La UCR contra la Procuración: denunció persecución selectiva e impunidad

04/06/2021

En un documento se aseguró que “si existía alguna investigación penal que podía servir como indicador o variable para mensurar el grado de autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal era ésta”. Habla por primera vez un dirigente que fue legislador dentro del período investigado. Revela una charla con los investigadores. ¿Existe un delito de carácter federal electoral?

De la Redacción de Página Judicial

 

El Foro Radicales de Derecho, un ámbito que aglutina a los abogados e integra el Comité Provincial de la UCR, emitió un duro documento respecto al pedido de elevación a juicio de la causa sobre los contratos truchos en el seno de la Legislatura.

“Justicia o impunidad” se preguntan los radicales en el título del texto que llegó a la redacción de Página Judicial.

“El estrepito causado por la remisión a juicio de la causa penal que investiga la escandalosa exacción y otros delitos relacionados con fondos públicos asignados a la Legislatura entrerriana convoca en estas horas a buena parte de la política, la academia y la opinión pública. Es que el Ministerio Publico Fiscal parece haber ejecutado una medida de política criminal cuya lectura no deja margen de dudas ni tan siquiera para el más lego de los lectores: la persecución penal selectiva y acotada que busca la condena del eslabón más lábil de una cadena muy pesada de responsabilidades. Mientras tanto y cuando la pandemia azota con inusual dureza a nuestra provincia se perfecciona una maniobra institucionalmente gravosa que buscó perderse en el anonimato de los intereses de la sociedad, urgida como está con la angustia económica y sanitaria”, denunciaron los radicales.

Este martes, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry firmaron la resolución del legajo en el que se investiga el desfalco de mil millones de pesos durante una década (2008-2018) en el seno de la Legislatura. Ahora deberá resolver la jueza Marina Barbagelata si finalmente la eleva o rechaza la petición.

La sustracción de dinero público a través de contrataciones en las que los contratantes en algunos casos ni siquiera tenían asignada una contraprestación; llevará al banquillo al escalón más bajo de la asociación ilícita que se investigó y contó con estudios contables externos. La investigación no indagó sobre un recorte que se hizo en la pesquisa, donde en la Cámara de Diputados se obvió el período 2008-2011 presidido por Jorge Busti.

Para el Foro, “la resolución penal del Ministerio Público Fiscal en esta millonaria causa en perjuicio de los entrerrianos y en tiempos pandémicos avanza sesgada para dar impunidad a los ideólogos y grandes causantes de haberla permitido: los presidentes de ambas cámaras legislativas, marginándolos de la investigación y acusación y direccionando la persecución hacia la periferia también responsable de la cadena delictiva”.

Enseguida acusaron a la Procuración de haber hecho “una selectividad criminal en un legajo investigativo de la envergadura patrimonial, la trascendencia institucional y el impacto político” que revela.

Y apuntaron a “la vocación del acusador público por garantizar la impunidad de algunos o sus limitaciones políticas para avanzar hacia los centros del poder real. Si existía alguna investigación penal que podía servir como indicador o variable para mensurar el grado de autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal era ésta”, expresaron los abogados de la UCR.

Y agregaron: “Diez años de desvíos criminales de fondos y más de 1000 millones de pesos estimados en las maniobras (recursos que excederían para la compra de dosis e inmunizar a los más de 1.300.000 entrerrianos) exhiben un período premeditadamente elegido entre 2011 y 2018 que involucran administraciones de al menos tres vicegobernadores y otros tantos presidentes de la Cámara de Diputados, marginando de la investigación a mandatos legislativos y altos funcionarios sospechosamente omitidos en la pesquisa”.

“Limitar la persecución a quienes –sin desestimar sus eventuales responsabilidades en los hechos- constituyeron los ejecutores de una maniobra sistémica organizada y pergeñada profesionalmente por quienes debieron contar con el aval político de aquéllos que tenían o debieron tener el dominio de los hechos ilícitos – constituye una franca garantía de impunidad”, finaliza el documento.

 

No se quiere ir para arriba

Por Raymundo Kisser (*)

Seguramente, no sólo un periodista, o varios de ellos, se preguntan ¿por qué el apuro? de elevar a juicio la causa de los contratos truchos de la Legislatura. Esta pregunta también se la hace, sino toda la entrerrianía, por lo menos aquellos que pagamos puntualmente nuestros impuestos y observamos una conducta conforme a las normas que nos debieran permitir vivir en una sociedad de honestos, transparentes, donde el trabajo sea lo que realmente dignifique a todas las personas. Y digo esto porque evidentemente, para un sector de la sociedad, y con responsabilidad de gobernar, legislar y gestionar la solución de los conflictos que ella misma genera (llámese justicia), el trabajo ha dejado de ser la única herramienta idónea, legítima y digna para subsistir y realizarse o desarrollarse como persona en un Estado de Derecho, como debiera ser en nuestro país y en nuestra provincia.

