación.

En una declaración de más de cuatro horas, el licenciado en informática Martín Herrlein dio cuenta de los informes que habían hecho los ingenieros biomédicos Guillermo Fritz y Fernando Ferrari, empleados del Ministerio Público Fiscal, sobre el material recabado en las computadoras y celulares incautados en el allanamiento realizado a las empresas TEP y Next el 1º de agosto de 2016. Fue ese allanamiento, ordenado por el fiscal Santiago Brugo, el que más evidencia ofreció a la investigación a juzgar por lo que se ha revelado en las audiencias.

Herrlein brindó un detalle técnico, pero en algunos momentos no fue preciso al describir cómo es el protocolo que se aplica en estos casos, lo que provocó una batería de preguntas por parte de los abogados defensores, impugnadas con frecuencia por parte de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.; y viceversa. En no menos de 10 oportunidades hubo cruces entre las partes.

El testigo dijo que no había normativa, luego dijo que sí, pero que no se respetó a “rajatabla”, sino que se tomaron algunos aspectos. La defensa apuntó ahí, mientras los fiscales lo defendieron oponiéndose a la preguntas. Las respuestas no aportaron mucho a la jornada.

Como sucedió la semana pasada, se puso en debate la ley del Consejo de Profesionales de Ciencias Informáticas que regula la actividad. El perito no recordaba sus alcances.

Cullen viene sosteniendo que los archivos del disco extraíble que contiene buena parte de la evidencia en la causa de las imprentas fue modificado mientras estaba en custodia del MPF.

Fue un momento tenso entre Cullen la Fiscalía. El abogado defensor se opuso por entender que se le estaba pidiendo al testigo (y empleado) una respuesta sobre información que no produjo.

Hugo Rodolfo Jensen, jefe del Cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas, fue el otro que se sentó ante el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. Fue consultado por las contrataciones de publicidad durante la gestión de Pedro Báez cuando estaba al frente del Ministerio de Comunicación y Cultura. “Que un decreto tenga todas las firmas no significa que no se pueda investigar y observar”, dijo. La defensa viene sosteniendo las firmas como un elemento que le da sustentabilidad a los actos de gobierno.

El testigo se refirió a la contratación de la empresa “El Juego en que andamos”, a nombre del imputado Gerardo Caruso-, para marcar que la misma fue observada en el organismo de control.

Jensen mantuvo la posición de que la publicidad oficial debe contratarse por vía de licitación pública y que la excepcionalidad que prevé la ley debe reunir ciertos requisitos mínimos.

Los videos de la Cumbre del Mercosur fue el punto al que se refirió. Apuntó que su contratación fue costosa para lo que correspondía, aunque no pudo comprobar que hubo sobreprecios. Sobre el Parador en Mar del Plata aseveró que se eligió a un prestador que no reunía los antecedentes para garantizar que se concrete.