La querella pide revisar el archivo de la causa por el crimen de Gabriel Gusmán

12/03/2021

Los abogados que representan a la familia del joven asesinado solicitaron al Ministerio Público Fiscal que se expida sobre pedido de desarchivo de la causa y que se cite a prestar declaración de imputado a dos policías. Los fiscales sostienen que los efectivos involucrados actuaron en una situación de legítima defensa.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Los abogados José Iparraguirre y Lucía Tejera, representantes de la familia de Gabriel Gusmán, solicitaron nuevamente el desarchivo de la causa y que se cite a prestar declaración de imputado a los dos policías que participaron del procedimiento en el que fue asesinado el joven.

En rigor, los abogados querellantes presentaron un pronto despacho para que el fiscal coordinador se expida sobre un pedido de revisión que hicieron el 10 de noviembre de 2020, seis días después de que los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull dispusieran el archivo de la causa contra los policías. A cuatro meses de aquel planteo, no han tenido respuestas del Ministerio Público Fiscal.

Gabriel Gusmán fue asesinado el 25 de septiembre de 2018. Ese día, los efectivos Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo, a bordo del Móvil 1021 de la Policía de Entre Ríos, acudieron tras recibir el llamado de una vecina que alertaba sobre una disputa entre bandas en el barrio Capibá. Cuando llegó el patrullero, aquellos que se enfrentaban a tiros se dispersaron. Gabriel Gusmán era uno de ellos.

Los testigos que han declarado en la investigación penal preparatoria distinguen el enfrentamiento entre las dos bandas antagónicas de la persecución policial posterior; y no pocos vieron a Gabriel Gusmán detenerse, levantar las manos y llevarlas a la cabeza en señal inequívoca de rendición.

Dos de ellos cuentan que en ese momento, el policía al que describen como “el más bajito y morocho”, que sería Molina, se bajó del patrullero, corrió, se afirmó sobre un poste ubicado en el lado izquierdo del terreno, apoyó una rodilla en el piso como en posición de tiro, sostuvo la pistola con firmeza, apuntó y disparó.

Los querellantes aseguran que existen “sobradas evidencias para sospechar suficientemente” que los policías asesinaron a Gabriel Gusmán y acusan a Molina como autor materialmente responsable del homicidio agravado y a Íbalo como partícipe necesario. Los fiscales, en cambio, dieron credibilidad a los testigos que sostienen que en su huida Gusmán efectuó disparos contra el móvil policial, desoyendo la voz de alto y, por lo tanto, actuaron en una situación de legítima defensa.

En su planteo ante el fiscal coordinador, y también al procurador general Jorge Amílcar Luciano García, los querellantes advirtieron que “se estaría incurriendo en retardo de administración de justicia, y por ende vulnerando el derecho de la familia Gusmán”. En ese sentido, señalaron que “la razonabilidad del plazo es un aspecto fundamental en la consideración del debido proceso, lo que conlleva a un control de constitucionalidad y convencionalidad ineludible para quien impulsa la acción por parte del Estado, y cuya función, no se agota en un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino (…) debe asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables”.

Mientras tanto, y a la espera de lo que digan los tribunales provinciales, los querellantes siguen analizando la vía más adecuada para presentar el caso ante organismos internacionales invocando una vulneración del principio de tutela judicial efectiva. Al respecto, citan un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que condenó a la Argentina por el homicidio de Walter Bulacio: “El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos’”.