Estalló el Poder Judicial y rechaza el aumento salarial por suma fija

23/10/2020

Funcionarios, magistrados y trabajadores judiciales pidieron que no se les aplique el aumento salarial a través de una suma fija dispuesto por el Gobierno. Cuestionaron fuertemente al Poder Ejecutivo y enrostraron los gestos de solidaridad que han tenido en el contexto de la pandemia por el coronavirus.

De la Redacción de Página Judicial

 

El Poder Judicial en pleno rechazó el aumento salarial anunciado por el Gobierno consistente en una suma fija mensual a cuenta de futuras paritarias, pero solo para aquellos trabajadores estatales que perciban salarios de hasta 120.000 pesos. Funcionarios, magistrados y trabajadores judiciales cuestionaron en duros términos al Poder Ejecutivo y pidieron que se abstenga de efectivizar el incremento a los agentes del Poder Judicial.

El comunicado lleva la firma de todos los interlocutores del Poder Judicial –el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General, la Defensoría General, la asociación de magistrados y los trabajadores–, y expresa tal vez la más fuerte crítica que se ha escuchado desde el country: rechaza “enfáticamente” el aumento a través de una suma fija no remunerativa ni bonificable que alcanzaría a un minúsculo grupo de trabajadores; pide que no se aplique a los agentes del Poder Judicial; y señala que el desequilibrio de las cuentas públicas “es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo”.

Desde el Poder Judicial señalan que el modo en que se instrumentó el aumento de salarios “atenta contra la Ley Número 8.069 de Porcentualidad, vigente desde mayo de 1988, que establece que los integrantes de la magistratura, funcionarios y trabajadores percibirán un haber equivalente a un porcentual de lo que cobra un vocal del Superior Tribunal de Justicia” y al otorgarse una suma fija “se rompe el equilibrio legal existente entre los distintos escalafones remunerativos del Poder Judicial”.

Los magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales indicaron que advirtieron que más allá de la “atípica e imprevista situación sanitaria”, la provincia se encuentra en una “difícil situación económico-financiera, pero estamos convencidos que la misma no es por responsabilidad del Poder Judicial, donde la administración de los recursos públicos y el manejo de las partidas asignados en la Ley de Presupuesto es totalmente transparente y eficiente”.

Incluso mencionaron su disposición de suspender los pedidos de aumentos salariales hasta junio de 2020 y la creación de un “fondo solidario” “que aportó casi 20 millones de pesos que fueron destinados a la compra de dos ambulancias, equipamiento técnico y material médico quirúrgico, adjudicados, según necesidades, a diferentes hospitales de la provincia”.

Sin embargo, resaltaron que “de la masa salarial mensual de toda la administración pública entrerriana, el Poder Judicial representa tan solo un guarismo menor al 8 por ciento del gasto público destinado a ella, lo cual mal puede resultar representativo de semejante desequilibrio en las finanzas públicas, cuya administración es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo”.

Con ese preámbulo, apuntaron luego que “no pueden ser perjudicados los trabajadores del Poder Judicial ni el equilibrio salarial de su estructura interna con medidas de este tipo que romperían un orden armónico que funciona sin reparos desde hace más de treinta años y en aras a su necesaria preservación venimos haciendo sacrificios desde hace muchos meses y estamos dispuestos a acompañar los que la provincia requiera”.

Incluso los actores del Poder Judicial exhortaron e hicieron votos (sic) “para que se elaboren estrategias para morigerar el gasto público y mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, a fin de seguir garantizando los derechos contraídos de todos los trabajadores”.

El documento lleva las firmas de los vocales Martín Carbonell, Germán Carlomagno, Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina de Rizzo, Emilio Castrillon, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio; del procurador general, Jorge García; del defensor general, Maximiliano Benítez; de la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Gabriela López Arango; y de la secretaria adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mabel Pedrero.