Creciente presión sobre el STJ para reabrir tribunales

12/10/2021

El Colegio de la Abogacía volvió a reclamar que se retome la actividad plena en el Poder Judicial y ahora también lo hizo a través de la ministra Rosario Romero. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia mantiene el silencio. La ley de enganche y los retroactivos de la emergencia solidaria como factor de presión.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

De todas las provincias argentinas, Entre Ríos se cuenta entre las pocas que mantiene cerrados los tribunales desde el inicio de la pandemia y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resiste los pedidos aperturistas.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos hizo la semana pasada un nuevo pedido para retomar la actividad plena, a través de una nota al presidente del alto cuerpo, Martín Carbonell, en la que planteó la necesidad de que la atención a los profesionales se realice en forma presencial y sin turnos.

La nota reitera los términos de otras dos anteriores presentadas por el Colegio de la Abogacía el 6 de agosto y el 27 de septiembre y que hasta el momento no han tenido respuestas.

Esta tercera nota señala que la situación sanitaria se ha modificado notoriamente en las últimas semanas, a partir de la reducción de los contagios y el avance de la campaña de vacunación, lo que se ha traducido en la habilitación de distintos tipos de actividades sociales, recreativas e institucionales. Pero el Poder Judicial sigue funcionando en modo-pandemia, con atención a los abogados y procuradores solo con turno previo y distinto tipo de restricciones en la prestación del servicio de justicia.

En los últimos días trascendió que el STJ se habría comprometido a levantar las restricciones a partir del 5 de octubre, pero eso no ocurrió y el tema ni siquiera fue incluido en el temario de la reunión de acuerdo que se celebró ese mismo día. Tal vez lo haga este martes, cuando los supremos vuelvan a tener su reunión semanal, pero la paciencia del gremio de los abogados entrerrianos ha llegado al límite y por eso hace unos días el presidente de la entidad, Alejandro Canavesio, se reunió con la ministra Rosario Romero para pedirle que interceda ante el STJ, aun a sabiendas de que cualquier intervención es delicada porque podría leerse como una intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones autónomas del Poder Judicial.

El Poder Judicial restringió la presencialidad de sus trabajadores y prohibió el ingreso a los tribunales de toda persona ajena a la actividad a partir del 20 de abril de 2020, días después de que se dispusiera el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La medida se fue modificando durante la pandemia, pero las restricciones generaron no pocas tensiones entre los operadores del sistema judicial. La última decisión del STJ fue habilitar la presencialidad plena a partir del 5 de agosto, pero solo para los empleados judiciales; mientras que los profesionales deben solicitar un turno previo y, en algunos casos, se los dan a quince o veinte días, según dicen.

Las tensiones también habitan hacia el interior del country, si hasta motivaron peleas públicas y hasta una denuncia penal de una vocal hacia otro, Susana Medina de Rizzo a Emilio Castrillón, a raíz de un cruce que tuvieron en el grupo de WhatsApp que comparten los nueve vocales sobre la modalidad de trabajo que se darían durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Para opinar cómo se va a trabajar en pandemia lo deben hacer los que van a venir a trabajar”, le dijo Castrillón y Medina de Rizzo lo denunció por violencia de género.

En el medio, además, se aprobó la Ley de Emergencia Solidaria, que prácticamente congeló los salarios de los magistrados y empleados judiciales, y bajo la superficie comenzó a discutirse ley de enganche, que establece una paridad entre los aumentos de magistrados, funcionarios y empleados judiciales de la provincia con aquellos que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa es la madre de todas las batallas.

No son asuntos separados; por el contrario, es una cincha de la que tiran varios actores y arrastra a los ciudadanos que tienen cuestiones para resolver en los tribunales.

En el Poder Judicial vienen reclamando la restitución y aplicación integral de la ley de enganche, pero el Gobierno demora los aumentos correspondientes y ha ofrecido adelantar a cuenta un porcentaje ya acordado en paritaria con el resto de los gremios estatales. De los retroactivos no aplicados mientras estuvo vigente la ley de emergencia, no se habla. Pero es lo que subyace. Si se aplicaran, el sueldo de un vocal llegaría a 1,2 millones de pesos, por mes, claro. Eso derrama, naturalmente, en el resto del escalafón y por eso los supremos y la asociación de magistrados aplauden en silencio las protestas de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).