Procesaron a Schunk y Valiero en la causa de las cosechadoras truchas

08/07/2021

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná revocó el sobreseimiento de los ex funcionarios y empresarios involucrados en la causa donde se investiga la asignación de subsidios para una empresa que fabricaría cosechadoras para exportar. Los ex ministros Roberto Schunk y Diego Valiero, otros ex funcionarios de la administración provincial y los representantes de la empresa fueron procesados por fraude a la administración pública.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Es un giro inesperado en una causa que se convirtió en emblemática: el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Elvio Garzón, José María Chemez y Rafael Cotorruelo, revocó el sobreseimiento y dictó el procesamiento de los ex ministros Diego Valiero y Roberto Schunk, otros dos ex funcionarios y cuatro empresarios en la causa donde se investiga la asignación de subsidios por 5.574.500 pesos para la fabricación de cosechadoras para exportar.

Los ex ministros fueron procesados por los delitos de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta; mientras que los ex funcionarios Leandro Rodríguez y Teresita Mabel López, que ocupaban cargos en la estructura del Ministerio de la Producción, fueron procesados por defraudación a la administración pública.

En tanto, los empresarios Ricardo Vicente Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll, representantes de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, también fueron procesados por defraudación a la administración pública. El tribunal también dictó el procesamiento de Ricardo Javier Senor, aunque falleció el 27 de agosto de 2020, porque no se ha presentado el certificado de defunción al expediente y solo constan las noticias publicadas en la prensa.

Es interesante el análisis que hace el tribunal al señalar que Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA ni su antecesora BSV SA –que formaban parte de un conglomerado de empresas que conformaban el Grupo Senor– tenían capacidad económica ni solvencia técnica para llevar adelante el proyecto, pero sus directivos “desplegaron diversos ardides (…) con los cuales indujeron a error al Estado provincial, en base al cual éste efectuó disposiciones patrimoniales a favor de los sujetos activos, consistente en el otorgamiento de tres créditos promocionales; lo cual generó un perjuicio por cuanto no se montó una fábrica de cosechadoras sustentable en el tiempo”.

Ello, sin embargo, no exime de responsabilidad a los funcionarios públicos en cuanto a los deberes de control de la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las condiciones fijadas a la empresa. En ese sentido, destacaron que “no se controló de modo correcto que los obligados por el crédito efectuaran los aportes que les correspondían, de acuerdo a lo que se habían obligado al recibir los créditos” y esa responsabilidad se la atribuyen, específicamente, a Schunk y Rodríguez, que en ese momento era coordinador general de gestión en el Ministerio de la Producción. Incluso los informes que presentaron los funcionarios omiten “las demoras y las dificultades financieras” que tenía la empresa y, en cambio, sostienen que “el informe técnico concluye que la firma ha cumplimentado razonablemente los objetivos”.

De hecho, la empresa se había comprometido a presentar la primera cosechadora en abril de 2010, pero recién se pudo probar entre febrero y mayo de 2012, y esas pruebas fallaron.

Incluso Schunk terminó admitiendo que el último crédito, por 4 millones de pesos, se otorgó en febrero de 2011 sin haber solicitado las certificaciones a la empresa, ni se hizo una visita a la fábrica, ni se corroboró que los socios de la empresa hubieran cumplido con los aportes comprometidos y que los créditos se aplicaran efectivamente a la fábrica de cosechadoras. “Se concedió en tiempo récord (a pesar de que) en esa fecha la empresa ya afrontaba serios problemas financieros”, advirtió el tribunal.

En cuanto al ex ministro Valiero y Teresita Mabel López, entonces coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), que era el organismo otorgante del crédito, el tribunal afirmó que “integraban un equipo de trabajo” y, en ese marco, la funcionaria “emitió dictámenes acerca de la marcha del proyecto productivo, opiniones que confluyeron a corroborar el ardid”.

Crónica de un cuento de hadas

La historia se remonta a los primeros años de la gestión de Sergio Urribarri. El 18 de noviembre de 2009, a través del Decreto Número 4.432, se le otorgó a la firma BSV SA, del Grupo Senor, un préstamo de 574.500 pesos (equivalente a los 150.000 dólares que había solicitado) para la instalación de la fábrica en Concepción del Uruguay.

El crédito fue otorgado a través del Finver y allí se especificaba que “la Secretaría de la Producción y el Fondo de Inversiones de Entre Ríos serán los organismos encargados de controlar la marcha de la gestión y utilización del crédito en concordancia con los objetivos establecidos al tiempo de su otorgamiento, a cuyos fines requerirán a la firma BSV SA los informes que estimen pertinentes”.

Pasó todo 2010 sin que se cumplieran las metas anunciadas por la propia empresa de comenzar a producir en febrero y exportar maquinarias desde mediados de año. No obstante, el 15 de febrero de 2011, a través del Decreto Número 96, la empresa recibió otros 4 millones de pesos para ampliar la escala del proyecto. El nuevo crédito salió a nombre de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA “en formación”.

En los considerandos del decreto se señalaba “que el control de la ejecución del proyecto, el cumplimiento de todos los requisitos como así también la correcta marcha de la gestión utilización del crédito estará a cargo del Ministerio de la Producción, el que coordinará las acciones a desarrollar con el Finver”. También se especificaba que las entregas del dinero se realizarían “conforme avance la puesta en marcha del proyecto productivo” y que “los desembolsos bimestrales procederán previo informe técnico del Ministerio de la Producción sobre el cumplimiento de las metas fijadas”.

Recién el 11 de marzo apareció un prototipo de la cosechadora, que se exhibió en la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires; y ocho días después, el 19 de marzo, Urribarri firmó el Decreto Número 529 por el cual se le otorgaba un nuevo crédito a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, por 1 millón de pesos. El tribunal hizo notar que “el último crédito se concedió sin ninguna finalidad específica de afectación del dinero, siendo que es claro que la voluntad de la administración pública en concederlo era su aplicación al proyecto productivo propuesto”.

Los desembolsos se hicieron sin que la empresa cumpliera con los requisitos edilicios ni contables que se les exigiera en las inspecciones realizadas por el Finver ni el Ministerio de la Producción. ¿Dónde fue a parar el dinero? Los investigadores aseguran que no se utilizó para poner en marcha el emprendimiento productivo sino que terminó en los bolsillos de los empresarios o de terceros allegados.

Así hasta que el 18 de septiembre de 2012 la empresa se presentó en concurso preventivo de acreedores y el 14 de marzo de 2014 la justicia decretó la quiebra de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA. Las máquinas nunca se construyeron y el prototipo que se presentó aquella vez está desaparecido.

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