Picante audiencia en torno a un informe pericial

18/11/2021

Los abogados defensores interrogaron al contador Héctor Enrique, integrante del Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal. Es quien en la audiencia anterior puso de relieve una maniobra que calificó como de “simulación” de servicios prestados, pero que los investigadores consideran que escondía un “retorno” a favor de Juan Pablo Aguilera. Cruces subidos de tono.

De la Redacción de Página Judicial

 

En la audiencia de este jueves continuó la declaración del contador Héctor Enrique, integrante del Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal, que tuvo a su cargo el análisis de los expedientes de publicidad correspondientes al período 2010-2015, que componen la acusación contra el ex gobernador Sergio Urribarri y compañía por el desvío de fondos públicos.

El lunes pasado había revelado, mediante un informe incorporado al expediente, que el Ministerio de Cultura y Comunicación emitía órdenes de publicidad antes de que los proveedores iniciaran los expedientes administrativos y otras para prestar servicios en meses vencidos. Esas cuestiones fueron observadas por la Contaduría General de la Provincia y por el Tribunal de Cuentas. Aquí la crónica de la jornada del lunes, en la que el testigo contestó las preguntas de los fiscales.

Este jueves hubo momentos tensos cuando los abogados defensores y el testigo se cruzaron por preguntas y respuestas que de uno y otro lado eran calificadas de improcedentes.

El juicio que se lleva adelante contra Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Pedro Báez y compañía ingresó en una etapa en la que se está discutiendo (y poniendo de relieve) el lugar que ocupan los organismos de control en los gastos del Estado.

El primer cruce de Enrique lo tuvo con el abogado José Velázquez, uno de los defensores del ex ministro Báez, cuando le preguntó si conocía cómo funcionaba el Ministerio de Cultura y Comunicación. Cuando el contador comenzó a responder, el letrado le espetó: “Bueno, conteste lo que quiera”. Intervino el presidente del tribunal, José María Chemez y pidió respeto.

Velázquez cuestionó un informe elaborado por el contador Enrique que determinó un desfalco de 24.204.918,69 pesos que, según la acusación, habrían sido direccionados a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Aguilera. El defensor mostró información y los números. Luego Miguel Ángel Cullen, defensor de Aguilera, diría que no podía ser que con un informe con el que se formuló una imputación por estafar al Estado en esa cifra “no cierren los números en sumas y restas”.

Velázquez también quiso saber si Enrique conocía a algunos proveedores del Estado en materia de publicidad, dio algunos nombres y la respuesta fue negativa. Lo que no quedó claro es quiénes son proveedores de publicidad en la vía pública y quiénes prestaban servicios de publicidad en medios de comunicación.

Luego Ignacio Díaz, el otro defensor de Báez, interrogó a Enrique por información anexa a su informe, que el contador dijo no recordar. “O sea que usted no examinó toda la documentación. ¿Qué hizo?”, ironizó el letrado.

–La Contaduría General de la Provincia, ¿emitió algún informe?
–No, está dentro del expediente. El Tribunal de Cuentas, a partir del proceso de auditoría llevado a cabo, fue realizando determinadas observaciones y son las que plasmé en el informe –respondió el profesional, respecto de quien Cullen se encargó de calificar como contador y no como perito.

Otra vez Díaz:
–¿Usted no examinó que la Contaduría General había aprobado el gasto de publicidad?
–La consigna eran observaciones. Esas están dentro de las reservas. Vamos a explicar la función de la Contaduría General para que el tribunal entienda –se propuso Enrique–. La Contaduría General debe intervenir en tres instancias del procedimiento administrativo: en el proceso de contratación, es decir, cuando se va a comprar algo, se establece un presupuesto y se hace la reserva presupuestaria. De acuerdo al monto de contratación, se verifica la reserva, el encuadre legal y emisión futura de la orden de publicidad, para que concuerde con la normativa. Control de legalidad y presupuestaria. Entonces se inicia el proceso de selección, se selecciona y la Contaduría vuelve a intervenir para determinar si el proceso previo se hizo cabalmente. Se emite la adjudicación, sale el decreto y al momento de pago hay otra intervención cuando se hace la orden de pago. En este caso, intervino en un solo paso, que fue cuando se hizo la reserva. Es lo que expresé en el informe que dijeron los organismos de control.

Más adelante, el contador Enrique perito tuvo una respuesta más dura cuando el defensor de Báez le disparó que, aparentemente, el Ministerio Público Fiscal lo había inducido a una “investigación errónea”.