Asistimos, con asombro algunos, y no tanto otros, cómo el Ministerio Público Fiscal de la provincia “eleva a juicio” una causa escandalosa, llamada como la de “los contratos truchos de la legislatura entrerriana”, sin haber profundizado, en lo más mínimo, la investigación, ya que se encontró a los autores del hecho, el modus operandi (relativa y aparentemente), el faltante del dinero en las arcas del Estado, pero curiosamente no se avanzó en la investigación para determinar a dónde fue a parar ese dinero ilegítimamente sustraído a todos los entrerrianos. Tampoco se investigó cómo se armaron los mecanismos para que ese dinero pudiera ser extraído de cajeros bancarios. Para que esos fondos llegaran a esos cajeros, hubo que confeccionar, seguramente, instrumentos idóneos que permitieran liberar los mismos, y desde luego, también las famosas tarjetas para extraerlos. No hay dudas que por sobre quienes fueron los apropiadores del dinero, hubo una cadena superior, y no sólo de colaboradores, sino de autores directos, necesarios e imprescindibles, en una especie de ingeniería financiero administrativa, para hacer posible que esos fondos salieran de las cuentas públicas y con el destino que hasta ahora no es claro.

Es evidente que esta investigación así llevada adelante no sólo no es ingenua, sino ex profeso incompleta, y mucho cuidado si no raya con lo delictivo, y seguramente que ello es así para que no terminara involucrada, con un gran escándalo de por medio, un sector de la mal llamada “clase política”, que ha hecho de ella, de la política, de baja intensidad su medio de vida.

Siendo legislador, no sólo me ocupé de promover investigaciones sobre presuntos hechos delictivos ocurridos en otros ámbitos, sino que también me ocupé por esta de los “contratos truchos” y ahí expuse ante los responsables de la investigación mi preocupación, dudas y reservas en esta causa de los contratos de la Legislatura, señalando que todo estaba muy bien, pero que era indispensable e ineludible investigar sobre quién o quiénes fueron los destinarios de los fondos “mal habidos”. Y con mucha soltura, para mi asombro y decepción, se me dijo que se lo había consumido la política, a lo cual respondí que ello era imposible, porque no era una suma de dinero insignificante. Pero, además, y si aun así hubiera sido, inmediatamente se debería haber dado intervención a la Justicia Electoral de la Nación, ya que se estaría frente a un financiamiento ilegal de la actividad política, lo cual es un delito federal.

Y sobre esta cuestión del destino de los fondos, cuya investigación debe profundizarse, si es que no se quiere terminar en otra frustración más para la sociedad en su conjunto, donde “la clase política” termina siendo la beneficiada, es necesario destacar que, con la actual legislación sobre financiamiento de la política, y campañas electorales, hay un control muy estricto desde la propia Justicia Electoral, y si en esta causa, el destino de los fondos fue la política, como se me ha dicho, es necesario que la Justicia Federal tome intervención, debiendo investigar en ese sentido. No así si se encuentra que los destinatarios usaron o ingresaron ese dinero en su patrimonio personal, porque ahí sí debe actuar la Justicia Provincial, y justamente por la tipificación penal que corresponda, ya que de legitimidad, ese dinero, seguro que no goza.

No tengo dudas que aquí no se quiere seguir la investigación “para arriba”, porque seguramente que surgiría una realidad, que no sé a cuantos, pero que, por lo menos, a algunos los dejaría en un lugar, no sólo incómodo, sino muy comprometido con la ley penal, y ni que hablar con la sociedad, que justamente clama por una conducta distinta de muchos de quienes dicen ser sus dirigentes o gobernantes. Es esto lo que debe hacer la Justicia, a través de la Procuración General de Entre Ríos, porque para eso está contemplada su presencia, como un poder dentro de la estructura del Estado de Derecho.

Ya no como ex legislador, sino como simple ciudadano, espero que quienes tienen la conducción de la política criminal en la provincia, es decir, el Ministerio Público Fiscal, mire y escuche un poco más el clamor de la sociedad, que está ávida de Justicia y de conductas ejemplares, y disponga lo necesario para que se avance en la investigación sobre la cadena superior o jerárquica de los que  hasta ahora están implicados en este “saqueo” del que han sido víctimas todas y todos los entrerrianos, porque ese dinero salió de los impuestos que con enorme sacrificio pagan aquellos que trabajan y producen diariamente, y que deben depositarlo en las arcas del Estado.

Es bueno recordar, y siempre: La sociedad necesita más y mejor justicia, menos amiguismo y nunca impunidad. Y esa,  es una tarea de todos.

 

 

(*) Senador radical en el período 2015-2019. Abogado