El STJ apunta al Consejo de la Magistratura

16/12/2020

La Sala Penal hizo un interesante señalamiento sobre los procedimientos en el órgano que evalúa y selecciona a los funcionarios judiciales. Por elevación la ligó el Ministerio Público Fiscal.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) emitió un documento, a modo de reflexión, ante el llamado a concurso para titularizar juzgados de garantías. En rigor, el Consejo de la Magistratura convocó a cinco procesos (252, 253, 254, 255 y 256), con los que se cubrirían todos los lugares hoy ocupados de forma interina hace años.

El texto, de reflexión, lo firma la Sala Penal integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Angel Giorgio.

“El sistema procesal penal acusatorio vigente en la provincia, al que hemos adherido sin reservas y concurrido a su más eficiente implementación y funcionamiento, presenta particularidades que merecen muy especial atención al momento de la conformación adecuada de los cuadros de magistrados que deben intervenir en el proceso, cuya función de selección compete inicialmente al Consejo de la Magistratura, luego propuesta del titular del Poder Ejecutivo y, finalmente, acuerdo del Senado”, prologa el documento y, enseguida, viene el cachetazo: “La única jurisdicción en que la cabeza del Poder Judicial o representantes de su órgano colegiado sorprendentemente no integra el Consejo de la Magistratura ni tiene intervención alguna en su proceso de selección es en la Provincia de Entre Ríos”. Esto es que no hay un sólo vocal en el órgano que evalúa y selecciona los magistrados.

Los vocales se encargaron de subrayar el “conocimiento y experiencia” del Consejo y la participación de los ámbitos académicos y de las ONGs, aunque decidieron expresar “algunos aspectos que no favorecen la transparencia e imparcialidad del órgano asesor en su proceder”.

Reiteración y sospecha

Apuntaron a la “reiteración de jurados técnicos en concursos del fuero penal”. Ese señalamiento, el de especificar el fuero, no puede ser leído en otra clave que no sea el enfrentamiento con el Ministerio Público Fiscal.

En limpio. Los fiscales –según un informe periodístico publicado recientemente y que no se ha desmentido – están en un 70 por ciento de manera interina. Los jueces de garantías, cuyas vacantes dependen del STJ, están en la misma situación. En resumen: todo está mal.

Lo cierto es que los vocales manifestaron la conveniencia que en los concursos –en el fuero penal – “se proceda en todos los casos a un sorteo público de aquellos jueces, abogados y académicos que fueran invitados a actuar como tales, a fin de aventar toda sospecha de direccionamiento del evento, sugiriendo incluso volver a la histórica costumbre, desde el nacimiento del Consejo de la Magistratura, de buscar que el jurado técnico representante de la Magistratura se corresponda en su función con el rol del cargo a concursar”.

Impugnación

El STJ ve “altamente inconveniente que, en un sistema procesal en el que el Ministerio Público Fiscal tiene la potestad de promoción y ejercicio de la acción penal pública, así como de conducir las investigaciones consecuentes con el control de los jueces de garantías -únicos límites al poder de los fiscales-, sea precisamente la procuradora adjunta quien integre el jurado de selección de los ocho cargos vacantes de jueces de garantías existentes en la provincia”.

Decodificado. La Sala Penal está diciendo que la contraparte de los fiscales, es decir los jueces de garantías (quienes deberían garantizar el equilibrio del sistema acusatorio), no sean evaluados por Cecilia Goyeneche. Es decir que no sea la coordinadora de los fiscales la que seleccione a quienes revisarán las actuaciones de sus subordinados. Esta discusión se suscita por el verticalismo en que se rige el Ministerio Público Fiscal. Un ejemplo: si el fiscal Ignacio Aramberry quiere ampliar la investigación en la causa de los contratos truchos y Goyeneche o el procurador García deciden lo contrario se impone la decisión de los jefes. No es un cuerpo colegiado.

Los vocales vuelven a insistir con la procuradora adjunta al señalar que está como integrante del jurado técnico. Lo mismo con Daniel Domínguez Henaín, en representación del estamento Académicos; quien n ya estuvo en los concursos anteriores. “El Consejo de la Magistratura es muy abundante y cuenta con otros muchos (130) prestigiosos académicos de diversas universidades y muy variadas tendencias dogmáticas, no advirtiendo razón alguna que justifique la reiterada convocatoria al mismo jurado”, cierran los vocales su reflexión.

En el fondo aparece una pregunta inquietante: quién maneja el Consejo de la Magistratura.