Contratos truchos
¿Por qué el apuro?
03/06/2021
El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación de la causa a juicio. Un abogado defensor se quedó esperando información requerida a través de un pedido al que se le había hecho lugar. Un decreto ignorado y una nueva tradición: ignorar la desaparición de documentos públicos.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
El 19 de octubre de 2018, casi un mes después de haberse iniciado la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura, Página Judicial publicó una nota en la que se hacía referencia a la figura del procurador general, Jorge García, como un “hombre indispensable” para la pesquisa que se había iniciado y que tenía a buena parte de la clase política en pánico. Aquí la nota.
La publicación se dio luego de que trascendiera en algunos medios que todos los presidentes de las cámaras legislativas iban a ser imputados en las próximas horas. Enseguida, el propio García, en un breve comunicado, manifestó que “las informaciones publicadas constituían meras especulaciones, propias de la libertad de expresión, que no se fundan en datos fidedignos de la causa ni reflejan la postura del Ministerio Público Fiscal en la investigación que recién comienza”. Aquellas palabras podrían utilizarse hoy, solo que la investigación ya terminó y aquellas “especulaciones” con el correr de los dos años fueron acumulando sobrada evidencia.
A continuación una evidencia documental. El 3º y 4º párrafo del decreto 128 de fecha 28 de abril de 2008 emitido por el entonces vicegobernador José Eduardo Laurito, establece el procedimiento de contratación de personal: los senadores deben solicitar al presidente del bloque la necesidad de la contratación y éstos dar el visto bueno para que el trámite ingrese finamente a la Dirección General de Administración del Senado. Allí se confecciona el instrumento contractual que debe ser firmado por el contratado y por el solicitante (presidente o senador), aclarando que el solicitante certifica que la firma del contratado es auténtica. El decreto, al final, exige que sea “el Presidente de la Honorable Cámara de Senadores quien autoriza mediante decreto la contratación”. Punto.
Ahí se ve la cadena de responsabilidades en la contratación.
A partir de esa resolución es que hace un mes el abogado defensor Damián Petenatti, representante de Alfredo Bilbao, integrante de uno de los estudios contables que formaban parte de la supuesta estructura delictiva, solicitó a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry que requieran a la Legislatura el origen de los contratos. Ya no quienes eran los contratados, información que se conoce desde el primer momento luego de los allanamientos allá por septiembre de 2018. Petenatti lo que quería saber es precisamente quienes los pidieron y autorizaron. El abogado, en su petición, pidió saber “concretamente qué legislador o autoridad del cuerpo ha efectuado la respectiva solicitud inicial del trámite”. La respuesta de los cuerpos legislativos llegó, pero Petenatti no se hizo de ningún nombre.
Esto no ocurrió hace un año, sino hace un mes. Los fiscales, este martes, solicitaron la elevación de la causa a juicio. ¿Existe esa documentación o ocurrió como en la Cámara de Diputados en el período 2008-2011, que aparentemente desapareció? ¿Puede el Poder Judicial tener la certeza que documentos públicos no existen y aún así cerrar una pesquisa? ¿Hay mala praxis judicial?
En resumen: el Ministerio Público Fiscal obvió, primero, la resolución dictada por Lauritto; luego Petenatti se quedó con una respuesta ambigua.
Las veces que hubo un intento de mirar un poco para arriba, la respuesta de la Fiscalía fue inmediata, se tapó los ojos.
El proceso de la pesquisa sucedió con el más escandaloso silencio de las fuerzas políticas en sus tres dimensiones: PJ, UCR y el PRO. Algún comunicado intentó justificar algo, pero no hubo un solo pedido de informes o interpelación alguna. Colaboracionistas mediáticos hicieron su trabajo. Y los días venideros harán lo suyo.