Algunas reflexiones sobre el pedido de jury a los procuradores García y Goyeneche

16/08/2021

Los peticionantes de la denuncia contra los jefes del Ministerio Público Fiscal analizan el accionar de lo que entienden como corporación judicial con la causa de los contratos truchos como marco. La Asosiación de Magistrados y la respuesta del Colegio de Abogados que le siguió.

Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto (*)

 

Escribiremos algo breve y preciso para intentar poner un poco de claridad y no mezclar nuestro pedido de jury (que propios y extraños mencionan erróneamente como promoción de un juicio político), que si bien fue planteado a partir de hechos comprobados y comprobables en la llamada “causa de los contratos de la legislatura”, nada tiene que ver con esta causa en sí misma y, en modo alguno, la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento planteada responde a una suerte de “campaña de desprestigio contra la fiscalía o los fiscales,  ni para debilitar o menoscabar la investigación que llevan adelante”, como vociferan una y otra vez con cinismo y fingida victimización desde el Ministerio Público Fiscal a modo de cliché de ocasión y como para “salir del paso”, sin asumir que no han estado a la altura de las especiales circunstancias y que no somos –precisamente– nosotros, los promotores del jury, los responsables de las bochornosas presiones ejercidas sobre los fiscales causídicos por el propio procurador general, aunque sus subordinados lo nieguen una y otra vez. Para nada, y al contrario: auspiciamos la investigación a fondo –caigan quienes caigan– del caso más emblemático y millonario de saqueo de fondos públicos, como venimos haciendo desde hace años y en absoluta soledad en casos similares, y no seremos justamente nosotros –que denunciábamos en épocas en las que el  celoso e irritable procurador García era “sordo, ciego y mudo” ante evidentes y archi publicitados casos de corrupción–, quienes pondremos palos en la rueda en esta causa como en ninguna otra. Lo que no podemos ni debemos permitir es un simulacro de investigación, una auténtica “mise en scène” o parodia de pesquisa, que terminará en impunidad para los poderosos que realmente embolsillaron los fondos públicos y que no fueron destinados, precisamente, a campañas políticas, según nuestra opinión y sin pretender interferir ni enmendar la plana a los distinguidos y apreciados colegas que llevan adelante el rol de defensores técnicos de muchos de los imputados en la referida causa. Si es así, preferimos mil veces fuera del servicio de justicia a fiscales que no son objetivos, que incumplieron groseramente con deberes positivos (funcionales) a su cargo y que incurrieron en graves desórdenes de conducta, como el patético caso de la iracunda “fiscal anticorrupción” Cecilia Goyeneche, que primero ocultó y luego negó lo obvio y verdadero: su relación comercial no en uno sino en dos propiedades inmuebles con uno de los imputados en la causa, además  de guardar ominoso silencio sobre la estrecha relación laboral y amistosa de dos imputados (Opromolla y Krapp) con su cónyuge, Luis Sebastián Orlando Bertozzi, frente a lo cual su jefe directo, el procurador general Jorge García, nada hizo. Al contrario, en lugar de apartar inmediatamente a su adjunta esgrimió pueriles y falaces argumentos para bancar a lo que dé lugar a la mendaz y ocultadora procuradora adjunta, a cargo de la “Fiscalía Anticorrupción”. No nos interesa todo lo demás y no acostumbramos a opinar de causas en las que no intervenimos como defensores, querellantes o denunciantes (i.e., “los de afuera son de palo”, como dice la canción del oriental Jaime Roos).

En esta causa emblemática de los contratos (sin otro aditamento), los únicos y exclusivos responsables de que la misma empiece a derrumbarse y “empiojarse”, como decimos en lenguaje coloquial los abogados, son el procuradores general y su adjunta, quienes claramente, con absoluto e indisimulado desprecio por su inexcusable deber de objetividad, responsabilidad funcional, ética y de transparencia, han decidido, en un espurio y ostensible “acuerdo” con el poder político, recortar y fragmentar la causa que es una sola, de tal suerte de dar cobertura e impunidad a quienes fungieron de máximas autoridades políticas y administrativas de ambas cámaras legislativas durante el período investigado. Esa es nuestra reserva, nuestra observación esencial y en desaprobación de tan reprochable y miserable actitud de sendos procuradores, decidimos solicitar la formación de un jury de enjuiciamiento para ambos y su posterior remoción de los cargos ocupados.