Pero el contador le respondió: “Usted está viendo una sola parte del cuento”, sostuvo. “Estamos en un expediente de contratación directa por vía de excepción. Las debilidades que puede tener el proceso no las va a ver la Contaduría General porque obedece a los cumplimientos legales de la norma y a los cumplimientos presupuestarios. La Contaduría va a desconocer el proceso de selección de las empresas, los nombres o quienes forman parte de las mismas. Si existe algún conflicto de interés lo desconoce también. El Registro de Medios tendrá su oportunidad de velar por la información que nutra la empresa. La debilidad no la tiene la Contaduría, solo observa y determina la legalidad del procedimiento de acuerdo a la norma”, agregó.

Luego Díaz le hizo preguntas sobre algunos puntos de la ley de contabilidad que Enrique dijo no recordar. “Entonces no la conoce”, le retrucó el defensor. “No la recuerdo, si me la refresca, seguramente la recordaré”, insistió el contador.

Cruces de este tipo se escucharon durante toda la audiencia y lo mismo ocurrió cuando los defensores hicieron preguntas para que el testigo respondiera “con un sí o con un no”. Entonces se quejó la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche porque, según dijo, se le estaba preguntando por cuestiones técnicas que no se podían evacuar con un monosílabo. En varias oportunidades se impugnaron las preguntas.

Barrandeguy, enojado

El abogado Raúl Barrandeguy, defensor de Urribarri, arrancó enojado, siguió peor y terminó, como suele hacer, pidiendo disculpas.

–No sé cuál es la tarea encomendada. La verdad, no sé cuál es. Estoy suponiendo que tiene que ver con alguna auditoría. Que le pidieron a usted que dictaminara, informara o auditara. ¿Quién se lo pidió –puso primera el defensor al consultar a Enrique.
–Lo que usted me pregunta es lo que ya está contestado en los distintos puntos de las jornadas previas.
–¿Dónde están los distintos puntos escritos?
–En el informe.
–Acá está lo que usted hizo, no lo que le pidieron que hiciera. Si un superior suyo quiere juzgar la calidad y la temporalidad de su trabajo, tiene que ver qué le encomendaron para saber si lo hizo bien o sobresaliente. Es lo que no encuentro acá.

Ante la insistencia del testigo de que la respuesta que buscaba Barrandeguy estaba en el informe, el defensor, ya enojado, pretendió hacérselo leer, pero entonces la fiscal Patricia Yedro interrumpió para objetar la petición. “No voy aceptar objeciones”, la cortó el abogado, y agregó: “Doctora, usted está enemistada con la verdad objetiva real”.

Finalmente el contador empezó a leer el informe y Barrandeguy volvió a plantear que no estaba expresado en ningún lado cuáles habían sido los puntos que le solicitaron peritar. Yedro volvió a objetar y el defensor de Urribarri otra vez saltó contra la fiscal, que le respondió: “No voy a permitir manifestaciones como estas”.

Simulaciones

El otro dato que volvió a ratificar Enrique, como lo había hecho el lunes en el inicio de su declaración, es la hipótesis de las “simulaciones” en las contrataciones de publicidad en el marco de la causa por la instalación del parador playero de Mar del Plata.

El perito hizo referencia a un “esquema de devolución” con dinero que no deja huellas porque se facturaba a terceras empresas, es decir, a supuestas firmas subcontratadas por la empresa El juego en que andamos, a quien se contrató para la instalación del parador. Para el Ministerio Público Fiscal, esa facturación a terceros era el “retorno” a Aguilera, de lo que está acusado. Enrique había calculado 2.807.500 pesos que volvieron a las cuentas de TEP SRL y Next SRL, es decir, a Aguilera.

El abogado Marcos Rodríguez Allende, otro de los defensores de Urribarri, se interesó por el procedimiento de retorno y Enrique explicó que “el esquema de devolución tiene dos vías concretas, una por efectivo y otra por emisión de facturas” y agregó: “El dinero difícilmente deje huellas”. Dijo además que “las facturas para comprobar algunas devoluciones están, pero también existen otros indicios de devoluciones de dinero en efectivo, a través de una operatoria con emisión de cheques. Cuatro o cinco cheques emitidos a nombre de personas que pudieron prestar un servicio, pero que cuando fueron consultadas, lo desconocieron. Los cheques no fueron cobrados por el destinatario, sino por otros”, explicó. De esa manera dio a entender que allí cobraba valor la subcontratación de empresas mencionadas el lunes.