El Gobierno le respondió al Poder Judicial por los salarios

23/10/2020

Luego de las críticas vertidas por magistrados, funcionarios y empleados judiciales, el Gobierno se hizo eco del cuestionamiento y respondió diciendo que el incremento propuesto alcanza a 1.089 trabajadores judiciales, lo que representa casi a la mitad de la planta del Poder Judicial.

De la Redacción de Página Judicial

 

El Gobierno salió a responder vehementemente a las críticas de magistrados, funcionarios y empleados judiciales que pidieron que no se les apliquen los aumentos salariales dispuestos a través de una suma fija mensual a cuenta de futuras paritarias, pero solo para aquellos trabajadores estatales que perciban salarios de hasta 120.000 pesos.

La reacción fue con la misma dureza, aunque desde lo discursivo se planteó como “aclaraciones” a las críticas por el modo en que se aplica el aumento y “el desequilibrio de las cuentas públicas”.

En principio, desde el Gobierno señalaron que Decreto Número 1.634 establece una “liquidación provisoria y transitoria de una suma fija, determinada conforme el monto del salario nominal de los agentes destinada a beneficiar, de manera proporcional a los agentes públicos de menores ingresos”, aplicable a los meses de octubre a diciembre.

El Poder Judicial, sin embargo, “tiene normas específicas en cuanto a su remuneración”. Se trata de la ley de enganche, que permite a los magistrados solicitar que se les aplique cualquier incremento que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y eso derrama al resto de la planta de personal. También una ley de porcentualidad, que establece para todos un haber equivalente a un porcentual de lo que cobra un vocal del STJ.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, el aumento a través de una suma fija alcanzaría a 1.089 trabajadores judiciales, es decir, el 44,9 por ciento de los agentes judiciales, incluidos magistrados, funcionarios y empleados. Si se hiciera caso a lo que proponen el STJ, la Procuración General, la Defensoría General, la asociación de magistrados y los trabajadores, se quedarían sin percibir el aumento.

En la misma línea, desde el Gobierno sostienen que “tan solo el 2,9 por ciento del total de agentes del Estado provincial corresponden al Poder Judicial e insumen un costo promedio del orden del 8,89 por ciento sobre el total de la masa salarial” y el presupuesto 2021 prevé una relación porcentual del orden del 8,98 por ciento. Incluso se señaló que “por aplicación de las leyes del régimen remunerativo judicial, desde 2012 hasta la fecha, el Poder Judicial alcanzó un incremento salarial superior en un 70 por ciento al percibido por el resto de la administración”.

Asimismo, señalaron desde el Poder Ejecutivo que “el incremento de 3.500 pesos que se alega como ‘achatamiento y atentado contra la porcentualidad’, representa el 0,46 por ciento en relación con el haber nominal del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que es de 759.732 pesos por mes; o un 0,62 por ciento sobre los haberes de un juez de primera instancia, fijado en 561.529 pesos”.

Se agregó que “el promedio mensual de la asignación total que percibe el Poder Judicial es del orden de 237.500 pesos, en tanto que en el escalafón general dicho promedio resulta de 60.060 pesos”, dice el texto del Gobierno.

Hubo golpes, contragolpes, seguramente habrá más dardos cruzados y quién sabe si no empieza a discutirse la ley de enganche, algo que no quieren perder en tribunales.