El cachetazo a Allende fue para otros

08/08/2021

Cuando todo parecía llegar al momento del brindis, se pateó la mesa. El rechazo al juicio abreviado que favorecía al ex diputado abre la posibilidad de repensar todo. El cambio social que empuja a nuevas lecturas del proceso judicial. Lo que puede llegar a pasar.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

En las horas previas a conocerse la decisión del juez Elvio Garzón, los principales canales de Capital Federal se inundaron de imágenes de José Allende con casi un mismo zócalo: El sindicalista que debe devolver… Parecía que se estaba hablando de una cosa juzgada. Que el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa ya había sido homologado. Pero no.

El juez no solo rechazó el acuerdo, sino que ni siquiera hizo mención a lo que el poder le interesaba y expresaba en los principales medios: la plata. Dale, hablemos de lo importante.

Garzón rechazó el juicio abreviado haciendo hincapié en una de las tres causas que tenía Allende. La que encuadra en violencia de género. Impugnó la calificación legal en el delito que se le imputa contra la ministra Sonia Velázquez y que el fiscal Leandro Dato calificó de amenazas simples. Luego de analizar las pruebas y testimonios recogidos en la investigación, el juez consideró que deberían encuadrarse como coacciones agravadas, cuya pena mínima es de cinco años de prisión. Todo el paquete que había acordado el Ministerio Público Fiscal y la defensa consistía en la devolución de una parte del patrimonio mal habido y una pena de dos años y ocho meses condicional. La oferta incluía también enjuagar las amenazas a Martín Carboni y liberar a la familia Allende, salpicada por las maniobras de corrupción del mandamás de UPCN.

El juez no hizo una consideración global del acuerdo, solo refirió a la violencia de género. El dato no es menor si se lo pone en contexto.

Tras conocerse el rechazo y la necesidad urgente de cambiar los zócalos, hubo dos expresiones políticas. Una fue del Comité Departamental de la UCR de Gualeguaychú, que condenó la corrupción y repudió el “abominable enriquecimiento ilícito” de Allende. La otra voz fue la de la dirigente de izquierda, Nadia Burgos, que sostuvo que el caso “desnuda lo peor de los acuerdos entre la burocracia sindical, el Gobierno y el Poder Judicial”.

No hubo referencias al episodio Velázquez, que fue, en definitiva, el que determinó el rechazo y sienta un antecedente interesante en la jurisprudencia provincial. La violencia de género dejó de ser apenas una variable para convertirse en el elemento decisorio de lo que debió ser una megacausa y terminó en un abreviado, quizás fruto del “pacto” del que habla Burgos.

El partido del gobierno, el PJ, debió llamarse a silencio. Sobre todo por haberlo llevado a Allende en la lista de diputados durante veinte años. Durante el proceso de investigación solo dos mujeres tuvieron participación: las entonces ministras Laura Stratta y Rosario Romero, quienes presenciaron cuando Allende increpó a Velázquez. Según Garzón, en su resolución, la primera confirmó los hechos “categóricamente”, la segunda adujo no recordar lo que sucedió ese 24 de octubre en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio. El PRO tampoco se metió en un asunto en donde lo que se critica y quedó al desnudo es lo pretende: el poder.

Mayorías

La causa será apelada ante la Cámara de Casación Penal de Paraná. Sus integrantes son Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti. Por primera vez recae en un tribunal con mayoría de mujeres, aunque es posible que pidan su recusación por haber intervenido en una instancia anterior en el mismo expediente cuando anularon lo resuelto por José María Chemez, Alejandro Cánepa y Carolina Castagno al entender que Allende no había dado su consentimiento.

La Cámara puede aludir a que no resolvió la cuestión de fondo en su momento y por lo tanto quedarse con la causa. De lo contrario pasará a la Cámara de Casación de Concordia, en la que el 1º de septiembre asumirán sus titulares: María del Luján Giorgio, Evangelina Bruzzo y Darío Perroud, que ya se viene desempeñando en ese tribunal. Otra vez dos mujeres en tribunal.

El enriquecimiento ilícito de Allende llegó a sede judicial en abril de 2012 y recayó en manos del juez Gustavo Maldonado. Las amenazas y coacciones fueron posteriores: en 2016 y 2018.

Hay una visión pragmática, siempre desde la óptica  del dinero, que entiende que este era el momento para que Allende por lo menos devuelva un poco de lo que se llevó. Esa pretensión, ya en el plano de premio consuelo, es pura y exclusivamente culpa de la impericia judicial.

La herramienta de demorar los procesos para que el tiempo transcurrido los debilite y aparezca la resignación saquémosle algo se encontró esta vez con un inesperado producto de un cambio social impulsado por el colectivo feminista que empieza a sentar las bases de un nuevo paradigma. Hasta los pactos de impunidad deberán empezar a reformularse.