Tres años sin justicia para Gabriel Gusmán

24/09/2021

A tres años del crimen de Gabriel Gusmán por una bala policial, la causa judicial se encuentra en un limbo por la decisión del Ministerio Público Fiscal disponer el archivo. La querella pide asumir la acusación en forma autónoma. Mientras tanto, hay una familia que espera. En esta columna de opinión, la abogada querellante Lucía Tejera repasa el discurrir del proceso e interpela al Poder Judicial para que reconozca derechos reconocidos constitucionalmente para todas las personas.

Ana Lucía Tejera (*)

 

El 25 de septiembre de 2018 una bala policial terminó con la vida de Gabriel Gusmán. Tenía 19 años. Se cumplen tres años del hecho. Tres años sin justicia.

Una semana después del asesinato, la familia de Gabriel no tenía novedades de la causa, ningún funcionario del Ministerio Público Fiscal los había contactado ni recibido para contarles qué medidas se habían tomado y cómo se investigaba un homicidio donde el autor del hecho era un funcionario policial.

La familia se constituyó como querellante con el acompañamiento de los organismos de derechos humanos de Paraná y comenzó a transitar el pedido de justicia, a intentar comprender instancias y plazos procesales, resoluciones, presentaciones, tipos penales y teorías sobre autoría atravesados por el dolor. Con valentía y creatividad mantienen vigente ese pedido de justicia junto a organizaciones sociales que cotidianamente entienden, viven y conviven con la violencia policial y trabajan con obstinada militancia para prevenirla.

Un año después del hecho, sin ningún tipo de imputación a los autores y después de una movilización a tribunales, uno de los fiscales recibió a los familiares de Gabriel. Estaba ofuscado porque consideraba que desde la calle no se podía andar pidiendo audiencia a un funcionario judicial.

Había pasado un año y el fiscal interviniente en la causa recibía por primera vez a la familia de la víctima. Había pasado un año y el funcionario público les dijo que no había tenido tiempo de ver detenidamente el expediente en el cual intervenía y se investigaba la muerte del hijo y hermano de las dos mujeres que lo miraban con un respeto que no estaba siendo recíproco.

Este sábado 25 de septiembre se cumplen tres años del asesinato de Gabriel Gusmán por una bala policial. En el interín, el Ministerio Público Fiscal decidió archivar la investigación porque considera que no existe evidencia para requerir de manera fundada una acusación contra los funcionarios policiales que apretaron el gatillo. Archívese. Se restituyen las armas de fuego a los policías y a otra cosa. El asesinato de un pibe de 19 años por parte de funcionarios policiales no será la excepción a la regla general que viene manteniéndose desde hace un tiempo en la fiscalía de Paraná: las causas por violencia institucional se archivan.

Durante la investigación tampoco separaron a la fuerza a la que pertenecían los autores del hecho; la Policía de Entre Ríos siguió teniendo acceso al legajo de investigación e incluso sugiriendo pruebas tendientes a fortalecer la estigmatización de la víctima. Todas esas medidas fueron aceptadas y las pruebas producidas por los fiscales. La querella ha señalado detalladamente cada una de las tantísimas irregularidades que se evidenciaron durante la recolección de pruebas en las que, por supuesto, intervino la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos. Pero tampoco sobre ello hay ninguna actuación judicial tendiente al mejoramiento del accionar de la fuerza de seguridad.

Así las cosas, la querella, ante la decisión confirmada de archivo por parte del Ministerio Público Fiscal, solicitó la conversión de la acción para poder impulsar de manera privada la investigación de un delito que debería ser investigado por el Estado. La jueza de garantías consideró que le asistía razón a la querella, realizando un análisis pormenorizado y armonioso del orden normativo y las garantías de los derechos que deben resguardarse, lo que fue confirmado por el tribunal de apelaciones de Paraná. Ahora el Ministerio Público Fiscal insistió ante la Cámara de Casación Penal que recientemente fijó una audiencia para el 18 de noviembre.

Los plazos se dilatan, la justicia sigue sin concretarse y mientras tanto hay una familia que espera.

El acceso a la justicia y la efectiva tutela judicial son derechos reconocidos constitucionalmente para todas las personas. Sabemos por las luchas populares que esos derechos se conquistan. Y para que esos derechos se hagan efectivos, hay que ejercerlos.

Ahora bien, ¿la carga de esa efectividad es exclusiva de las víctimas de hechos de violencia institucional?

¿Los funcionarios públicos que forman parte de la estructura judicial no deben generar los medios necesarios para garantizar el ejercicio de esos derechos?

Si las prácticas irregulares de la Policía no se reprochan, ¿cuánto de legitimación conlleva esa omisión?

¿Cuánto y cómo se comprometen los operadores judiciales en la prevención de estos hechos?

Cuando la defensa policial es corporativa, cuando el poder político calla, ¿qué hace el Poder Judicial con esos pibes que son hostigados, torturados y hasta asesinados por una bala policial?

Entonces, a esos pibes que conviven en ámbitos donde el conflicto social crece constantemente, donde sus lazos sociales cada vez son más transitorios y frágiles, ¿qué parte de todo el sistema les da una respuesta?

Y traerlo al escenario judicial no es caprichoso. Somos un pueblo que pone este escenario en el centro de todas las disputas de sentido, otorgando a los hechos, a través de procesos judiciales, una verdad jurídica que resulta relevante cuando las fuerzas de seguridad están involucradas. El Poder Judicial y los Ministerios Públicos deben comprender cabalmente los procesos históricos y las luchas populares que nos contienen haciendo una investigación diligente y exhaustiva, garantizando los derechos vulnerados y otorgándole celeridad a las investigaciones.

(*) Abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y querellante en representación de la familia de Gabriel Gusmán.