La trama del trabajo esclavo en el campo de los Etchevehere

09/11/2020

El conflicto de la familia Etchevehere trajo nuevamente a la escena pública una causa judicial todavía irresuelta que tiene a Leonor Barbero Marcial, la matriarca del clan, complicada en una causa judicial por reducción a la servidumbre de dos peones que vivían en condiciones de extrema precariedad en un campo de su propiedad. Las volteretas de la causa y los intentos fallidos para resolver el asunto por una vía extrajudicial.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Veinte mil pesos y un helado. La imagen de los dos peones de campo junto a su patrón tomando un helado en el centro de la pequeña localidad de Maciá parece surrealista, como si hubiese sido extraída de una película de principios del siglo pasado.

Pero ahí estaban Sergio y Antonio Cornejo, cada uno con 10.000 pesos en el bolsillo y un helado en la mano, sentados junto a Sebastián Etchevehere, luego de haber estampado sus pulgares en un documento cuyo contenido desconocían –no saben leer ni escribir–, pero ahora saben que desligaba a sus patrones de la relación laboral que tenían desde hacía casi cuarenta años en el campo La Hoyita, antes propiedad de Miguel Lorenzo Barbero y ahora registrado a nombre de Las Margaritas SA, el conglomerado productivo de la familia Etchevehere.

Miguel Lorenzo Barbero era un español de buena fortuna que llegó a América para multiplicar sus riquezas. Recaló sucesivamente en Perú, donde nació su hija Leonor, y en Chile; hasta que llegó a la Argentina para instalarse en Córdoba primero y en Rosario después, donde crecieron sus tres hijos. Sus negocios llegaban hasta Entre Ríos, donde era dueño de la estancia La Hoyita, un campo de 2.227 hectáreas en el centro de la provincia que a su muerte heredaron los hijos.

La Hoyita fue dividida en tres partes iguales; a las 742 hectáreas que recibió de su padre, Leonor le agregó otras 161 hectáreas que le compró a uno de sus hermanos; y en el año 2011 se anexaron las 903 hectáreas a la empresa Las Margaritas SA.

Los hermanos Cornejo

Los hermanos Cornejo describieron un cuadro de precariedad extrema: en los últimos años sobrevivían en dos ranchos “escondidos” campo adentro, una casilla hecha de material y otra de chapa y barro, que habían construido ellos mismos, con una habitación que compartían, sin agua corriente ni luz eléctrica; con un baño al que le faltaba el pozo, de manera que no servía como tal; y antes en una especie de carpa de nylon. Salaban la carne para que no se echara a perder, cocinaban en un fogón que también utilizaban en invierno para calentarse y tenían que acarrear el agua para beber e higienizarse desde un pozo distante a unos doscientos metros del rancho, y cuando llovía debían hacerlo en un arroyito.

Según le contaron al fiscal Samuel Rojkin, los hermanos llegaron al campo con su padre en junio de 1976 y trabajaban para Miguel Barbero; lo hacían de seis a once de la mañana y de dos a seis de la tarde, realizando tareas de desmonte y desmalezado, cortando postes para alambrados, con palas y machetes. En el campo se siembra trigo, soja y maíz, pero su tarea se reducía a juntar la paja que dejaba la trilla y a la quema de ramas; y alguna vez también oficiaron como guías de aviones fumigadores y en el arreo de animales.

Los hermanos Cornejo reconocen a Leonor María Magdalena Barbero Marcial como su “patrona”, dicen que iba al campo cada quince días “y nos daba las indicaciones”. También trataban con Sebastián Etchevehere, hijo de Leonor.

La paga, en el último tiempo, hacia mediados de 2014, era de 450 pesos para cada uno. Les mandaban el dinero con el encargado del campo, pero “no nos hacían firmar nada”, dijeron. “Era muy poco lo que pagaba, no me alcanzaba para nada; le decía esto pero ella no hacía nada”, dijo Antonio Cornejo. “Había muchos trabajos que nos pagaba la señora, en otras oportunidades nos hacía hacer trabajos y no nos pagaba, se hacía la olvidada”, acotó su hermano. “A veces no nos alcanzaba el dinero y pescábamos para comer, casi siempre comíamos pescado o nutrias”, relató Sergio Cornejo; y en ocasiones un delegado de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) “nos llevaba mercadería, pan, galleta, cuando estábamos bajos de mercadería”, acotó.

