Un largo proceso hacia el juicio por jurados, hoy realidad en Entre Ríos

14/11/2020

La provincia de Entre Ríos dio un paso histórico en materia de justicia penal con la realización del primer juicio por jurados. La ministra Rosario Romero, repasó el proceso hasta la sanción de la ley y destacó la puesta en vigencia de este instituto como “un genuino avance en el acceso a la justicia”, a la vez que mencionó la necesidad de revisar el recorrido que tenga en los tribunales para “ir corrigiendo y perfeccionando el sistema de jurados”.

Rosario Romero (*)

 

Podríamos considerar que el juicio por jurados siempre estuvo. De algún modo, aquellos constituyentes que prohijaron la Constitución Nacional de 1853, sobre las bases de Juan Bautista Alberdi, tuvieron sin dudas en la mira que los ciudadanos tenían que emitir su veredicto en los procesos judiciales.

Viví, como convencional constituyente y mujer involucrada en la política, el proceso previo a la reforma de la Constitución Provincial que en 2008 nos dio el texto vigente. Cuando se habilitó la reforma, en modo alguno, nadie insinuó modificar la previsión de los jurados para los procesos penales en Entre Ríos. Quedó así prevista, en el actual artículo 122 inciso 23, la facultad de la Legislatura de “dictar las leyes de organización y de procedimientos de los tribunales ordinarios y la del juicio por jurados”.

Esa manda constitucional fue incumplida hasta noviembre de 2019, en que se sancionó la Ley Número 10.746 de Juicio por Jurados (promulgada el 7 de noviembre de 2019). Se alinearon las voluntades, se lograron los consensos, generándose, a partir de la decisión del gobernador Gustavo Bordet, la voluntad coincidente de los otros poderes del Estado: tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial bregaron por la norma, participando activamente en el proceso de elaboración primero –fue un proyecto de ley del Poder Ejecutivo– y con posterioridad, en el debate legislativo en ambas cámaras.

Debo decir que desde la recuperación democrática de 1983 muchos fueron los intentos de incorporar el sistema de jurados y siempre naufragaron en razón de que tales consensos no se lograron. En cambio, esta vez, la abogacía y la magistratura estuvieron convencidos de la necesidad de tener este instituto.

El gobernador ha destacado al juicio por jurados como parte de su decisión de contribuir al mejor funcionamiento del Poder Judicial. En los últimos años, también existieron consensos para mejorar los procedimientos civiles, de familia y antes, hace ya más de diez años, se produjo un cambio sustancial –por cierto muy bueno– en los procesos penales, al otorgarle a los fiscales el rol de ser titular único de la persecución penal, dándoles a los jueces la custodia de las garantías y fortaleciendo la defensa, haciendo un camino hacia la consolidación del proceso acusatorio. Las mejoras en el sistema judicial, implican un genuino avance en el acceso a la justicia, principio que obra plasmado en los pactos de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional.

Es seguro –en interés de la ciudadanía– que el grupo de doce mujeres y hombres (en total paridad) que transitaron la primera experiencia de juicio por jurados en la provincia, que comenzara el 11 de noviembre de 2020, actuaron a la altura del sentido común, la seriedad y responsabilidad que se espera de ellos. Seguro también, tendremos que andar este nuevo camino con la modestia y la humildad de poder ir corrigiendo y perfeccionando el sistema de jurados. Pero ello no hará mella al valor inmenso de haber logrado fortalecer con la participación popular a la administración de Justicia, involucrando del mejor modo a la ciudadanía.

Aprecié en la audiencia judicial a jurados provenientes de lugares diferentes, atentos a las indicaciones del juez y a las intervenciones de las partes. El juez, los fiscales, tanto como el defensor y el querellante, actuaron procurando cambiar su lenguaje, ir adecuándose a pensar que, en este caso, las personas del pueblo que juzgan y emiten su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad no son versados en derecho, por lo tanto debían abandonar el lenguaje específico habitual en el mundo judicial. Ello irá evolucionando, naturalmente, con las modalidades de formación que vienen desarrollándose desde el Instituto de Capacitación Judicial Juan Bautista Alberdi, desde el Colegio de Abogados, desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial y desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que lo harán en sus esferas específicas en el tiempo por venir.

Pero básicamente importa destacar que debemos confiar en el buen criterio ciudadano, que logrará mirar con inteligencia los casos judiciales sometidos a su juicio, del modo que el pueblo en general valora, pero ahora con un plus: protagonizar no es lo mismo que mirar desde afuera. Cuando se escuchan los argumentos contradictorios de la defensa y la acusación, necesariamente la responsabilidad de decir culpable o inocente pasa a ser razonada en forma diferente por ese grupo de ciudadanos que delibera sobre la decisión a tomar.

Uno de los estudiosos sobre el sistema de jurados, Andrés Harfuch, quien ayudó a la construcción de la ley entrerriana, sostiene hablando de la deliberación, que “el jurado la eleva a los estándares más altos que se conozcan en términos de construcción de una decisión colectiva racional. Desde este punto de vista, la deliberación del jurado es uno de los más poderosos mecanismos de estabilidad y de control de partes sobre el veredicto”.

Las recomendaciones de actuación que el juez conductor del debate ha venido dando, no restan al libre albedrío de los ciudadanos y ciudadanas, quienes terminarán decidiendo y actuando con libertad, sin temores. Sin dudas, será su sentido común, su experiencia, sus procesos internos de construcción del juicio, la idea de la justicia que han ido conformando a lo largo de la vida, las que prevalezcan al momento de la decisión. Ello determinará el veredicto, que en las primeras horas de la tarde del viernes 13 de noviembre ha sido unánime y ha declarado culpable al enjuiciado. Y será justicia.

(*) Abogada. Ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos y convencional constituyente en 2008.