Un concurso récord y una novedosa resolución con perspectiva de género

08/11/2021

El Consejo de la Magistratura fijó para el 14 de diciembre la fecha para el examen escrito de los aspirantes a ocupar cargos de fiscales auxiliares. Se trata de un concurso que es récord por la cantidad de inscriptos. Pero también abrió un debate a partir de una resolución que exceptúa a dos postulantes embarazadas a participar de la prueba y fijar para ellas una fecha complementaria en la que puedan realizar el examen.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El Consejo de la Magistratura se apresta a realizar el que será el concurso más importante de su historia, por la cantidad excepcional de postulantes inscriptos y las complicaciones de logística que ello conlleva.

El concurso para la designación de fiscales auxiliares o adjuntos, largamente demorado, se concretará el 14 de diciembre en el Centro Provincial de Convenciones con un récord de 206 postulantes inscriptos, 118 mujeres y 88 varones, y una polémica en puerta.

En el sistema acusatorio, vigente en la provincia, los fiscales auxiliares tienen las mismas facultades que los agentes fiscales: dirigir las investigaciones penales. Pero los fiscales auxiliares quedaron atrapados en un vacío legal. Los convencionales constituyentes que trabajaron en la reforma de 2008, muchos de ellos vinculados a la comunidad judicial, no advirtieron que los cargos que preveía el sistema acusatorio que se estaba poniendo en marcha olvidaba incorporar esta figura a la Constitución.

En resumen: la Constitución Provincial no contempla la figura del fiscal auxiliar y cuando se sancionó la Ley de Ministerios Públicos tampoco se determinó cómo sería su designación.

Ese limbo se dirimió en los tribunales cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decretó la inconstitucionalidad de una serie de designaciones que había hecho el procurador Jorge Amílcar Luciano García y estableció que los fiscales auxiliares debían concursar ante el Consejo de la Magistratura.

El 23 de agosto de 2019, el Consejo de la Magistratura, órgano asesor del Poder Ejecutivo para la designación de jueces, fiscales y defensores, inició los trámites para el llamado a concursos públicos destinados a cubrir 32 cargos vacantes de fiscales auxiliares en toda la provincia. Era un mandato constitucional, pero también una decisión audaz que desafiaba algunos intereses en el country.

La pandemia del Covid-19 demoró los procesos reglamentarios y administrativos; pero fundamentalmente modificó la vida de las personas en cuanto a sus objetivos, dinámicas familiares, desempeños laborales, estabilidad económica y una larga lista de etcéteras que también tienen impacto en el concurso.

El examen escrito se realizará, como se dijo, el 14 de diciembre, con un récord de 206 inscriptos, la mayor cantidad de aspirantes en la historia del Consejo de la Magistratura para un concurso, en una sesión que tendrá una duración máxima de siete horas. Pero el organismo dictó una resolución exceptuando en forma excepcional a dos postulantes embarazadas a participar de la prueba y fijar para ellas una fecha complementaria en la que puedan realizar el examen.

Se trata de una determinación inédita que tomaron por unanimidad los once los integrantes del Consejo de la Magistratura, a raíz de sendas presentaciones de las aspirantes, a fin de garantizar “de modo efectivo la posibilidad de concursar a las postulantes”, según consta en la Resolución Número 1.144.

Los consejeros consideraron que la postergación de la prueba de oposición resultaría “altamente inconveniente”, pero también resaltaron que “el motivo que se invoca consiste en una vicisitud propia de la condición de mujer que, eventualmente, puede colocarlas momentáneamente en una situación desventajosa en la competencia, configurándose un supuesto de desigualdad estructural que debe evitarse”.

Aunque no lo dice, la resolución abre la puerta a una polémica porque establece dos excepciones al reglamento general: el anonimato de los postulantes –no firman el examen con su nombre y apellido sino con una clave alfanumérica que es desconocida por el jurado– y que la prueba escrita se tome en una sola sesión. Pero contempla un principio superior, la perspectiva de género, al señalar que “no dar acogida a la petición formulada, implicaría caer en el ‘dilema de la diferencia’ y obligar a las postulantes a realizar una opción electiva entre igualarse a los varones o resignarse a las labores de cuidado, es decir, forzar a las mujeres a decidir la ciudadanía a través de una igualdad entendida como mismidad, constituyendo una trampa de lógica patriarcal dicotómica”.

Los integrantes del organismo hicieron hincapié en la obligación de adoptar las “medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”, tal como lo establece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, un tratado internacional con jerarquía constitucional; y también la Constitución Provincial, que garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres y varones.

En ese marco, no hacer lugar al planteo que reclama la postergación del examen para ellas, dice la resolución, “produciría una potencial exclusión de mujeres embarazas en fases de los procesos evaluativos para acceder a la magistratura”. Por ello es que el Consejo de la Magistratura, “siguiendo el método de operativo del principio de igualdad como no sometimiento o no exclusión, recurre a las acciones afirmativas, como medidas de discriminación inversa, de trato (estatal) diferenciado o privilegiado de modo justificado, con el propósito de evitar la perpetración de inferioridad legal, social, económica, política y/o cultural, removiendo valladares discriminatorios y habilitando que las postulantes puedan competir en condiciones de igualdad, reduciéndose al máximo las asimetrías que puedan surgir del procedimiento de selección en curso”.