Gaillard propone sanciones alternativas para casos de narcomenudeo

20/04/2021

La legisladora entrerriana presentó un proyecto para modificar la escala penal para delitos de narcomenudeo, estableciendo la posibilidad de que los jueces impongan penas de prisión condicional o alternativas a la cárcel para los eslabones más bajos de la cadena. La iniciativa busca brindar a las poblaciones vulnerables herramientas para evitar la reincidencia. Escuchalo en Audionoticias.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La diputada nacional Carolina Gaillard (PJ-Entre Ríos) presentó un proyecto para modificar la escala penal para delitos de narcomenudeo, estableciendo la posibilidad de que los jueces impongan penas de prisión condicional (no efectiva) o alternativas a la cárcel cuando se trate de personas que no registren antecedentes por la misma clase de delitos.

El narcomenudeo es la venta de drogas en menor escala, un negocio que reconoce distintas fases dentro de la cadena del narcotráfico y, dependiendo de cada barrio o de los alcances de las distintas organizaciones, puede tener mayor o menor infraestructura. En la provincia se ha detectado un esquema representado por el dealer, el kiosco o el delivery.

El mapa que dibuja el narcotráfico viene demostrando que sin venta minorista no hay narcotráfico porque el gran negocio necesita una presencia en el territorio –que obtiene con la proliferación de kioscos– para tener un termómetro del consumo.

Frente a este nuevo escenario, a herramienta que ensayó Entre Ríos fue dar facultades a la justicia provincial para perseguir y juzgar el comercio, entrega, suministro o facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; los casos de siembra o cultivo de plantas cuando por la escasa cantidad surja inequívocamente que es para consumo personal o la entrega ocasional y gratuita; y cuando se trate de tenencia para consumo personal. Como en otras provincias, se ha demostrado el fracaso.

El proyecto de Gaillard no plantea devolver la competencia plena a la justicia federal –que sería tal vez la mejor solución–, sino que advierte la desproporción entre las penas que se fijan para el dealer y el jefe del negocio. En cualquier caso, la pena va de cuatro a quince años de prisión. “Dicha distinción no encuentra reflejo en la escala penal, ya que se ha establecido una misma pena para conductas de tráfico de estupefacientes de menor cantidad con aquellas destinadas a gran escala, resultando objetivamente desproporcionada su aplicación y ocasionando un notorio incremento en condenas por narcomenudeo en las provincias que adhirieron al sistema”, enfatizó la legisladora entrerriana.

El proyecto propone “pensar la posibilidad de otra forma de aseguramiento, distinta a la unidad carcelaria”, para las personas imputadas por delito de comercio minorista o narcomenudeo que no registren antecedentes por ese tipo de delitos y cuando se compruebe que las drogas incautadas “estén destinadas directamente al consumidor”.

Entre las alternativas que se plantean está la posibilidad de reducir el mínimo de la pena a tres años de prisión condicional que los jueces impongan penas de hasta tres años con la condición de someterse, en forma voluntaria, a medidas socioeducativas orientadas a conocer las consecuencias de los consumos problemáticos de sustancias y su relación con los tráficos ilícitos, realizar tareas comunitarias de pacificación de su lugar de residencia u otras medidas destinadas a evitar la reiteración de ese tipo de conductas.

Gaillard aseguró que “la experiencia demuestra que el encarcelamiento indiscriminado del último eslabón del comercio minorista de sustancias estupefacientes se encuentra muy lejos de resolver los problemas derivados del narcotráfico, y usualmente impacta en poblaciones particularmente vulnerables, agravando de por sí la grave situación en cárceles derivada de la sobrepoblación y sus consecuencias deletéreas como son el hacinamiento, la violencia institucional, la dificultad de acceso a derechos básicos y esenciales o el perjuicioso e ineficaz efecto de las penas de corta duración que distan de aportar a la resocialización”.

Las estadísticas abonan ese razonamiento: para finales de 2019, uno de cada cuatro personas detenidas en unidades penales estaba acusada por infracciones a la ley de drogas. Otro dato revelador indica que entre febrero y noviembre de 2019, el 55 por ciento de las investigaciones penales promovidas por la justicia provincial fueron por la venta al menudeo de cocaína, marihuana y psicotrópicos, con una preocupante tendencia de los fiscales a optar por calificaciones más graves y un incremento en la persecución de las conductas de tenencia simple (29,9 por ciento), tenencia para consumo personal (10,3 por ciento) y suministro gratuito (2,8 por ciento).

“La sobrepoblación carcelaria es uno de los principales obstáculos para pensar en un proceso de resocialización y tratamiento adecuado para las personas privadas de su libertad”, asegura Gaillard con los números a la vista.

Lo que no revelan las estadísticas es que las nuevas formas en que se presenta el negocio generan desintegración social y violencia; cambian las escenas de la vida cotidiana, los usos y costumbres de la gente de los barrios y algunos hogares devienen en bocas de expendio.

En ese sentido, el proyecto brinda a las poblaciones vulnerables herramientas para evitar la reincidencia en este tipo de hechos, “dando una respuesta constructiva a las lógicas exigencias de la sociedad”, enfatizó la legisladora.

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