Barrandeguy: “Urribarri no ha cometido ningún delito”

04/10/2021

El abogado del ex gobernador dijo que se había “violado el principio de igualdad” respecto de Sergio Urribarri y lo contextualizó en las jornadas de diciembre de 2001, cuando gobernaba Sergio Montiel, al afirmar que el Poder Judicial no abrió ninguna investigación sobre la represión. Afirmó además que las contrataciones de publicidad y los gastos que se le atribuyen en el sueño entrerriano fueron aprobados por los organismos de control.

De la Redacción de Página Judicial

 

Este lunes fue el turno, como estaba previsto, de Raúl Barrandeguy, en la causa donde se investiga a Sergio Urribarri por contrataciones irregulares de publicidad y desvío de fondos públicos para financiar su frustrada campaña presidencial en 2015. El defensor del ex gobernador abrió su alegato con una larga introducción anclada en la historia política argentina, básicamente vinculada al peronismo, que fue mechando con el caso en cuestión: las cinco causas en las que está imputado su defendido.

Pasados los cuarenta minutos de su alegato de apertura, se metió en una de las denuncias contra el ex gobernador, que realizaran en diciembre de 2015 los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

Barrandeguy reveló que entre los informes que se solicitaron entonces, en una investigación por enriquecimiento ilícito y en la que ni siquiera ha sido citado a declarar, había uno que se hizo vía diplomática a la República Oriental del Uruguay para saber si el ex mandatario tenía cuentas en el vecino país, que dio negativo. El defensor aprovechó para cuestionar a sectores de la prensa que habían dado cuenta de las solicitudes, pero no de los resultados.

En buena parte de su alegato sugirió que su defendido es un perseguido político a través de maniobras judiciales por parte de denunciantes y de un sector de la prensa. Dijo que llevan adelante un “liberticidio” y que “todos los días se trata de derrotar una garantía constitucional”. Sin utilizar la palabra lawfare, pero cuidadoso de no atacar directamente a los operadores del Poder Judicial, apuntó que se está “ante una persecución penal sobre alguien que no ha cometido ningún delito”. Escuchaban los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón; y los fiscales Gonzalo Badano, Juan Francisco Ramírez Montrull y Patricia Yedro, y la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, que llevan adelante la acusación.

“Es absolutamente cierto y verificable que entre las energías que pulsan hacia adelante en estas investigaciones están identificadas energías políticas que consideran que el de Urribarri fue un mal gobierno, que debe ser sancionado por lo que gastó, que se enriqueció, que tiene campos, aeronaves, fondos en paraísos fiscales, inmuebles. Toda esta opinión que la sociedad se va formando es impulsada por sectores del periodismo que dejan de hacer periodismo para ser fuerza de choque de estas concepciones críticas, aunque alguno pueda admitir en un pasillo que no hay pruebas contundentes”, advirtió.

Sin embargo, no ahorró críticas hacia el Ministerio Público Fiscal por el direccionamiento de las investigaciones hacia el ex gobernador. En ese sentido, dijo que “el deterioro de la institucionalidad judicial, del Ministerio Público Fiscal, comenzó con Urribarri. ¿Cuál es la razón por la cual ha sido perseguido y se lo persigue con toda crueldad, olvidando que las funciones del derecho penal nunca han sido hacer sufrir a nadie?”, se preguntó con ironía el defensor.

Barrandeguy cuestionó también el rol de los jueces de garantías. “Debieron mantener el equilibrio y lo único que han garantizado es que mi defendido llegue al juicio en las peores condiciones. Ni una sola razón fue escuchada. Siempre se dijo, como Pilatos, que las cuestiones se verían en el juicio”, graficó.

El letrado agregó enseguida que “en el legajo se le atribuyen a Urribarri dos empresas a través de prestanombres, sin señalar a qué se refieren concretamente. Luego, la fiscalía pidió oficios a todos los registros de propiedad sobre automotores, aeronaves y de embarcaciones en el país, a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), al Banco Central, sobre él y toda su familia, e incluso se libró un oficio vía Cancillería a la República Oriental del Uruguay” y advirtió: “Esto puede ser relevante para la prensa que nos escucha, porque el gobierno uruguayo informó que ni Urribarri ni nadie de su familia tiene propiedades en el Uruguay. Ocultar esta información no es un error. Pero nada se dijo. Sabrán que no fueron objetivos, que jugaron en favor de un interés no procesal”, expresó.

Enseguida señaló que se había “violado el principio de igualdad respecto a Urribarri” y lo contextualizó en las jornadas de 2001, cuando gobernaba de Sergio Montiel, a quien señaló por la represión en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de ese año y dijo que no se había iniciado ninguna investigación penal por esos hechos. Apuntó también sobre otros procesos administrativos que se hicieron sin dictámenes de la Contaduría General ni de la Tesorería para licitar.

Fue la primera vez en introdujo a los organismos de control en el debate, lo que luego sería la viga de su defensa. Retomó la Constitución de 1933, que incorpora a la Contaduría como órgano que debía autorizar cualquier pago que se realiza en la administración pública. “A la corrupción se la impide, se la evita, antes que castigarla”, lanzó para resumir el propósito de la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas.

Luego se quejó de que “Urribarri ha sido juzgado semanalmente” y aseguró que esa situación “le ha generado un dolor a toda su familia; lo han afectado injustamente los embargos sobre su patrimonio, la detención injusta de su cuñado y otras cuestiones sin que exista una sola norma violada”, insistió el abogado defensor.

Barrandeguy hizo sus alegatos de apertura este lunes luego de haber presentado síntomas compatibles con el Covid-19, aunque luego se descartó que tuviera el virus.

Así dejó sentada las bases de su defensa en el juicio que reúne cinco causas en las cuales el ex gobernador Urribarri está imputado por los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación a la administración pública, por la contratación de publicidad en medios de comunicación y en la vía pública y otras acciones tendientes a impulsar su frustrada candidatura presidencial en el año 2015. En el banquillo también están sentados otros funcionarios públicos, empresarios y allegados al ex mandatario.