Hipocresías

21/10/2020

La defensa de los abogados y magistrados dejan al descubierto la baja calidad institucional por el que transcurre la comunidad judicial.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El Colegio de Abogados de Entre Ríos repudió “los agravios públicos que ha padecido el abogado Rubén Pagliotto, vertidos desde sus cuentas en redes sociales por Proyecto Artigas”.

Se trata de una publicación web donde se narra todo el devenir del litigio que mantiene una parte de la familia Etchevehere integrada por Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián. La otra parte es Dolores.

Proyecto Artigas es una iniciativa de agroecología que impulsa el dirigente social Juan Grabois, y al que adhiere su defendida Dolores.

Desde el sitio se pretendió vincular a Pagliotto, defensor de la otra parte de la familia con la figura de Sergio Varisco, a quien defendió en la causa narco y en la que el ex intendente fue condenado.

El consejo directivo de la entidad dijo estar “convencido que ningún profesional de la abogacía puede ser identificado con las personas que defiende y con las causas de sus clientes en su ejercicio profesional y muchos menos agredido imputándole vínculos y participación en delitos donde ejerce la defensa”.

Y siguió: “Estas campañas sucias de desprestigio y difamación, ajenas a la convivencia entre colegas y lejos de los foros judiciales donde democráticamente se debaten los conflictos de derecho, llevan confusión en la sociedad y ofenden a la abogacía entrerriana toda”.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos debe defender a sus representados. Y en este caso lo hizo con claridad y con razón. Pagliotto defendió a un imputado que debió enfrentar un juicio. Punto.

La misma razón hubiese tenido el Colegio de Abogados si repudiaba las acusaciones de la entonces fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, en audiencia pública, cuando calificó de “mafiosos” y de integrar una “organización criminal” a los abogados que defendían a los imputados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Fue luego de que se filtrara información que la comprometía a ella misma con uno de los imputados. Todo se confirmó y debió dar un paso al costado.

La entidad que aglutina a los abogados no dijo una sola palabra por sus representados.

En la ciudad de Nogoyá una abogada del foro vive un calvario desde marzo cuando decidió denunciar en sede judicial al fiscal Federico Uriburu por violencia de género en una causa que –según los testigos – ratificaron los hechos. María Florencia Alberto no sólo no tuvo el amparo del Colegio de Abogados de la ciudad, sino tampoco se conoce una expresión pública de la entidad provincial pese a haber corrido ya varios meses.

El Consejo de Fiscales de la Provincia de Entre Ríos –como ámbito – se conoció cuando expresó una dura defensa a Goyeneche por entender que estaba siendo punto de ataques por parte de abogados que intentaban “obstaculizar las investigaciones de hechos de corrupción”.

El Colegio de Abogados tampoco dijo nada entonces. Actitud idéntica tuvo el Consejo de Fiscales con las fechorías provocadas por Uriburu en Nogoyá. El silencio otorga. El escándalo, entonces, es doble.

De Rubén Pagliotto se pueden decir muchas cosas. Este cronista lo escribió hace unos meses. Puede hacer click acá.

El doctor cuenta, ahora, con quienes hace varios meses lo censuraban por tener opiniones en contra a los intereses de los censuradores.