Casi la mitad de las víctimas de femicidio había denunciado a su victimario

08/03/2021

Un informe elaborado por la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia reveló que en el 44 por ciento de los femicidios que se registraron en la provincia en los últimos cinco años existían denuncias previas contra los victimarios. Los datos escalofriantes que interpelan a los tres poderes del Estado.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

–Puede ser que cuando termine muerta por culpa de él, la Policía, el juzgado y toda la mierda que tienen que hacer algo, puedan hacer algo… –decía Fátima Florencia Acevedo, unos meses antes de que se cumpla su presagio.

Hace unos días, un jurado popular condenó a Jorge Nicolás Martínez, el femicida de Fátima, aunque la justicia volvió a fallarle, otra vez. La suya fue una voz ausente en el juicio porque a nadie le pareció importante reproducir ante los doce ciudadanos que debían juzgar la conducta de su ex pareja, el acusado, los audios de ella relataba la inacción de jueces, fiscales “y toda la mierda que tienen que hacer algo”.

Nadie la escuchó, ni antes ni ahora. Esta vez, en realidad, eligieron acallarla. Esconder el problema. Los que antes habían culpado al “sistema”. Saben qué, a Fátima no la mató el sistema. El autor material se llama Jorge Nicolás Martínez; pero los autores mediatos fueron los operadores del sistema, jueces, fiscales, funcionarios ejecutivos y legisladores, con nombre, apellido, responsabilidades y cargos, que son quienes toman decisiones –o deberían hacerlo– para evitar la violencia de género.

En 2020 se produjeron cinco femicidios en la provincia de Entre Ríos: Viviana Barreto, Fátima Acevedo, Romina Roda, Julieta Riera y Gisela Grispi. Eran mujeres jóvenes –todas menores de 40 años–, madres, que fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas. Y cuatro de ellas habían denunciado previamente a sus victimarios por delitos de desobediencia de disposiciones judiciales, lesiones, amenazas y/o violencia física o psicológica; y en algunos casos se comprobó luego que las algunas víctimas sufrían también violencia patrimonial, económica y/o sexual, aunque no lo denunciaron.

En la última década en Argentina hay un promedio de un femicidio cada veintinueve horas, cifra que se mantiene casi idéntica en los dos primeros meses de este año; y solo en 2020 se registraron 295 muertes de mujeres por razones de género en todo el país.

Según estadísticas del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav) del Superior Tribunal de Justicia (STJ), entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 se registraron cuarenta femicidios en la provincia de Entre Ríos.

A pesar de que algunas de estas mujeres habían tenido acceso a la justicia y habían realizado alguna denuncia previa contra sus parejas o ex parejas por violencia de género, igualmente fueron asesinadas. Un informe publicado en septiembre del año pasado reveló que en el 56 por ciento de los expedientes analizados, “no figuran antecedentes de denuncias previas contra el/los victimario/s, ni en sede penal, ni civil”. Como contracara, “en el 44 por ciento de los femicidios, existían denuncias previas contra los victimarios”.

Pero en los tribunales no todos parecen haber aprendido las lecciones del femicidio anunciado de Fátima.

Durante el año 2020, se tramitaron en los tribunales entrerrianos un total de 11.685 expedientes por situaciones de violencia de género, en sede civil, de familia y penal, de los cuales el 42 por ciento corresponden a casos de violencia familiar, el 40 por ciento fueron denuncias por violencia contra la mujer y 18 por ciento corresponden a delitos vinculados a dichos tipos de procesos penales por amenazas, lesiones, desobediencia y femicidio.

El registro es similar al que se registró en 2019 y levemente superior a los años anteriores.

Pero en el acumulado entre 2016 y 2020 se registraron 63.069 denuncias por situaciones de violencia familiar, violencia contra la mujer y expedientes penales; con el escalofriante dato de que hubo 7.331 redenuncias, lo que significa que el 11,6 por ciento de las mujeres ya había hecho denuncias anteriores.

Tres departamentos concentran casi la mitad de las denuncias registradas en ese período: Paraná (25,2 por ciento), Concordia (13,1 por ciento) y Uruguay (6,5 por ciento).

Las características que presenta este flagelo, reflejado principalmente por el ámbito privado en que se cometen casi la totalidad de los hechos que llegan a los tribunales, así como el vínculo entre la víctima y el victimario, sumada a las obligaciones que tiene el Estado para la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, imponen que las investigaciones incluyan una perspectiva de género y un abordaje particular. Pero la realidad muestra otra cara.

Un dato que no debería pasar inadvertido es que hasta marzo del año pasado solo el 46 por ciento de los magistrados entrerrianos había asistido a talleres de formación en género organizados por la Oficina de la Mujer, a pesar de que el STJ dispuso la obligatoriedad a partir de 2018, incluso antes de la sanción de la Ley Micaela.

Este escenario empuja a las mujeres a las calles en diferentes ciudades para pedir la sanción de una ley de emergencia en violencia de género y la implementación de políticas públicas integrales. El reclamo del movimiento de mujeres interpela a las mujeres entrerrianas que cumplen funciones en los tres poderes del Estado para que “busquen recursos para contener a las víctimas de manera humana, con el fin de prevenir y erradicar la violencia”.