Advertencia del Colegio de Abogados por la reforma del juicio por jurados

07/01/2021

El Colegio de Abogados salió a defender la ley de juicio por jurados, que el Ministerio Público Fiscal pretende modificar limitando su alcance en los delitos de violencia de género y abuso sexual. “Rechazamos cualquier intento directo o soslayado de planteos de inconstitucionalidad de la norma”, expresaron desde la entidad.

De la Redacción de Página Judicial

 

El Colegio de Abogados de Entre Ríos expresó su preocupación ante la Instrucción General Número 02/2020 de la Procuración General que objetó algunos artículos de la ley de juicio por jurados, sancionada por unanimidad en la Legislatura y con el aporte previo de la comunidad judicial y especialistas de la materia.

El procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, junto con el Consejo de Fiscales, ordenó a los fiscales que se opongan a que los casos de violencia de género y abuso sexual sean juzgados por jurados populares y que al momento de selección de los jurados pregunten si han hecho cursos de capacitación en cuestiones de género.

“Como impulsores de pre-proyectos y conspicuos participantes del proceso de sanción de la ley que nos rige en la actualidad, bregamos por la plena vigencia de la norma que fue oportunamente ampliamente debatida en encuentros provinciales, foros y en ambas cámaras de la Legislatura”, sostuvo la entidad a través de un comunicado.

“El texto legal contiene los resortes necesarios para garantizar la tutela judicial efectiva tanto a la víctima como a quien debe ser juzgado, garantizando de esta forma todos los derechos de raigambre constitucional y de pactos internacionales incorporados por la Constitución Nacional y leyes de nuestro país”, agregó el texto del Colegio de Abogados.

En ese marco, la entidad rechazó “cualquier intento directo o soslayado de planteos de inconstitucionalidad de la norma, o limitaciones a distintos tipos delictivos que por la pena que les corresponde están comprendidos en el texto legal” advirtió que actuará “en derecho, dentro de las facultades que poseemos a su defensa, porque estamos convencidos y comprometidos a que la democratización del proceso penal con la participación directa de la ciudadanía jerarquizan nuestra sociedad y colocan a nuestro sistema judicial como adelantados en el país, cumpliendo así con la manda constitucional vigente desde 1853”.