Somos también plenamente conscientes –sea dicho sin eufemismos– que no por falta de pruebas, fundamentos y razones –que abundan, sobran y son contundentes– este pedido pueda no tener favorable acogida, sino precisamente por estas componendas políticas entre algunos funcionarios del servicio de justicia (Procuración General) y parte del poder político real, lo que de ser así sumará una vergüenza y frustración más para cientos de miles de entrerrianos que no saben otra forma de ganarse la vida que trabajando honestamente todos los días. Tampoco tenemos el monopolio del  “moralómetro” como parece sí tenerlo el procurador garcía para referirse sibilinamente a las “layas” ajenas. Lo que sí queda palmariamente comprobado es que su laya moral es incluso más pequeña que su estatura física, como que, de forma inversamente proporcional, sus incumplimientos funcionales y agachadas por doquier (vgr., pagar honorarios cargados a él en una acción de amparo con fondos del Poder Judicial o el vergonzoso arreglo de juicio abreviado con el ex diputado José Allende o proteger a síndicos falsificadores en un concurso, retirando a los fiscales de la investigación, por citar sólo algunas), tienen el tamaño de su inconmensurable ego. De todas maneras, aunque esta causa se rechace por las razones explicadas (i.e., obscuros acuerdos de impunidad con el poder político), en nuestro caso nos quedamos –sépanlo propios y extraños– con la conciencia absolutamente tranquila y muy en paz con nosotros mismos, sabiendo que mañana, al levantarnos, podremos mirarnos al espejo sin sentirnos lo que vulgarmente se dice unas mierdas. Quizás a otros el espejo les devuelva distinta realidad. De esta manera nos sentimos muy bien, aunque siendo sinceros nos gustaría mucho que cada vez sean más los honestos y honestas de esta provincia que, levantando su voz y convirtiendo la bronca en acciones concretas, le hagan tronar el escarmiento a nuestra clase dirigente, que hace ya mucho tiempo ha sacrificado convicciones y valores republicanos en el altar de las conveniencias personales. Ojalá quienes deban decidir en este jury estén a la altura de las circunstancias y que cualquiera sea su decisión, la misma sea fundada honrada y honestamente en sus libres convicciones. Ojalá estas situaciones límites en las que  se ponen a prueba nuestros temples y reales compromisos, pero también nuestros escrúpulos y cartabones morales, sirvan de una buena vez por todas, para dejar de ser los rostros vergonzantes de un mundo que mide sus valores en cifras.

Cuando estábamos próximos a cerrar esta nota, nos anoticiamos por los medios de un destemplado y deslucido comunicado de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que, desdeñando comprender las esenciales y reales cuestiones que están en juego ni la gravedad extrema de los hechos imputados a los fiscales García y Goyeneche, pero aferrados y encerrados en un anómico y autorreferencial espíritu corporativo, se han dado la innoble tarea de cuidarles el trasero y tapar las heces de un par de afiliados a ese colectivo que lisa y llanamente han incumplido sus funciones específicas y exigidas por mandato constitucional, incurriendo en mal desempeño y graves desórdenes de conducta que, por su enorme gravedad institucional, obstan su continuidad como procurador general y procuradora adjunta, respectivamente.

Señores de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, dicho con todo respeto, pero también con toda la sinceridad y lealtad que nos caracteriza, recomendamos a ustedes volver a repasar en clave axiológica el nivel de gravedad institucional que revisten ciertas conductas de sus asociados y que, en modo alguno, mal que les pese, puede ser motivo de repudio o de crítica, aunque sea velada y elíptica como la de vuestro comunicado, el ejercicio regular y constitucional de derechos por parte de abogados de la matrícula, sean los que desde las defensas técnicas plantean recusaciones o critican fallos o medidas de magistrados y funcionarios, como las de los autores de estas líneas que con toda seriedad y con sólidos fundamentos y profusa prueba, hemos decidido solicitar formación de jury para que se enjuicie al procurador general y a su adjunta.

