Investigan al intendente Rossi por violar la cuarentena en Santa Elena

06/09/2021

La justicia federal investiga a Domingo Daniel Rossi y otros funcionarios de la Municipalidad de Santa Elena por la organización de una fiesta que tuvo lugar con motivo de la inauguración de la nueva costanera, el 3 de abril de 2021. El intendente podría ser imputado violar las normas establecidas para frenar la propagación de la pandemia.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El intendente Domingo Daniel Rossi está escribiendo un nuevo capítulo en su frondosa historia judicial, esta vez por haber presuntamente violado las normas establecidas para frenar la propagación de la pandemia del Covid-19 en Santa Elena.

La justicia federal investiga a Rossi y otros funcionarios municipales por la organización de una fiesta que tuvo lugar con motivo de la inauguración de la nueva costanera de Santa Elena, el 3 de abril de 2021.

Las imágenes que inundaron los medios y las redes sociales parecen extraídas de otro tiempo. Se ve a una gran cantidad de personas, se llegó a hablar de 3 mil vecinos de Santa Elena, bailando sin barbijo, sin guardar la distancia social ni ninguna otra medida de prevención frente al coronavirus. Incluso la Municipalidad difundió un video donde se ve a Rossi en el acto: “Para los que nacimos acá y vamos a morir acá, esto nos llena de ilusión”, dijo ese día el intendente.

La investigación se inició de oficio por parte de la fiscalía federal y concejales de la oposición presentaron unos días después una denuncia penal contra el intendente Rossi y los funcionarios que participaron del acto por la violación de medidas sanitarias adoptadas por autoridades competentes para evitar la propagación de una epidemia y el Decreto de Necesidad y Urgencia que estableció los parámetros de distanciamiento social, preventivo y obligatorio que regían por esos días por la emergencia sanitaria.

El escándalo radica en que a la fecha en que se realizó el acto existían una serie de restricciones para contener el Covid-19. Una de ellas era la prohibición de realizar reuniones sociales, y quien quebrantara la limitación sería sancionado.

En su descargo ante la fiscalía federal, Rossi aseguró que se había procedido “conforme los protocolos, con distanciamiento social, al aire libre y que no habrían participado más de veinte funcionarios locales e invitados” y que para ello no se requiere del trámite de habilitación administrativa que otorga el municipio. También argumentó que “en las inmediaciones hubo una feria de artesanos ajenas al evento, gente pescando, turistas –tal vez por eso habría tanta gente– y un escenario donde tocaron al aire libre grupos musicales para el streaming y para la gente que estaba en la costanera” e hizo hincapié en el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios (sic).

Desde la Policía, en tanto, aseguraron que el evento fue “organizado, coordinado y habilitado por la Municipalidad de Santa Elena” y desde Prefectura señalaron que el operativo de seguridad habría estado a cargo de la Dirección de Tránsito Municipal y un móvil policial. No se labraron actas, aclararon ambos.

Pero el testimonio que más podría comprometer a Rossi es el que dio Sonia Velázquez. Cuando el hecho tomó estado público, la ministra de Salud de la provincia se presentó espontáneamente ante el fiscal para “poner en conocimiento de los hechos acontecidos en Santa Elena en virtud de que los mismos podrían constituir los delitos previstos en el marco de la emergencia sanitaria” y dijo que “tanto los organizadores de la fiesta como el municipio tenían pleno conocimiento de los riesgos y situación epidemiológica del momento”. Ese día se registraron 391 casos de Covid-19 en la provincia, en aumento; y la ocupación de camas de terapia intensiva orillaba el 60 por ciento, también en alza, pero en un hilo de Twitter el intendente Rossi se excusó diciendo que hacía nueve días que en Santa Elena no se reportaban casos positivos. En su descargo ante la justicia no se animó a tanto.

Con estos elementos en la mesa de trabajo, la fiscal federal ad-hoc, María Eugenia Wilson, inició una investigación preliminar y concluyó que la causa debía continuar tramitándose en la justicia provincial. ¿Por qué? Estaba vigente un decreto nacional que dispuso el distanciamiento social, preventivo y obligatorio y, a la vez, asignaba a las autoridades provinciales la facultad de adoptar medidas de limitación de circulación y también reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización. La Provincia, por su parte, había adherido a la disposición nacional en materia sanitaria.

Desde hace varios meses existe un contrapunto entre los fiscales y los jueces en la provincia de Entre Ríos al respecto y no logran ponerse de acuerdo.

El juez Leandro Ríos ha dicho que “la activa intervención del Poder Ejecutivo Nacional y la adecuación de las políticas sanitarias provinciales a las adoptadas a nivel nacional, hacen ineludible pensar que existe un interés del Estado Nacional en la custodia de la salud pública en la prevención del flagelo, como así también en la represión de estos hechos delictivos relacionados con el incumplimiento de las medidas preventivas”.

El árbitro en esta historia es la Cámara Federal de Apelaciones que en este caso, como en otros donde hubo divergencias, reiteró que los decretos provinciales y municipales “han sido dictados en el marco de las facultades delegadas por parte del Poder Ejecutivo Nacional (…) en el contexto de la pandemia que afecta a toda la Nación, donde se han visto comprometidos intereses de carácter federal al violar la medida ordenada por las autoridades competentes”. En esa línea de razonamiento, “corresponde la aplicación e interpretación de normas del derecho federal” y la intervención de la justicia federal.

Es de suponer, entonces, que en los próximos días el intendente Rossi sea convocado formalmente a dar explicaciones por la justicia federal.