A un año del inicio de la cuarentena, hubo 25 casos de coronavirus en las cárceles

19/03/2021

Los registros oficiales detectaron una baja propagación del virus en las unidades penales entrerrianas. El Servicio Penitenciario admite casos en las cárceles de Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Se cumple un año de aquella presentación en que el presidente Alberto Fernández anunciaba el comienzo de la cuarentena. Aislamiento social, preventivo y obligatorio, diría esa noche; varios meses después cambiaría a distanciamiento; pero hace un año la medida daba cuenta de la gravedad de la situación en la que el mundo y el país se verían inmersos a partir del avance del coronavirus.

En el año que ha transcurrido, el Servicio Penitenciario ha tenido que administrar la pandemia y las tensiones –incluidas cuatro protestas de internos– que se generaron hacia el interior de las unidades penales para evitar un colapso sanitario.

Según registros oficiales, hasta el 25 de enero de 2021 se habían registrado 25 casos de coronavirus en las cárceles entrerrianas: diecinueve en la cárcel de varones de Paraná, dos en Gualeguaychú y cuatro en Concepción del Uruguay. No hubo fallecidos.

Otro informe, elaborado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, en tanto, relevó un total de 54 casos positivos de coronavirus en lugares de encierro en la provincia de Entre Ríos, hasta el 1 de marzo de 2021. La aclaración que cabe hacer aquí es que el concepto de “lugar de detención” o “lugar de encierro” incluye no solo a las unidades penitenciarias, policiales, instituciones de alojamiento de niñez y adolescencia, sino también a los establecimientos para adultos mayores, hogares de discapacidad y centros de tratamientos de adicciones donde haya personas en situación de encierro con el consentimiento (expreso o tácito) de las autoridades públicas.

Los protocolos que se siguieron en cada caso fue disponer el aislamiento de los casos sospechosos y sus contactos estrechos; y respecto al tratamiento, control y vigilancia de los internos confirmados como portadores del virus se acataron las instrucciones del comité de emergencia sanitaria y, en los casos que fue necesario, se dispuso la hospitalización.

Es sabido que las cárceles entrerrianas están al límite de su capacidad.

Según datos del Servicio Penitenciario, el 20 de marzo de 2020 había 2.667 internos distribuidos en las nueve unidades penales de la provincia; mientras que al 31 de diciembre había 2.498 personas privadas de la libertad, lo que hace una reducción del 6,8 por ciento de la población penal. Pero no todos están en la misma condición: algunos recibieron el beneficio del arresto domiciliario, a otros se les concedió libertad condicional o se incorporaron al régimen de libertad asistida y no pocos quedaron en libertad recién después de haber cumplido íntegramente su condena.

La irrupción del coronavirus provocó picos de tensión cuando las autoridades limitaron las visitas a dos personas por interno y más cuando directamente se prohibió el ingreso de familiares a las unidades penales.

Primero el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, luego los organismos de derechos humanos y finalmente el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) advirtieron sobre la crítica situación que se estaba viviendo dentro de las cárceles.

En respuesta a esos cuestionamientos, el Ministerio de Gobierno y Justicia dispuso una serie de medidas internas, “desde la desinfección de los pabellones, más limpieza, se proveen más productos de limpieza para el personal penitenciario y para los internos; para los detenidos se incrementó la entrega de productos que consumen en la cotidianeidad, como yerba y azúcar, y los familiares siguen teniendo la posibilidad de acercar cosas al penal y el personal penitenciario se los entrega a los internos. También hubo planteos de los internos que han ido resolviéndose”, según explicó la ministra Rosario Romero.

Para finales de marzo de 2020, los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen mediaron en representación del Colegio de la Abogacía en una huelga de hambre en la cárcel de varones de Paraná y luego elevaron un informe al Poder Ejecutivo en el que advertían sobre el cuadro de hacinamiento y la escasez de los más básicos elementos de higiene. Decían que “respecto a la provisión de elementos de higiene, si bien algunes internes manifestaron que se activaron y regularizaron a partir de las huelgas y distintas manifestaciones que se llevaron en distintas cárceles del país, todes admitieron que se les estaban suministrando (…) insumos básicos de higiene y prevención del virus”.

También hubo otros beneficios para los detenidos en unidades penitenciarias. Por el coronavirus, se suspendieron las salidas transitorias y las visitas; por eso el STJ autorizó a los internos el uso de teléfonos celulares para comunicarse con sus familiares mientras dure el aislamiento.

Lo cierto es que la emergencia sanitaria puso sobre la mesa la realidad carcelaria en la provincia y en el país. Sin embargo, la baja propagación del virus en las unidades penales entrerrianas revela, hasta cierto punto, el manejo de la pandemia.