Circo

04/01/2021

El acuerdo que beneficiaba al ex diputado José Ángel Allende y que había sido rechazado vuelve a estar a salvo. El Ministerio Público Fiscal viola la Constitución. Los organismos institucionales no funcionan. El silencio manda y siembra impunidad.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El año 2020 cerró con dos episodios propios de la institucionalidad de Entre Ríos. Una conjunción que consiste en el atropello judicial y el silencio político. La síntesis de esa fórmula, en el idioma ciudadano, es “que se vayan todos”.

El 30 de diciembre la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti, declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado para José Ángel Allende que el Ministerio Público Fiscal –en tono de defensa del ex diputado– acordó con los defensores del ex legislador y dirigente gremial. El argumento para que se constituya otro tribunal y vuelva a analizarse el acuerdo rechazado por José María Chémez, Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno fue que al momento de leerse el acuerdo a Allende no se le preguntó si prestaba su consentimiento.

Esa formalidad a la que apeló el apéndice del Ministerio Público Fiscal se cae en un segundo si se repasa el proceso en el que el juicio abreviado tuvo dos audiencias y una vez dictada la sentencia los defensores Julio Federik y Leopoldo Lambruschini apelaron como cualquier defensa.

Ese detalle de formalidades con que la Cámara de Casación Penal favoreció a Allende es inverosímil si se lo compara con testimoniales que suelen tomar los fiscales en el interior de un auto o un taxi, enmarcado en las informalidades que permite el Código Procesal Penal de la provincia.

El dañado en todo esto sería Perotti, de intachable conducta en la comunidad judicial. El juicio abreviado dejó muy expuestos los intereses de quienes querían y quieren que finalmente se ratifique un acuerdo muy beneficioso para Allende. Las sutilezas ya no hacen falta.

Allende se declaró culpable de haber incurrido en negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, violencia de género y amenazas. El caso lo deberá llevar adelante otro tribunal.

Al día siguiente, el 31 de diciembre, se dio a conocer lo que adelantó Página Judicial el 24 de noviembre: el fiscal interino de Nogoyá, Federico Uriburu, será trasladado a Rosario del Tala luego de la escandalosa causa con evidencia de sobra que pesa en su contra tras la denuncia de la abogada Florencia Alberto.

El último día del año se jubilaba Elbio Rojkin y para esa vacante se pensó en Uriburu. Lo dispuso el Ministerio Público Fiscal, de quien depende el funcionario denunciado. Sacarlo de la jurisdicción no es otra cosa que reconocer el conflicto. Pero todo es peor cuando se revisan las ternas del Consejo de la Magistratura y el fiscal acosador quedó lejos de integrar una terna. La Procuración General, al mantenerlo en el cargo, incumple la Constitución Provincial en su artículo 207, que obliga a recurrir a una terna para cubrir los cargos vacantes.

Seguramente la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos dirá algo al respecto. Estas cosas no las tolera. Hace unos meses, en una entrevista con este medio, Alejandro Cánepa, el vicepresidente de la entidad, sentó posición al respecto.

Otro ámbito inquietante que por estas horas debe estar transitando momentos de tensiones es el Consejo de Fiscales de Entre Ríos. Cuando la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche fue acusada de ser socia de uno de los imputados en la causa contratos truchos en la Legislatura salió con un documento a defenderla. Luego de conocerse que no era una sino dos las propiedades que tenía con Pedro Opromolla no quedó más espacio que el silencio. Pues bien, otra vez un fiscal bajo la lupa. ¿Qué dirán?

Que Uriburu sea trasladado a Rosario del Tala debería tener con los pelos de punta, por ejemplo, a Juan Navarro. ¿O el acuerdo fue con la venia del presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados?

Dos integrantes del Gobierno, en una charla informal, se mostraron enojados con este medio al entender que se le da más importancia de la que se debería al dirigente Juan Grabois, a quien acusan de “pegarle a (Gustavo) Bordet gratuitamente”. Es posible que sea injusto que el Gobernador ligue las bravuconadas del militante como único culpable. Ahora, ¿qué cosas de las que dijo –saquemos los nombres propios– son mentira?

La Justicia es un poder cuyos lugares más importantes se ocuparon por designaciones de gobiernos justicialistas en los casi últimos veinte años. Eso explica, quizás, que en Casa de Gobierno solo sea el silencio la salida. Como también explica que el radicalismo tenga salidas de ocasión para salir del paso, pero no tenga la voluntad de revisar las conductas de quienes gobiernan en los tribunales a través de los institutos constitucionales. Lo mismo el PRO. Un comunicado el día de la noticia es suficiente. Mientras tanto, “la Justicia del teléfono”, dice Grabois, y se enojan en el círculo rojo y sus comunicadores.

En el femicidio de Fátima Acevedo la culpa fue pura y exclusivamente del Poder Judicial, sin embargo, la multitudinaria convocatoria en Plaza Mansilla expuso los rostros en carteles no solo de los funcionarios judiciales, sino también del Gobernador y la ministra de Gobierno, Rosario Romero. El ciudadano medianamente informado que se interesa por lo público intuye. Lo de Bordet se entiende, es la autoridad máxima de la provincia, pero por qué Romero. ¿Se sabe que es también ministra de Justicia o hay otras asociaciones?

Los cercos informativos se empiezan a romper y a desestabilizar los esquemas establecidos hace años. Por eso a Grabois algunos le publican. Cuando los silencios empiezan a llenarse, florecen las tensiones.