JUSTICIA Y POLÍTICA
¿Otro caso de impunidad en Entre Ríos?
21/03/2021
Se trata de una causa en la que están imputados un ex ministro de Macri y el principal aportante de Fernández. La empresa periodística que Urribarri puso a su disposición y Bordet sostiene pese al despido de más de 80 trabajadores sin indemnizar. Nombres.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Las partes lo dejaron trascender. De un lado y del otro. La causa en la que se investiga el vaciamiento de El Diario de Paraná se declararía prescripta, según supo Página Judicial. A esa situación sólo se puede llegar, básicamente, por impericia del Poder Judicial. La denuncia la inició Dolores Etchevehere en 2013 luego que en abril del año anterior, el empresario santafecino Walter Grenón; y sus hermanos y madre llegaran a un acuerdo por el cual cada parte retiraría inmuebles de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora del matutino, por un valor equivalente a su participación accionaria; y así lo dejaron asentado en las actas del Directorio fechadas los días 16 y 20 de marzo.
El término “vaciamiento” surge de un intercambio de correos electrónicos que por esos días tuvieron Luis Miguel Etchevehere y el escribano Carlos Moro. Click aquí para ver todas las pruebas.
La causa que recorre ocho años en los tribunales estuvo en las siguientes manos: el que primero recibió la denuncia fue el fiscal Ignacio Aramberry, que pidió instruir al juez Alejandro Grippo. Luego el legajo recayó en el despacho de la jueza Evangelina Santana, quien pretendió “arreglar” sin suerte el litigio con una mediación. La fiscal Laura Cattaneo, la tercera integrante del Ministerio Público Fiscal, le solicitó a la jueza Paola Firpo, que desestime la denuncia y archive la causa. Firpo archivó.
Dolores Etchevehere apeló y el tribunal integrado por José María Chémez, Elvio Garzón y Miguel Ángel Giorgio hizo lugar a la apelación. Rafael Cotorruelo, como fiscal, pidió continuar con la causa. El legajo siguió dando vueltas en los tribunales con el correr de los años. Cayó nuevamente en la mesa de otro juez: Pablo Zoff. Siguió el turno de Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, quienes hicieron las imputaciones y pidieron las indagatorias en 2016. Firpo, reasumida en el juzgado, hizo lugar, pero no se concretaron luego de que se filtrara un audio de la magistrada y la recusaran. Entre idas y vueltas, la causa recayó en el fiscal Álvaro Piérola y el juez Carlos Ríos.
Éste último, Ríos, llamó a indagatoria el año pasado a los integrantes de las familias Etchevehere y Grenón. Fue 24 horas después de que el dirigente social, Juan Grabois, denunciara que en Entre Ríos rige “la Justicia del teléfono”. Esa frase, que incomoda a todos en los contornos de Plaza Mansilla, tiene como contrapartida un rotundo silencio. Lo que explicita, entonces, la permanente utilización del teléfono.
Dejar caer… pero con plata
Grenón, propietario de Red Mutual en Paraná y Santa Fe, se hizo cargo del paquete accionario mayoritario del diario a instancias de Sergio Urribarri cuando era gobernador. El matutino, con una abundante pauta oficial, se convirtió en el vocero de esa gestión. Incluso para instalar la figura de Gustavo Bordet como el sucesor cuando era intendente de Concordia.
El contenido del medio lo decidía el entonces ministro de Comunicación, Pedro Báez, quien en una extensa entrevista en la radio municipal de Paraná explicó detalladamente por qué se tomó el matutino como brazo comunicacional. Báez es el único que ha explicado públicamente las decisiones de entonces. En su momento fue el vicegobernador José Cáceres el único justicialista que recibió a los trabajadores de El Diario cuando comenzó la debacle en el seno de la planta de trabajadores. A continuación, la entrevista a Báez:
En 2018, el matutino despidió a 83 trabajadores sin el pago de la indemnización de ley que hoy se litigan en los tribunales.
El Diario se empezó a imprimir en Santa Fe porque cerró la rotativa propia. Eso sucedió cuando la empresa comenzó a ser gerenciada por Nahuel Caputto, de El Litoral, que firmó un contrato con los dueños del diario paranaense con opción a compra. A partir de allí comenzó a imprimirse en la planta Artes Gráficas del Litoral (AGL), que el matutino santafesino posee junto con el Grupo Clarín. El año pasado se venció el contrato y no hubo compra. El gerenciamiento estuvo todo este tiempo y por la mayoría, a cargo de Nea Capital Creativo SA, que en su momento puso a Grenón y luego a Ramiro Nieto, el empresario y director de televisión rosarino que supo ser el zar de Fútbol para Todos. La otra pieza, por la minoría, los Etchevehere.
En la actualidad el diario se encuentra en concurso de acreedores y funciona con alrededor de 40 empleados entre trabajadores de planta, pasantes y colaboradores. La tercera parte que en 2018. Según datos de la Sindicatura a los que tuvo acceso este medio, en septiembre de ese año imprimió en AGL 60.402 ejemplares, de los cuales vendió 33.659 unidades. En diciembre pasado, último balance registrado, la venta descendió a 16.812 ejemplares sobre 34 mil impresos en el mes. Es decir 542 por día.
La pauta oficial asciende a 3.300.000 pesos según el balance que dio a conocer Alexis Weitemeier, del estudio de abogados CMS de Rosario, que fue encomendado por Orlando Vignatti y Gustavo Scaglione, el nuevo dueño de Televisión Litoral y La Capital de Rosario, que suena como próximo comprador de las acciones a su viejo conocido Nieto. Pese a tener ese flujo de dinero, los pocos empleados que tiene la empresa han manifestado haber problemas para cobrar en tiempo y forma. ¿Dónde van esos fondos? Cuando Edgardo Kueider estaba al frente de la Secretaría General de la Gobernación, trabajadores despedidos del matutino advirtieron que ese dinero se estaba yendo por algún bolsillo y no a la empresa.
El mutualista de Santa Fe, Grenón, fue noticia en 2019 cuando su nombre apareció como el principal aportante a la campaña de Alberto Fernández. Etchevehere es uno de los entrerrianos que estuvo en la presentación del libro de Mauricio Macri. Esta semana, si se concreta lo que hoy circula, el Poder Judicial sepultará un escandaloso proceso de desguace que no midió en “grieta”. Sino que atendió, solamente, a intereses comunes. Económicos, privados a cuenta del Estado.