No tenían recibo de sueldo ni aportes jubilatorios y, mucho menos, obra social. “Cuando nos enfermábamos, por ejemplo cuando me dolía la cintura, me pasaba alcohol y listo. Nunca fui a un hospital, nunca estuve enfermo”, relató Sergio Cornejo.

El sinuoso camino judicial

El 28 de mayo de 2014, una inspección del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) constató “condiciones laborales y habitacionales de extrema precariedad. Viviendas sin luz eléctrica, sin agua potable y sin baños en condiciones” en La Hoyita. Eso motivó una denuncia penal que presentó el delegado provincial del organismo, José Luis Lavini, junto al abogado Ramón Begovich.

Se reveló entonces que en marzo de ese año, el delegado local de la Uocra, Francisco Trifón Taborda, ya había denunciado la situación irregular de los hermanos Cornejo; y el fiscal Samuel Rojkin decidió acumular ambas presentaciones e iniciar una investigación por el delito de reducción a la servidumbre.

El periodista Sebastián Premici reveló en su libro De patrones y peones que en la década del noventa la Dirección Provincial del Trabajo había constatado las precarias condiciones de vida de los hermanos Cornejo. La inspección no estuvo exenta de complicaciones, ya que los delegados de la cartera laboral tuvieron que solicitar una orden de allanamiento al juez de Rosario del Tala –Rojkin era entonces secretario del juzgado– para poder ingresar a La Hoyita, por la negativa de los Etchevehere a la inspección. Lo cierto es que aquel expediente fue archivado sin más trámite.

Cuando el caso salió a la luz, Leonor Barbero Marcial argumentó puertas adentro que los hermanos Cornejo no eran empleados suyos sino montaraces, gente que vive en el monte cazando, pescando, vendiendo leña y cueros de animales. El mismo discurso reprodujo públicamente Luis Miguel Etchevehere, entonces presidente de la Sociedad Rural y que luego sería ministro macrista.

Sin embargo, el fiscal Rojkin fue descartando las pruebas que surgían sobre una presunta explotación laboral, evitó citar a prestar declaración de imputado a Leonor Barbero Marcial –en su rol de titular del directorio de Las Margaritas SA– y abordó el asunto desde un costado laboral y no penal. Tampoco cotejó esta nueva denuncia con los antecedentes históricos y adujo como principal argumento que los hermanos Cornejo tenían libertad para entrar y salir del campo, algo que ellos mismos habían declarado en los tribunales.

Entretanto, los Etchevehere condujeron su estrategia a resolver el asunto por la vía extrajudicial. El 15 de junio, domingo a la noche, los hermanos Cornejo fueron convocados a una escribanía en Maciá y allí estamparon sus huellas dactilares en un documento que dice que en abril de 2001 habían firmado un contrato de comodato que indicaba que tenían una casa cada uno con todas las comodidades. Efectivamente, luego de la inspección de la Renatea ambos fueron trasladados a otro lugar, aunque las condiciones de precariedad se mantenían. Ese contrato, que Leonor Barbero Marcial presentó en los tribunales, no fue certificado por ninguna autoridad –la única ratificación existente es la que se hizo en las oficinas del escribano– y los hermanos Cornejo contaron en su declaración testimonial que luego de que les hicieran poner sus huellas digitales sobre unos papeles, de los cuales desconocían su contenido, les entregaron 20.000 pesos a cambio de que dijeran que nunca habían tenido un vínculo laboral con los Etchevehere.

Seis años después, la causa sigue abierta, aunque lleva años sin ningún movimiento.

Sin embargo, reapareció en la discusión pública el día que Dolores Etchevehere irrumpió en la estancia Casa Nueva, junto con integrantes del Proyecto Artigas, y denunció un “complejo entramado de actividades delictivas (…) desarrollado y sostenido durante décadas con corrupción, violencia e impunidad” por parte de sus hermanos y su madre.

Entre la batería de presentaciones judiciales que acompañaron la irrupción en el campo, Dolores Etchevehere denunció al fiscal Rojkin por mal desempeño, morosidad reiterada en el ejercicio de sus funciones y falta de vigilancia del movimiento general y organización de las secretarías o dependencias que se traduzcan en demoras injustificadas y desorden en la tramitación de los juicios y las causas. Lo acusa, concretamente, de haber encubierto el trabajo esclavo.