Juicio a Urribarri: sigue sigue sigue el debate sanitario

16/09/2021

Se pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes. La pelota quedó en manos de un técnico sanitarios del Superior Tribunal de Justicia que se ausentó.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Luego de escuchar a las partes citar datos sueltos enunciados por sanitaristas y virólogos que ya empalagan en los medios, se decidió pasar a un cuarto intermedio de 12 horas, esa decir hasta este viernes, para decidir si se llevará a cabo o no el juicio oral y público a Sergio Urribarri por la mega causa conocida como “sueño entrerriano”, en referencia a la campaña presidencial de 2015, y en la que se acumularon tres legajos.  Se espera la presencia de un técnico de la salud del Poder Judicial para ver cómo sigue.

Lo decidió el Tribunal de Juicios y Apelaciones integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

Al llegar al final de la audiencia Miguel Ángel Cullen contó que la ausencia de su colega José Velázquez fue por sospechas de contagio de Covid 19. Lo que complicaría al propio Cullen, que dijo haber estado en contacto con él. Aparentemente todos los defensores tuvieron contacto estrecho con Velázquez, lo que implicaría el aislamiento de los profesionales.

¿Lo que son las casualidades, no?

La audiencia a la que se llegó este jueves, día en que debía empezar el juicio oral y público,  fue un montaje para adornar lo que se decidió, seguramente, en otro ámbito. En otras instancias.

La procuradora adjunta Cecilia Goyeneche fue la más contundente al citar el protocolo del gobierno provincial que rige y permite fiestas y actividades más riesgosas que ir a un supermercado, un bar o cumpleaños.

Los abogados defensores no son unos delincuentes por querer dilatar el juicio- como entiende Goyeneche y Raúl Barrandeguy le respondió. Los representantes de los imputados son contratados para hacer precisamente una defensa y, en el marco de lo legal, hacer todo lo posible para evitar una condena.

Lo sucedido en los tribunales este jueves por la mañana fue gracioso. Funcionarios judiciales y abogados citaron ejemplos de situaciones de contagio ante la mirada de profesionales de la salud. Escucharlos hablar de “macrogotas” y “microgotas” sobre la conveniencia de barbijos o mascarillas fue genial. La ausencia del ingeniero Mario Benavente, coordinador responsable del área de Higiene y Seguridad del Superior Tribunal de Justicia (STJ), fue percibido por todas las partes como un déficit, ya que había sido el que firmara el informe que daba por aprobado el lugar para desarrollar el juicio. Pues bien, es el que estará presente este viernes.

También tuvo su capítulo, que melló en la discusión, el impacto de las partículas en el proceso de contagio. Y, claro, la afirmación de que una persona vacunada no está eximida de volver a contagiarse.

Hace un mes las dudas sanitarias fueron explicitadas y aclaradas a través de un informe de salud ocupacional del STJ, en la que se sostuvo que el salón donde se iba a desarrollar el debate está en condiciones para hacerlo con la cantidad de personas que se estipula. El cronograma tiene programados ocho declaraciones testimoniales por día, estando previstos más de 140 testigos durante el desarrollo del juicio. En el lugar se prevé cuatro representantes del Ministerio Público Fiscal, nueve defensores, 15 imputados, tres magistrados, un secretario, un asistente de vocalía y un testigo en el salón. Aquí el informe.

No obstante, los abogados defensores siguieron planteando dudas. Así se llegó a la audiencia y se extiende a este viernes.

Delitos

Urribarri deberá responder por el supuesto desvío de 47 millones de pesos para la promoción de su figura durante el 2015. Está acusado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Los fiscales adelantaron una pena de nueve años de prisión. Los mismos delitos se le atribuyen a Báez, para quien pidieron ocho años.

A Aguilera, cuñado de Urribarri, se lo acusan de haber cobrado una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata. Para ellos, los fiscales pedirán condenas de ocho a cuatro años de prisión.

En tanto, los ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, también están acusados por las contrataciones de publicidad y los fiscales pedirán condenas de cuatro años de cárcel para ellos.

En el juicio los representantes del Ministerio Público Fiscal serán Goyeneche; Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.