LEY DE ENGANCHE

Buscan destrabar el conflicto con los trabajadores judiciales

07/06/2021

El paro de los trabajadores judiciales agitó las aguas en los tribunales y también en la Casa de Gobierno. AJER reclama el fin de la emergencia y la restitución de la ley de enganche. Este martes habrá una reunión para buscar destrabar el conflicto, con participación de las autoridades del STJ, la asociación de magistrados, el gremio y el Colegio de la Abogacía.

Buscan destrabar el conflicto con los trabajadores judiciales

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Hay una canción del rock nacional que advierte que “las aguas turbias suben esta vez” y parece calzar justo en la situación que se vive en los tribunales, a raíz del paro decretado por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), ante la posibilidad de que se prorrogue la emergencia en la provincia más allá del 30 de junio.

El martes puede ser un día clave para destrabar un conflicto que la semana pasada ya generó un fuerte malestar entre los magistrados, operadores judiciales y sobre todo entre los ciudadanos que tienen asuntos pendientes en los tribunales.

El plenario de secretarios generales de AJER dispuso una modalidad de paro sin asistencia a los tribunales ni teletrabajo para los días jueves y viernes durante tres semanas exigiendo el fin de la emergencia.

La ley de emergencia solidaria grava al sector financiero, farmacéutico y a productores con más de mil hectáreas; sujeta los salarios de los trabajadores judiciales y de entes autárquicos y descentralizados a los aumentos que acuerde el Poder Ejecutivo con el resto de las reparticiones; y aumenta los aportes de trabajadores activos y jubilados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Se había aprobado para “asegurar el cumplimiento de funciones inherentes a la administración consistente en el sostenimiento y fortalecimiento de los sistemas de salud, seguridad, los servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de acuerdo al principio de equilibrio presupuestario”. La ley tiene vigencia hasta el 30 de junio y el gobierno no ha dado señales sobre si podría prorrogarla o no, aunque siempre se dijo que ello dependería de la evolución de las cuentas fiscales y del impacto de la pandemia. Por eso, en el gremio de los trabajadores judiciales abren el paraguas.

El reclamo, en realidad, se reduce a la suspensión del enganche que sus salarios tienen con los salarios de los magistrados y el que estos tienen con los salarios de la justicia federal. La ley emergencia solidaria suspendió la actualización automática de los haberes en el Poder Judicial entrerriano cada vez que la Corte Suprema se auto-otorga un aumento. En el tiempo que lleva vigente la ley de emergencia solidaria, el incremento salarial de magistrados, funcionarios y empleados judiciales ha estado atado a lo que recibieron los gremios estatales, incluso con sumas fijas no remunerativas. Y eso no les gusta nada.

“Los números de la provincia muestran que la ley de emergencia ya no tiene ningún sentido. El propio gobierno ha dicho que entre enero y abril hubo un aumento del 73,4 por ciento en la recaudación, respecto del mismo período del año pasado”, dijo hace unos días el secretario general de la Filial Paraná de AJER, José María Segura.

El paro no cayó bien en el country aunque nadie abrió la boca. De hecho, la tensión entre magistrados y empleados viene escalando desde hace varios meses, a raíz del silencio de las autoridades ante los reclamos que vienen realizando los empleados contra la ley de emergencia y por mejoras salariales.

La única voz que se alzó fue la del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos pidiendo una mesa de diálogo entre los distintos estamentos involucrados en el servicio de justicia “para encontrar soluciones alternativas ante la medida de fuerza anunciada por el gremio de los empleados judiciales”.

La reunión se concretaría este martes, con participación de autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ), del gobierno provincial (¿Rosario Romero?), de AJER y de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial. También se especula con la presencia de las autoridades del Colegio de la Abogacía, impulsores de la iniciativa. La premisa es “sentarse a dialogar para garantizar el servicio de justicia tal como lo plantea la Constitución Provincial”, como lo reclamó la entidad.

La reunión se presume tensa, con la discusión salarial como principal tema de conversación. Como se dijo, la emergencia suspendió el enganche automático de los salarios con los aumentos que dispone la Corte Suprema.

Entre Ríos es de las pocas provincias que tiene un enganche de estas características, cortesía de Sergio Urribarri. El asunto está en la agenda de Gustavo Bordet desde hace un tiempo e incluso se lo ha planteado a Alberto Fernández. “Varios gobernadores me contaron que en sus provincias está el enganche con la Justicia Federal. No puede ser. Es un problema. Resulta que un juez federal termina ganando lo mismo que uno de provincia”, dijo el Presidente en una entrevista. Pero no pasó de ahí.

Si la ley de emergencia solidaria fue un ensayo para medir el clima de los operadores judiciales, las reacciones anticipan que habrá tormenta si se decidiera eliminar el enganche automático. La asociación de magistrados había advertido que la iniciativa “comprometía seriamente la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia al exponer al Estado a un nivel de conflictividad indeseado”. Pero luego se comprometió a no realizar presentaciones judiciales mientras durara la emergencia. El pacto se cumplió. La entidad también le dejó al gobernador una propuesta: una emergencia pero con ley de enganche. Una especie de solidaridad de los otros. Bordet se comprometió a estudiarla, pero después no se habló más del tema.

Habrá que ver qué pasa el martes.