Medidas de fuerza, coronavirus y restricción de actividades en el Poder Judicial

19/04/2021

El gremio de los trabajadores judiciales anunció medidas de fuerza en reclamo de recomposición salarial y los abogados piden que se garantice el servicio de justicia. La reacción del Superior Tribunal de Justicia fue una reducción de actividades presenciales por el aumento de casos de coronavirus. Surrealismo en su mejor versión.

De la Redacción de Página Judicial

 

El palacio de tribunales exhibe un clima enrarecido, con un prolongado reclamo de recomposición salarial que viene sosteniendo la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y el planteo que hizo el Colegio de la Abogacía para que se garantice el servicio de justicia en la provincia. Ante ese escenario, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) una reducción en las actividades presenciales… ante el aumento de casos de coronavirus (COVID-19) registrados en los últimos días, una salida por la tangente, podría decirse.

El gremio de los trabajadores judiciales viene sosteniendo desde hace varias semanas una serie de acciones de protesta en reclamo de mejoras salariales, que no se prorrogue la ley de emergencia solidaria –vence a fines de junio– y que el Gobierno abra una convocatoria a todos los sectores para debatir la sustentabilidad de Caja de Jubilaciones y garantizar el 82 por ciento móvil a los jubilados entrerrianos.

Hubo retención de servicios y quite de colaboración en distintas áreas, pero las protestas no han tenido ningún eco en el Poder Judicial. Tampoco el Poder Ejecutivo se ha manifestado. Ahora se anunciaron dos días de paro para los días 22 y 29 de abril.

La única reacción provino del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y está dirigida al Superior Tribunal de Justicia: que se garantice el esencial servicio de justicia en el territorio provincial.

El Colegio de la Abogacía reconoció el derecho a la protesta de los trabajadores y “que los trabajadores judiciales han visto congelados sus salarios desde hace más de un año”, pero la protesta restringe “el derecho a trabajar de las abogadas y los abogados entrerrianos” y “de los ciudadanos de acceder a la justicia para peticionar la tutela de sus derechos, que también son garantías constitucionales de igual rango”.

“Los principios de acceso a la justicia y la tutela se llevan a la práctica a través de la petición de justicia que realizan las personas ante los jueces (…) como también que los actos y decisiones judiciales deben realizarse en tiempo razonable, sin retardos ni dilaciones indebidas”, insistió el Colegio de la Abogacía.

El Superior Tribunal de Justicia, sin embargo, pateó la pelota a la tribuna: ni dio respuesta al reclamo de los trabajadores ni atendió la queja de los abogados; en cambio, anunció una reducción de las actividades presenciales en el country por el aumento de casos de coronavirus que, según dicen, “se replica hacia adentro del sistema judicial” (sic).

La medida regirá desde el martes 20 de abril hasta el viernes 30 de abril –aunque se podría extender– e implica la suspensión de las audiencias programadas del fuero penal que prevean la presencia de más de diez personas y la suspensión de los juicios por jurados programados para esos días. Solo se realizarán audiencias de manera telemática.

A través de un comunicado, desde el Poder Judicial se indicó que a raíz de la situación epidemiológica por la que transita la provincia de Entre Ríos, “y considerando la curva ascendente de casos de COVID-19 que se replica hacia adentro del sistema judicial, el STJ ha venido trabajando hace tiempo en la digitalización de expedientes y demás trámites, así como en el desarrollo de sistemas y de una infraestructura de puestos de teletrabajo que posibilitan que la presencialidad puede ser exceptuada en situaciones especiales, más aun cuando ello no supone una disminución de la capacidad de respuesta del servicio”.

Durante los días que haya restricción de actividades, se estableció un régimen de teletrabajo que deberá utilizar un tercio (mínimo obligatorio) del personal técnico y administrativo, mientras que las autoridades de cada organismo deberán asistir de manera presencial, a excepción de las personas de riesgo; se implementará doble turno de trabajo cuando el personal que se desempeña de manera presencial supere la cantidad aprobada por el área de salud ocupacional; y se prohíbe el ingreso a tribunales de personas ajenas al Poder Judicial.