Están confundiendo de modo muy peligroso y poco inteligente el ejercicio regular de derechos de letrados con un ataque o conspiración contra jueces o fiscales. Están derechamente, permítasenos decírselos de modo académico para no incurrir en groserías, expeliendo el resultado de la cadena de aminoácidos fuera del recipiente y sembrando, seguramente sin querer pero con inapropiada irresponsabilidad jurídica e institucional, un mensaje temerario y desalentador sobre quienes se atrevan a ejercitar mecanismos constitucionales para defender derechos y enjuiciar a jueces y fiscales cuyas conductas desandan el camino que les imponen las normas que rigen sus funciones y actividades jurisdiccionales e investigativas.

Sin ejemplaridad de nuestros funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esta provincia no tiene destino y el fracaso se insinúa como el desenlace seguro y fatal. La grave inconducta de la fiscal anticorrupción y de su jefe inmediato superior no pueden ni deben ser silenciadas ni ignoradas, pero menos que menos cubiertas y blindadas por un manto de impunidad. La nota trágica a esta realidad la suma la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que, en lugar de sentirse compungidos, preocupados, molestos y hasta avergonzados por los aleves desórdenes de conducta y mal desempeño funcional de sus superiores, lanzan un comunicado anodino que, en rigor, no dice nada, pero que deja en claro –en una suerte de metamensaje– que los jueces y fiscales son intocables y que cualquier crítica o pedido de enjuiciamiento que se les haga, deviene en una especie de atentado contra la imparcialidad e independencia de dichos funcionarios.

Para que les quede claro a todas y todos quienes desempeñan funciones en el servicio de justicia, sea en la magistratura o en el Ministerio Público Fiscal: ninguno de ustedes están exentos de controles y de ser sometidos al escrutinio público, a la crítica ciudadana y a los mecanismos de enjuiciamiento de sus conductas. Estamos, afortunadamente, en una república libre y transcurrimos nuestras relaciones sociales dentro de un Estado constitucional de derecho, donde nadie es más que nadie y donde las ínfulas de deidad y ciertos privilegios que pretenden algunas y algunos, muy lejos están de ser compatibles con el sagrado principio de igualdad ante la ley que consagra nuestra Constitución Nacional. Por tanto, no hay ni existe en los autores de estas líneas ánimo de perpetrar ataque alguno a la independencia del Poder Judicial, ni a las investigaciones llevadas a cabo, ni al rol de un fiscal anticorrupción, ni mucho menos la peregrina idea de que se pretende jaquearlo y así entorpecer y obstaculizar la acción de la justicia.

El comunicado de la Asociación es tan lamentable, como lamentables son las gravísimas inconductas en las que han incurrido los denunciados, y que devendría realmente en un escándalo institucional inédito y desopilante, que a toda costa se pretenda encubrir a dos funcionarios del Ministerio Público Fiscal cuyo mal desempeño, incumplimientos funcionales y graves desórdenes de conductas han quedado al desnudo y a la vista de la ciudadanía toda y, por si algo faltara, apontocados con profusa prueba de una contundencia irreversible, salvo que se apele tramposamente al contubernio entre poderes y otra vez a la perversa mentira, para desechar los cargos formulados y como es moneda corriente, se encumbre con buena salud doña impunidad.

Una cosa es el ejercicio regular de derechos y otra, muy distinta, es la violación de normas funcionales y éticas; como que también, por si algún consuetudinario desprevenido no lo entendiera, la ilegalidad no se combate con ilegalidad. Recuerden egregios magistrados y fiscales, que el terrorismo de Estado fue condenado en nuestro país, precisamente, porque el Estado no debe ni puede delinquir y de eso se trata. Una fiscal de la república no puede ni debe mentir, por acción u omisión y no puede ni debe abusar del poder conferido en beneficio propio o de terceros, como que tampoco su inmediato superior puede encubrir estas irregularidades graves e indecorosas y ser autor intelectual de disparatadas formas de administrar la política acusatoria del organismo a su cargo. Sería más importante, sin pretender dar consejos a nadie, que en esa Asociación por la que pasaron ilustres y connotadas personalidades del derecho en otros tiempos, se preocupen más por la biga en el propio ojo que por la astilla en el ajeno.

 

(*) Los autores de esta nota son abogados matriculados en el CAER; querellantes en representación de víctimas en causas de delitos de lesa humanidad;  Jurados Técnicos del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos; autores de varias denuncias por casos de corrupción y del pedido de Jury de Enjuiciamiento al Procurador General Jorge Amílcar Luciano García y a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción (int.) Cecilia Andrea Goyeneche.