El fiscal Delgado pidió la indagatoria de los Etchevehere por extorsión a Dolores

10/03/2021

El fiscal Federico Delgado solicitó la indagatoria de Luis Miguel, Sebastián, Juan Diego Etchevehere y de la madre de ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial por extorsión, en un contexto de violencia de género, a Dolores Etchevehere, en el marco del juicio sucesorio de su padre. Dice también que la causa debería seguir su curso en Paraná.

De la Redacción de Página Judicial

 

El clan Etchevehere sumó un nuevo dolor de cabeza: el fiscal Federico Delgado pidió la indagatoria de los hermanos Luis Miguel, Sebastián, Juan Diego Etchevehere y de la madre de ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial por extorsión en un contexto de violencia de género en perjuicio de Dolores Etchevehere, con el objetivo de desapoderarla de la herencia de su padre.

Delgado solicitó al juez federal Daniel Rafecas que cite a prestar declaración indagatoria a los integrantes del clan Etchevehere por considerar que asfixiaron económicamente y extorsionaron a Dolores para que se desprendiera de los bienes que le correspondían como heredera de su padre y que el ex ministro Luis Miguel Etchevehere hizo tráfico de influencias para perjudicar a su hermana, como parte de esa maniobra, según publicó el Proyecto Artigas a través de su página web.

Sin embargo, advirtió que la causa debería continuar en la justicia federal de Paraná, por considerar que “casi el 90 por ciento de la materialidad de los acontecimientos denunciados ocurrieron en la provincia de Entre Ríos. Allí viven los actores, allí está su patrimonio, allí tramita la sucesión cuya resolución es la clave de los problemas y en los tribunales de la provincia yacen los expedientes más importantes en los que se condensó el hecho”.

En su dictamen, el fiscal también ratificó el encuadre jurídico de violencia de género, derribó con pruebas los argumentos esgrimidos públicamente por los Etchevehere y explicó la utilización del “prestigio social y capital simbólico” de la familia Etchevehere, es decir su red de poder y vinculaciones político judiciales, para afectar el desenvolvimiento de instituciones provinciales y torcer la voluntad de Dolores.

Delgado resaltó además que los Etchevehere sometieron a Dolores “a un mecanismo de intimación derivado del uso particular del sistema institucional, para torcer su voluntad y que, en consecuencia, producto de la asfixia económica suscribió un acuerdo privado de división de bienes independientemente de las previsiones del Código Civil y Comercial en materia sucesoria”.

El acuerdo privado de división de bienes al que hace referencia el fiscal Delgado fue uno de los argumentos utilizados públicamente por la familia Etchevehere contra Dolores para solicitar el desalojo de los integrantes del Proyecto Artigas de la estancia Casa Nueva.

El dictamen del fiscal Delgado echa por tierra dichos argumentos. Sobre el acuerdo privado de división de bienes, sostiene que “no surtió efectos jurídicos” y agrega que “es decisivo tener en cuenta que el objetivo de todas las maniobras es conseguir una actuación de Dolores Etchevehere en ese expediente ‘a medida’ de sus hermanos y su mamá”.

Asimismo, a partir del análisis del expediente sucesorio asegura que “la sucesión de Luis Félix Etchevehere aún se encuentra indivisa” y que fue el propio magistrado a cargo del juicio, Martín Furman, quien informó que “no se han librado fondos en favor de ninguno de los herederos declarados y, por lo tanto, Dolores no recibió dinero y no integra el grupo de personas que administra los bienes sucesorios que aún no se distribuyeron”.

Los Etchevehere argumentan que Dolores cedió las acciones que había heredado en Las Margaritas SA, el conglomerado productivo de la familia, a la firma Mirus SA. Sin embargo, el fiscal Delgado advierte en su dictamen que el documento carece de validez porque Dolores Etchevehere no se encontraba en Paraná –donde se habría sido firmado el acuerdo– en esa fecha, sino que se encontraba en Buenos Aires, según los datos de localización del teléfono celular.

Delgado además ratificó el encuadre jurídico del caso en una situación de violencia económica, tal como la define la ley de protección integral a las mujeres, y citó los argumentos desarrollados por las profesionales de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Según el fiscal, el fracaso de Dolores a la hora de reclamar protección institucional radica en que algunas oficinas del Estado “por un lado acogen formalmente las peticiones de la denunciante, paralelamente despliegan mecanismos de persuasión para disuadirla de sus propias peticiones y se traducen en una asfixia económica capaz de cercenar la chance de auto-determinarse”. Ese movimiento doble “impactaba en la capacidad de Dolores Etchehevere de tomar decisiones por sí misma y le impedía (impide) vivir sin pedir permiso, como lo garantiza nuestra Constitución”.

Delgado identificó a las instituciones estatales y sus funcionarios como artífices de la violencia contra Dolores: “El termómetro adecuado que edifica la intimidación está dado por las respuestas informales de las autoridades provinciales a las que recurrió. Todas ellas trataron de disuadir su reclamo invocando el prestigio social y el capital político y simbólico de su familia. Ello prolongó su asfixia económica y se tradujo en un poder asimétrico dirigido a conseguir un acuerdo sucesorio a medida de los imputados. En esas prácticas que, en otras palabras, significan el uso particular de las instituciones públicas para la madre y los hermanos de Dolores Etchevehere yace la intimidación que cercena su voluntad y que se traduce en una situación de angustia económica”, detalló el fiscal.

Esta causa se inició en el fuero federal a partir de la denuncia realizada por Dolores Etchevehere, patrocinada por sus abogados Facundo Taboada y Juan Grabois, el 15 de octubre de 2020, el día en que irrumpió con el Proyecto Artigas en la Estancia Casa Nueva, en las cercanías de Santa Elena.