Contadores a juicio por inventar gastos de Cristina Fernández ante la AFIP

20/07/2021

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de tres contadores de la ciudad de Gualeguaychú por haber imputado falsamente operaciones comerciales a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por más de 16 millones de pesos. Dicen que se trató de un error aunque pretendían beneficiar la situación fiscal de sus clientes. Escuchalo en Audionoticias.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La noticia por sí sola parecía impactante: asediada mediática, judicial y políticamente, Cristina Fernández de Kirchner, esa figura magnética de la política argentina, se había resignado a una extraña y compulsiva afición de gastar y gastar ¡en Gualeguaychú!

No fue un viaje relámpago, tampoco el arranque de ira que se puede atribuir a un comprador compulsivo ni una operación inmobiliaria, nada de eso; fueron más de 4 mil operaciones comerciales por más de 16 millones de pesos en cuatro años.

El dato explotó como una bomba en la causa donde se investigaba si hubo lavado de dinero a través de hoteles pertenecientes a la familia de la ex Presidenta y resultaba tan extravagante hasta para el inefable juez Claudio Bonadío, que en el marco de esa causa había ordenado un seguimiento de todos los gastos y consumos de Cristina Fernández. Se detectó que entre junio de 2015 y noviembre de 2019 se realizaron 4.128 operaciones comerciales por 16.533.616,68 pesos en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

La investigación determinó que las operaciones comerciales habían sido cargadas en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desde una dirección de IP asignada a un estudio contable de Gualeguaychú.

Los que se descubrió es que todas las operaciones comerciales habían sido efectuadas realmente por otros contribuyentes que resultaron ser clientes del estudio contable regenteado por Manuel María Rossi y Diego Emilio Rébora, pero en el Régimen Informativo de Compras y Ventas de AFIP se cargaron en el CUIT perteneciente a Cristina Fernández como única compradora.

No se sabe a ciencia cierta qué motivó a los contadores a falsear los datos en tantas operaciones, aunque lo más probable es que utilizaran el CUIT de la ex Presidenta para “descargar” gastos de sus clientes. Sus defensores intentaron exculparlos argumentando que no hubo una intención de “disimular la real situación” de sus clientes y que apenas advirtieron el “error” en la carga de datos se rectificó la información.

Una maniobra similar se atribuye a otro profesional, Roberto Raúl Martinolich, también de Gualeguaychú, por haberle atribuido a la ex Presidenta una operación comercial que hizo en realidad un cliente suyo por 9.800 pesos; aunque en su caso dijo que se trató de un error de tipeo (sic) en la carga de datos en la página de AFIP y que fue subsanado apenas se advirtió, luego del allanamiento del estudio contable.

En cualquier caso, los contadores no niegan los hechos, sino que apuntan sus críticas a sostener la atipicidad de la conducta, es decir, que no hubo delito ni perjuicio al fisco.

Sea cual fuere el motivo, los contadores Rossi, Rébora y Martinolich fueron procesados por el juez federal Hernán Viri, que les atribuyó el delito de alteración dolosa de registros, que prevé penas de entre dos y seis años de prisión para quien adulterara deliberadamente los registros o soportes documentales o informáticos del fisco con el objetivo de disimular la real situación fiscal de un contribuyente. ¿Qué significa esto? Que los profesionales no están acusados de haber pergeñado una maniobra para perjudicar a Cristina Fernández sino porque pretendieron beneficiar a sus clientes.

El procesamiento fue confirmado recientemente por los jueces Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, de la Cámara Federal de Apelaciones, en una resolución en la que consignaron que las explicaciones de los profesionales, y especialmente en cuanto al error en la carga de datos, “se presentan poco creíbles atento sus conocimientos específicos, al ser contadores públicos y tener experiencia profesional en la materia”.

Esta resolución deja a los contadores al borde de un juicio oral y público, aún cuando el fiscal general Ricardo Alvarez ha recomendado profundizar la investigación para tratar de establecer los motivos que impulsaron a los contadores a obrar del modo que lo hicieron.

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