Al Poder Judicial le falta política

25/03/2021

Los procesos judiciales por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar implican una interpelación permanente al rol del Poder Judicial. En el siguiente artículo, la abogada Lucía Tejera reflexiona sobre el sentido que tienen los juicios como escenario de disputa política, además del valor que importan para la reconstrucción de la verdad en términos jurídicos, y plantea la necesidad de avanzar en una reforma judicial que incorpore la perspectiva de género y conceptos de justicia social.

Ana Lucía Tejera (*)

 

La democracia moderna argentina ha estado atravesada por el reclamo contundente de nuestra sociedad a favor del proceso de memoria, verdad y justicia. La demanda de juicio y castigo siempre estuvo motivada por el sentido más elemental de justicia, con el valor adicional de defender los derechos y garantías de todas las partes y darle así legitimidad a estos procesos. Con el juicio y castigo y la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad en nuestro país, el Poder Judicial pasó a ser un escenario más en la disputa de sentidos, donde prima el derecho penal y la reconstrucción de la verdad en términos jurídicos.

En este escenario, quienes actuamos como abogades querellantes entendemos esa participación como un acto político. No hay otra forma de intervenir que no sea desde el compromiso político.

Los relatos y las historias que las atraviesan no pasan desapercibidos. Con estos juicios se nos devuelve a todes la historia política, social y colectiva de nuestro país y nuestra región. Graciela Daleo afirma que “las víctimas en estos juicios, han sido y son testigos y partícipes de la experiencia anterior al campo de concentración y de la resistencia antidictatorial”.

Esa resistencia nos transmitió los significados de la política. La política como herramienta de transformación de las realidades injustas. La política como comprensión de las desigualdades sociales, de que frente a problemas diversos no puede darse una respuesta uniforme. La política con la creatividad necesaria para poder comprender los procesos y conflictos sociales que atravesamos, y para pensar y repensar los dispositivos de abordajes ante cada situación.

El Poder Judicial hace política, eso es obvio y todes lo sabemos, pero no en los términos que pretendemos quienes propiciamos un Poder Judicial más democrático que se acerque a las personas, tanto a las que recurren a él como a quienes somete.

Quienes actuamos en las causas sobre delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en todo el territorio de nuestro país le imprimimos política al proceso, no solo porque estamos juzgando hechos ocurridos hace más de cuarenta y cinco años y disputamos que se comprendan con criterios actuales de interpretación, por ejemplo, la perspectiva de género, sino en la práctica misma de los operadores judiciales.

Porque en este andar advertimos que las declaraciones que prestan las víctimas y familiares no ocurren sin consecuencias, contienen un alto impacto jurídico y sobre todo simbólico. Se recuerda, se reactualizan los dolores, se vuelve a poner el cuerpo al horror; y necesariamente debe abordarse con las particularidades de cada caso.

Muchas veces no es posible para los y las testigos-víctimas declarar en las situaciones exigidas por las normas de rito y por ello se insta al Poder Judicial a comprender estas particularidades.

Se propician, a nivel nacional y en diversas provincias, dispositivos de acompañamiento para que ese tránsito, ese volver al horror, no sea revictimizante. Se logró que aquellos testigos que así lo requieran puedan estar acompañados por algún profesional que lo acompañe antes o durante su declaración. Logramos que las citaciones se realicen a través de programas que dependen de las áreas de derechos humanos y no a través de las fuerzas de seguridad, como se hace usualmente en cualquier causa judicial, porque estamos atendiendo a las particularidades de la causa, donde sus víctimas fueron sometidas a distintos crímenes por parte de esas fuerzas de seguridad como ejemplos concretos.

Los y las funcionarias del Poder Judicial fueron dando lugar a los relatos en clave biográfica de las víctimas y de los familiares sin estar obligados a ceñirse al hecho concreto que se investiga, porque de los testimonios en estas causas surgen relatos de vida que contienen una muestra de los ideales de la época, del compromiso social a través de la militancia organizada y de la política como herramienta para transformar las realidades injustas y también la resignificación de los proyectos colectivos para el desarrollo y la realización de las personas.

Siguiendo a Emilio Crenzel, quien analizó la primacía del paradigma jurídico en el examen de las violaciones a los derechos humanos en Argentina, también damos cuenta de que con estos juicios se evidencian las distintas facetas que tuvo el terrorismo de Estado a escala local, hay una resignificación sobre la idea de esas comunidades en relación con los crímenes de Estado porque el plan sistemático de exterminio tuvo diversas fases, tuvo el robo de bebés, tuvo las desapariciones y las muertes, tuvo el exilio y tuvo también la cárcel, como les tocó a una gran cantidad de víctimas en nuestra provincia, y ese acercamiento y comprensión de los hechos en lugares cercanos y cotidianos de nuestra provincia también es resignificativo en lo cultural y en lo político.

Entonces tenemos como desafío lograr que la política, entendida en los términos aquí descriptos, impregne las oficinas judiciales, trastoque las lógicas estancas de ese Poder Judicial tan ajeno a las realidades cotidianas, que los y las operadoras judiciales levanten la vista de los expedientes y miren a la víctima, al imputado, a las partes. Instamos a que se conmuevan con los conflictos sociales que les toca dirimir. Las respuestas no pueden ser homogéneas porque las realidades del pueblo son diversas.

En cada coordinación, articulación, intervención que realizamos entre colegas está presente, latente de manera implícita o explícita, la necesidad y urgencia de una reforma judicial, y sabemos todes que esa reforma tiene que ser feminista porque es el movimiento más revolucionario que nos toca protagonizar y que tiene a la justicia social como uno de sus fundamentos y objetivos.

Porque somos uno de los pueblos de América Latina que más ha luchado por la memoria, logrando el juicio y castigo a los genocidas y robusteciendo popularmente este proceso; mucho aprendemos de nuestras Madres y Abuelas y demás organismos de derechos humanos, mucho tenemos que seguir aprendiendo de este proceso de memoria, verdad y justicia para poder llevar esas transformaciones de comprensión del conflicto que se aborda judicialmente y ser creatives para acercar al Poder Judicial, como poder público del Estado, a todas las personas con respuestas concretas y reparadoras.

(*) Abogada querellante en causas por delitos de lesa humanidad y de violencia institucional.