La causa de los contratos truchos agoniza

12/11/2020

El caso de corrupción más importante de los últimos años, porque atraviesa a toda la política sin distinciones, espera la extremaunción. Así lo indica en accionar de la Justicia. Un imputado dispuesto a hacer ruido.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

La causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura esta con respirador artificial. El año pandémico, ideal para analizar las pericias con la enrome documental recolectada de los allanamientos, se desaprovechó. Hubiese sido un buen momento para quedarse en casa y revisar la voluminosa evidencia que está en formato papel (contratos, planillas, informes bancarios).

La última noticia que dio el caso fue en la jurisdicción federal, donde los abogados defensores insisten en que sea ese el ámbito donde se tramite por entender que se trata de un delito electoral y que los fondos desviados eran para campañas políticas. Que no falte el humo.

La respuesta a cualquier interés periodístico refiere a febrero: se está a la espera de una pericia que determinará qué contrato fue trucho y cuál no y, así, también se debería determinar el daño al erario público en el plano económico. Esa certeza que falta, debió ser la primera en dilucidarse hace a tres años cuando comenzó la pesquisa. Según supo Página Judicial el proceso pericial se prorrogó en lo que va del año siete veces, que suman 8 si se cuenta la del 2 de diciembre de 2019.

Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry imputaron, hasta ahora, a la línea más baja de la estructura sospechada de desviar fondos millonarios, lo que equivalió al 40 por ciento del presupuesto legislativo, a través de contratos leoninos durante una década: Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo Aguilera (funcionario del Senado y figura clave durante el gobierno de su cuñado Sergio Urribarri) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera). Todos estos pasaron una temporada por la Unidad Penal de Paraná en el 2018, hasta que el 24 de diciembre de ese mismo año primaron los derechos humanos y la prisión pasó a ser una excepcionalidad que debe cumplir la existencia de causales concretas.

Los otros imputados, vip, sobre quienes no recayó la prisión preventiva en todo el proceso fueron Juan Domingo Orabona y Sergio Cardoso (empleados jerárquicos de Diputados y el Senado); el contador Pedro Opromolla y el especialista en sistemas y ex empleado del Bersa, Guido Krapp (integrantes del otro estudio contable).

Otro imputado a seguir es Jorge De Breuil. El empleado del Senado convocó como defensor a un abogado de Buenos Aires. No ser de la ciudad o la provincia tiene un aditamento especial: no le importa lo más mínimo mantener una relación con los operadores del sistema locales, sean jueces o fiscales. Pablo Hawlena Gianotti inició una catarata de recusaciones sin suerte y anunció que llegará a tribunales internacionales porque cree que se han violado las garantías en el proceso. También está dispuesto – ya lo ha hecho – ventilar historias que no tienen que ver precisamente con la causa pero sí con algunos actores del sistema. En julio de 2010, De Breuil prestó testimonio en una de las causas contra Jorge Rafael Videla en el que se lo acusaba al dictador por el fusilamiento de Gustavo De Breguil (hermano de Jorge), Hugo Vaca Narvaja y Arnaldo Higinio Toranzo el 12 de agosto de 1976. De Breguil, a quien en su apogeo Jorge Busti le tenía más que respeto, se apronta para patear la mesa de los pactos. A su edad y con su historia, seguramente, no estará para pasearse por tribunales durante años.

El pantano

En los primeros meses de la causa hubo mucho ruido y se prometían también muchas nueces, pero todo se fue apagando con el tiempo. El entusiasmo y el fervor se empantanó para siempre cuando se reveló sobre el fin de año del 2018 mismo que el contador Opromolla tenía propiedad con quien llevaba la investigación: la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. La protección mediática no fue suficiente, a lo que se sumó un embargo que reveló que no era una sino dos propiedades que tenía con el contador Opromolla, que brindó servicios a la Cámara de Diputados. El contrato lo firmó Sergio Urribarri, cuando presidió el cuerpo. El allanamiento al estudio Integral Asesoría no tiene desperdicios si de chismes se tratara. Ese buffet llevaba las cuestiones contables a personalidades de la comunidad judicial.

Con el legajo en terapia intensiva, el procurador Jorge García anunció que el mismo ya estaba para elevarse a juicio el año pasado. Ante lo advertencia que la investigación se estaba chupando los principales sospechosos, que son quienes decidían sobre los contratos en el período 2008-2018, el jefe de los fiscales hizo otro anuncio: habrá una segunda parte. Que nadie cree que llegará.

El sistema acusatorio en Entre Ríos es vertical, lo que impide que un fiscal pueda correrse de lo que decida el procurador. Esta forma en el que rige el organismo que tiene el monopolio de acción penal evita cualquier democratización del propio sistema. Que acusación o no dependa en última instancia dependa de una sola persona, perjudica a los de abajo. En todo sentido.