TRATA DE PERSONAS

Se complica la situación del ex viceintendente de Federación

09/09/2021

La Cámara Federal de Apelaciones revocó el sobreseimiento de Juan Luis Spañoletti, el ex viceintendente de Federación y ex funcionario macrista acusado por la explotación laboral de siete obreros misioneros en un campo de su propiedad. El mensaje que lo compromete.

Se complica la situación del ex viceintendente de Federación

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Juan Luis Spañoletti recibió un nuevo golpe en la justicia federal, en el marco de la causa que lo tiene imputado por trata de personas con fines de explotación laboral de un grupo de trabajadores en un campo de su propiedad en Colonia Ayuí.

La Cámara Federal de Apelaciones revocó el sobreseimiento que le había dictado el juez Pablo Seró y ordenó “continuar con la prosecución de las actuaciones” que involucran al ex viceintendente de Federación, ex delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación durante el macrismo y docente de ¡Legislación del Trabajo! en una escuela técnica.

El 21 de mayo de 2021, inspectores de la Secretaría de Trabajo de la provincia y agentes de la Policía Federal llegaron hasta la “Estancia Juan Agustín”, propiedad de Spañoletti, a raíz de una denuncia efectuada el día anterior por un grupo de trabajadores misioneros que realizaba tareas de desmonte y raleo de troncos de eucaliptos.

El cuadro que se encontraron era horroroso: los obreros sobrevivían casi en condiciones de esclavitud, hacinados en un motor-home y en un refugio para animales de corral con goteras, sin agua corriente ni luz eléctrica y tampoco tenían baño. Dormían en el piso, en colchones deteriorados, sin sábanas. Habían sido contratados por Andrés Alberto López, dueño de un aserradero en La Criolla. La comida también era escasa, cuando se las proveía López, y a veces los trabajadores no tenían qué comer. Cocinaban a la intemperie, con leña. Si bien algunos contaban con teléfono celular, estaban incomunicados porque en el campo no había señal.

El campo está registrado a nombre de Spañoletti, aunque él asegura haberle vendido a López una porción de cinco hectáreas de monte en dos millones de pesos. La operación se habría hecho en negro, sin la intervención de un escribano, con la firma que ambos estamparon en un papel como única garantía y López le habría pagado en dos veces y en efectivo.

Es cierto que los trabajadores señalaron a López como su empleador y que ni siquiera trataron con Spañoletti, pero también aseguraron que el ex funcionario iba casi todos los días al campo para atender a las vacas, ovejas y un pequeño emprendimiento apícola, por lo cual consideran que no podía ignorar las condiciones en que se encontraban.

Spañoletti, en cambio, aseguró que no tenía injerencia alguna en el trabajo de desmonte ni con las personas que realizaban esa tarea y que “López estaba autorizado por el boleto de compraventa a introducir el personal que sea necesario para hacer la cosecha o la tala”, según dijo en su declaración indagatoria.

Del mismo modo, negó haber autorizado a que los trabajadores se quedaran a dormir en el campo y que López se lo hubiera pedido porque el contratista le dijo que “los iba a llevar y traer porque tiene un aserradero en La Criolla”, donde supuestamente vivirían y dormirían los obreros. Pero quien contradice esa explicación es el mismo Spañoletti, en un mensaje de voz que le envió a López y fue recuperado de su teléfono celular:
–Andrés fíjate esa gente que quedó ahí en el colectivo, eso me va a hacer daño nomás en cualquier momento, viste. Están al pedo ahí –le dice unos días antes del operativo.

Para la fiscal Josefina Minatta, el audio extraído del teléfono de Spañoletti revela que tenía pleno conocimiento y aceptaba que las víctimas se hospedaran en su estancia, a la que asistía diariamente, en horrorosas condiciones. “Spañoletti realizó un aporte esencial para el delito, permitiendo la ocupación del lugar, puesto que el campo le pertenece, y además favoreciéndose económicamente de ello”, dijo la fiscal.

El juez Seró consideró que estos elementos no eran suficientes para sostener una acusación contra el ex funcionario y por eso dictó una falta de mérito, que fue revocada; y luego el sobreseimiento, también revocado por la Cámara Federal de Apelaciones.

También dictó la falta de mérito de López, el contratista que contactó, contrató y convino las condiciones de trabajo con los obreros oriundos de la localidad misionera de Montecarlo, les pagó el pasaje en colectivo hasta Concordia y los alojó en el campo de Spañoletti en condiciones de extrema precariedad. Ese status fue revocado por el tribunal de apelaciones y López terminó procesado.

Esclavos en el siglo XXI

El más experimentado de los obreros, un motosierrista misionero, contó que el lugar donde estaban alojados “era precario, no teníamos baño, bañadera”, así que debían hacer sus necesidades en el monte y asearse al aire libre. Cuando tenían, usaban papel higiénico y si no, “cualquier tipo de papel, el de las bolsas de harina, por ejemplo”.

En la declaración que dio ante la justicia contó además que dormían en catres, en el motor-home o en un corral, pero “cuando llovía goteaba dentro de la casilla y del colectivo, así que nos mojábamos durmiendo” e incluso “dentro del colectivo había alimento balanceado, venenos químicos para ratas y para pulverizar. También para matar los loros. Estaban debajo de los baúles esos venenos”.

Según dijo, la comida también era escasa. Se la proveía López y se la descontaba de la paga. “Nos traía comida, alimentos, una vez por semana y a medida que pasaba el tiempo iba menos”, contaron. En ocasiones el casero del campo les daba “una bolsita con huesos y también zapallitos” para que pudieran alimentarse, pero llegaron a pasar hasta dos días sin comer.

Tampoco tenían agua en el asentamiento. “El agua nos quedaba a treinta o cuarenta metros; la acarreábamos en un tacho, en bidones de combustible, de aceite hidráulico, que lavábamos y luego le poníamos agua. Con eso cocinábamos y nos aseábamos”, relataron.

Trabajaban de lunes a lunes, de cinco de la mañana a ocho de la noche, con la promesa de un salario de 3.000 pesos por semana; en lugar de eso, López les pagó unos 10.000 pesos a cada uno, con el descuento de la comida, el combustible de la motosierra y el arreglo por una rotura de motosierra que tuvo paralizado el trabajo por una semana.

Los obreros señalaron a López como su empleador y dijeron que no trataron con Spañoletti, aunque aclararon que fue su casero quien acondicionó el motor-home para que se instalaran y aseguraron que el ex funcionario iba casi todos los días al campo para atender a las vacas, ovejas y un pequeño emprendimiento apícola, de modo que estaba al tanto de las condiciones en que se encontraban, como él mismo terminó reconociéndolo en el mensaje que le envió a López unos días antes del allanamiento.

La jueza Cintia Gómez, de la Cámara Federal de Apelaciones, resaltó que López engañó a los trabajadores “toda vez que les prometió pagos quincenales y que solo les descontarían la alimentación”, pero que estuvieron en el campo durante tres meses “sin recibir nada de dinero hasta esta última ocasión, donde López les entregó 10.000 pesos y les descontó además combustible, aceite y repuestos” para el arreglo por una rotura de la motosierra que tuvo paralizado el trabajo por una semana.

En cuanto a Spañoletti, la magistrada resaltó que “pasaba junto a los damnificados cada vez que ingresaba y salía de su campo” y enumeró una serie de elementos que permitirían sostener la hipótesis de que tenía total conocimiento de la situación que atravesaban los trabajadores: su condición de dueño del campo, su asidua concurrencia al campo, el hecho de haber contratado o subcontratado con López y haberlo autorizado para que los trabajadores permanecieran en el lugar.