El caso Etchevehere, el peronismo y el Poder Judicial

19/10/2020

La tierra ocupada por productores que pertenece a la familia paranaense tiene una historia en las que confluye el verdadero poder en la provincia. La entrega del erario público con la anuencia de casi todos los actores del Estado.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

La novela que se viene escribiendo hace varios años pero que Dolores Etchevehere puso en la primera plana en los últimos días recorre un entramado que atraviesa al peronismo y al Poder Judicial de la provincia. Éste último, constituida su conducción por el partido que gobierna esta provincia desde el 2003.

La hermana que se mostró en rebeldía vivía con un integrante de la dinastía del poeta y novelista Ricardo Güiraldes cuando en el año 2004 se empezó a tejer la historia que hoy convoca al escándalo. En septiembre de ese año el entonces gobierno de Jorge Busti (a través del expediente 611.127 de la Secretaría de la Producción y el 531.991 del Ministerio de Economía) concedió a precio vil a la familia Etchevehere un terreno que pertenecía al Frigorífico Santa Elena en la estancia El Quebracho adquirido a través de la firma Las Margaritas SA. La tierra estaba ocupada por un arrendatario, el productor José María Morcillo. Esa parcela, en rigor, había sido destinada a la Escuela Agrotécnica por el gobierno de Sergio Montiel.

El terreno de 370 hectáreas había sido usurpado por la familia Etchevehere, al punto tal que Luis Félix y su hijo Juan Diego fueron procesados por la presunta comisión del delito de usurpación. La historia de esa compraventa la narró, con números, el periodista Juan Bracco en el sitio Valor Local.

La Sala III en lo Civil y Comercial de Paraná confirmó un fallo de primera instancia que condenó al ex presidente del Consejo Empresario Juan Diego Etchevehere; a su hermano Luis Miguel Etchevehere, y al resto de los herederos a indemnizar al arrendatario en la zona de La Paz a quien los condenados le destrozaron sus cultivos. Antes hubo una demanda penal que terminó en probation. La pérdida del erario público a manos privadas no estuvo en la preocupación del Poder Judicial. Como en el caso de la ex playa Los Arenales que quedó a mano del empresario Sergio Lifschitz y que hoy es un barrio privado.

Busti y El Diario mantuvieron una muy buena relación. Mejor que la que Montiel supo tener, pese a ser éste del mismo partido que los dueños del matutino. El libro “El Imperio del Quijote” de Jorge Riani es uno de los aportes más lúcidos a la historia política de Entre Ríos.

La segunda relación con un gobierno justicialista se dio luego de que falleciera Luis Félix. Sus hermanos Arturo e Ivar Julio pusieron en venta su parte. Durante el primer gobierno de Sergio Urribarri, el empresario amigo Walter Grenon, se hizo de la dirección de la mayoría accionaria con el acompañamiento de los Etchevehere representada por Leonor Barbero Marcial, que aunque en minoría, fueron destinatarios de una escandalosa publicidad oficial a cambio de la entrega del capital simbólico y periodístico.

Durante esa gestión empresaria/estatal surgió un conflicto que se dirimió en la Justicia. Fue la aplicación del convenio colectivo de trabajo 541 que la empresa se negaba a pagar durante la gestión Etchevehere y luego con el mutualista urribarrista. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) estuvo a punto de fallar en contra de los trabajadores, pero la información de una sentencia adversa llegó a la Redacción del diario que sin esperar un minuto salió a la calle. Se constituyó un colectivo social no solo en defensa de los derechos de los trabajadores, sino que ese ámbito terminó catalizando un repudio a la publicación que hacía diariamente el matutino centenario, perdiendo miles de lectores.

Se sumaron a las movilizaciones sindicatos docentes, estatales, organizaciones sociales y colegas de otros medios. La presión fue tal, que la vocal Susana Media de Rizzo, quien iba a votar en contra de los trabajadores con su par Bernardo Salduna, cambió el voto y lo hizo con Germán Carlomagno. El convenio se empezó a pagar.

En 2018 El Diario, ya sin lectores y al mando de Ramiro Nieto, despidió a 80 trabajadores sin pagar un solo centavo de indemnización. Antes que esto sucediera en el Poder Judicial se radicó una denuncia por parte de Dolores Etchevhere a sus hermanos y madre por vaciamiento. Todo en consonancia con Grenon, según consta en la denuncia. Luego hubo un acuerdo que firmaron todas las partes pero que ahora la mujer “rebelde” pone en dudas nuevamente en los estrados judiciales.

Del empresario mutualista lo último que se supo es que fue el principal aportante de la campaña de Alberto Fernández. Los intereses económicos superan las indentidades políticas y partidarias.

La familia Etchvehere, representada por Rubén Pagliotto, ha solicitado el desalojo de los productores que ocuparon ese terreno que quedó en manos de los Etchevehere con el auspicio de un gobierno provincial y ratificado por la Justicia.

Dolores pasó la noche con sus nuevos amigos del Proyecto Artigas. Su único amparo es la figura del dirigente Juan Grabois.

Sus hermanos le han solicitado al Poder Judicial que se respete la “propiedad privada” que en este caso es de los Etchvehere. Como la de José Angel Allende, que lo que tiene es suyo. Las formas en que se adquieren bienes públicos es lo de menos. Para eso están la probation, el juicio abreviado y el olvido.