Derechos Humanos interviene en una causa de Uriburu

01/09/2021

El organismo tomó intervención ante una denuncia contra la Policía. El polémico fiscal archivó una parte de la historia.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia intervino en una causa que lleva adelante el fiscal interino Federico Uriburu, que se desempeña ahora en Rosario del Tala.

El organismo, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, tomó intervención por tratarse de un caso en que se denunció apremios ilegales. Se trata de una causa que tiene denuncias cruzadas: por un lado un joven de 19 años lastimado dice haber sido golpeado por un agente de la fuerza; por el otro lado, la misma Policía apunta contra el conductor de un auto que se resistió cuando se lo quiso arrestar por no haberse detenido en el control.

El hecho ocurrió el 31 de julio cuando al vehículo del joven se le cortó el embriague y debió parar tres cuadras más adelante. Cuando el conductor volvió al puesto (caminando) comenzaron los episodios que hoy se pretenden dilucidar.

Frente al lugar de los hechos había cámaras de seguridad de un negocio. Son las que se pide que se incorporen, porque sería nodal para aclarar los acontecimientos, según reconstruyó Página Judicial.

Mientras se insiste por tener acceso al material audiovisual, el único con el que se podría esclarecer lo ocurrido por falta de testigos, el fiscal Uriburu archivó la denuncia por apremios ilegales, pero dejó en pie la denuncia de la Policía por resistencia a la autoridad. La jueza de Garantías es Silvina Cabrera.

Uriburu tiene una causa por haber acosado a la abogada de Nogoyá Florencia Alberto en un bar y luego, desde su lugar de funcionario judicial, emprender una seguidilla de maniobras de amedrentamiento dirigidos a su víctima y la pareja Martín Quinodoz, al punto tal de exigirle a la jueza de Paz de Lucas González que castigue a éste último, que tiene a cargo como empleado. Todo consta en la denuncia que no fue desmentida ni desestimada. Cliquear aquí.

Como el fiscal es interino y la responsabilidad recae en la Procuración General se decidió oxigenar la comunidad judicial de Nogoyá y trasladar el problema a Rosario del Tala. Ante la jubilación del fiscal Elbio Rojkin el 31 de diciembre pasado, se le ofreció hospitalidad a Uriburu.

En coincidencia con ese traslado sucedió el siguiente episodio: la pareja de Florencia Navarro, sobrina del diputado peronista de Tala Juan Navarro, que se desempeña como secretaria del Juzgado de Familia de la ciudad, fue enviado a Concepción del Uruguay. Se trata de Eduardo Santos. Estaba al frente de una Fiscalía en Gualeguay y concursó, pero quedó afuera de la terna. No obstante tuvo suerte. Consiguió instalarse en una Fiscalía en la ciudad de donde es oriundo. Redondo.

El diputado radical de Nogoyá, Gustavo Cusinato, había levantado las banderas del feminismo ante la violencia de género imputada a un integrante del Poder Judicial. Llegó a interpelar a la Banca de la Mujer. La ministra Rosario Romero, antes, había recepcionado el escándalo.

Lo cierto es que con el traslado del problema todo quedó solucionado (y todos con trabajo). Uriburu concursó en el Consejo de la Magistratura, pero no llegó a integrar una terna. Peor, quedó bastante mal posicionado.

El caso Uriburu configura un ejemplo más del vacío que existe en la institucionalidad entrerriana en torno al control de sus funcionarios. Ese control cruzado que establece la Constitución no llega a operar, porque antes llega el pacto. El acuerdo. La supuesta solución.

Primero la violencia de género. Ahora los derechos humanos. Uriburu sigue con el apoyo de los tres poderes del Estado.