El Poder Judicial se mira al espejo

02/08/2021

El pedido de jury a la cabeza del Ministerio Público Fiscal deja de lado cualquier sospecha de la política. Los autores son los mismos que denunciaron a la dirigencia. La mayoría que resuelve habita el mismo ámbito.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

No es cierto que el Poder Judicial en su totalidad esté bajo el control político. O de la política. Los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que son designados a propuesta de la política, sí los juzga la política. Los demás deben defenderse ante el Jurado de Enjuiciamiento, cuya integración tiene una mayoría que se identifica con la comunidad judicial: tres vocales, dos representantes del Colegio de Abogados y dos legisladores. Es decir cinco que suelen circular los mismos pasillos en tribunales y dos sapos de otro pozo.

Es por eso que Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet no suman nombres y adhesiones en sus denuncias contra el Poder Judicial. Pelearse con un juez o fiscal implica, básicamente, entorpecer una relación con quien más temprano que tarde deberá resolver un legajo de un posible cliente. Más vale nos callamos y la dejamos pasar.

 La pregunta es quién controla a quien.

 El episodio entre Cecilia Goyeneche y el imputado Pedro Opromolla en la causa de los contratos truchos en la Legislatura no resiste el más mínimo análisis sobre si encuadra o no  en una causal de mal desempeño. Fue la propia procuradora quien dio su veredicto cuando se reveló la existencia de una segunda propiedad en sociedad con quien estaba investigando. Habrá dicho che, me voy, porque ya es mucho. Su jefe inmediato, Jorge García, le habrá dicho y sí.

Abogados defensores de esa causa la habían recusado, mientras que otros defensores prefirieron no hacer nada porque son conocidos de la procuradora. Tuvieron que venir dos abogados de afuera para presentar el pedido de jury. Son los mismos que sirvieron la mesa para que el Ministerio Público Fiscal prepare el banquete con la cabeza de Sergio Urribarri y compañía.

La gravedad del tema no contó con la opinión de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos, que en su momento habló de estar en peligro la “independencia judicial”.  ¿Hay una intentona desestabilizadora de Pagliotto y Mulet? ¿Son Pagliotto y Mulet serviles al urribarrismo al que denunciaron hace seis años, lo que les valió una importante presencia en los medios? ¿Son abogados que le hacen el juego a la impunidad al denunciar a los jefes del organismo que tiene el monopolio de la acción penal?

En la petición se hace un recuento minucioso de las pruebas que no se desprendieron de una pesquisa paralela de los abogados, sino que se conocieron a la luz del día en el marco de la investigación que llevaron adelante Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. Fueron ellos lo que hicieron allanamientos y se encontraron con que su jefa tenía un inmueble con el imputado. Fueron ellos los que embargaron a los sospechosos y se chocaron con la segunda propiedad que obligó a la procuradora a dar un paso al costado contradiciendo sus propios dichos cuando en audiencia pública negó cualquier relación comercial con el contador Opromolla y acusó, en tono kirchnerista,  a periodistas de querer embarrar la investigación que llevaría al banquillo a la primera plana de la política entrerriana. Cosa que por otra parte no ocurrió.

Qué deben estar pensando los integrantes del Consejo de Fiscales de Entre Ríos. En su momento pusieron el grito en el cielo en defensa de Goyeneche. El silencio actual invita a sacar conclusiones.

Lo que Pagliotto y Mulet narran en un cúmulo de aparentes inconductas que una mayoría judicial (tres vocales y dos abogados) deberán resolver. La pelota no sale de tribunales. Ahí se define.

El esfuerzo para un acá no pasó nada será trabajoso.