Los vacíos sin respuestas en el acuerdo de Allende 

18/10/2020

El tribunal dejó una sensación que sorprendió a propios y extraños. Decidió poner sobre el acuerdo ojos milimétricos dispuestos a no dejar pasar nada. A la espera de una decisión que vuelve a poner a un poder del Estado en la lupa de todos.   

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El jueves se conocerá el desenlace de un proceso que pareció ser coherente con la historia institucional reciente, la que en un acuerdo se suele esconder un pacto, pero que sobre el final dejó más incertidumbre que certezas. 

Para que la película tenga el final esperado, el juicio abreviado debería ratificarse. Es lo que se espera desde el minuto uno en que se conoció que José Angel Allende acordó con el Ministerio Público Fiscal una salida. Las organizaciones políticas enroladas en la oposición advirtieron que se está ante un hecho más de impunidad. Lo sea o no, lo cierto es que en un par de días, todo pasa a las hojas del olvido. Esas hojas se vienen acumulando hace un tiempo. El “que se vayan todos” empieza a golpear con más fuerza en los tribunales. La mala imagen del Poder Judicial en los trabajos de opinión pública supera a la de la dirigencia política. 

En la audiencia donde se debía ratificar el acuerdo se pasó a un cuarto intermedio. Sucedió que durante la misma se reveló información que puso de relieve la inconsistencia de lo acordado por la defensa del ex presidente de la Cámara de Diputados que reconoció haberse enriquecido ilícitamente en un millón de dólares. 

El tribunal dejó que cada una de las partes explique lo beneficioso que resultaba que el dirigente justicialista y gremialista sea condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional, entregar su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares; otra en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares; y pague una multa de tres millones de pesos. Todo eso por el delito de negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, “amenazas” a una ministra y a un periodista.  

José María Chemez fue cortante cuando consultó a la Fiscalía por qué no se había ampliado la investigación cuando se aportó evidencia que el enriquecimiento pudo haberse seguido produciendo hasta 2019, es decir dos años después del período imputado. ¿Por qué no se reformuló el hecho antes de cerrar el acuerdo? fue la interpelación del presidente del tribunal. La fiscal Lautra Cattáneo se limitó a decir que había que darle un corte. 

El perito contable del Ministerio Público Fiscal, Héctor Enriquez, fijó su pericia en 1 millón 362 mil 860 dólares, mientras que el perito de partes lo hizo en 1 millón 69 mil 841. ¿Cuál es la diferencia? Enriquez dijo que hay facturas “ilegibles” de préstamos sin documentación que aparecen en los libros de UPCN, sindicato que Allende preside hace décadas. Esto fue desoído. 

En Cervantes 492 se había inventariado como patrimonio de Allende dos departamentos (10°A y 10°B), pero no el 6°B, subrayó Alejandro Cánepa. El mismo fue vendido en febrero de 2017, dos meses después de haberse cerrado el período imputado. Fruto de esa venta se realizó un plazo fijo por 60 mil dólares. Cattáneo se sorprendió. No conocía esa propiedad. Ante el desconcierto, Cánepa citó documentación de los entes tributarios y bancarios. Para peor la Fiscalía se fue sin un perito. Cattáneo debió defenderse sola. No estaban allí ni el procurador ni su adjunta, que suelen llevar la voz cantante en juicios de envergadura y de interés público. 

La multa es parte de la pena que se fija entre el 50 y el 100 por ciento del monto obtenido ilícitamente, en este caso un millón de dólares. La misma se fijó en 3 millones de pesos. Chemez preguntó por qué el enriquecimiento se lo encuadró en moneda extranjera y la multa no. Cánepa solicitó qué valor del dólar se tomó. “El histórico” respondió Cattáneo. 

El fiscal de género Leandro Dato hizo al inicio de la audiencia un minucioso relato sobre las fechorías de Allende. Narró una por una las amenazas y aprietes del que fue víctima la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Fue estremecedor escuchar la manera en que un patotero, por todas las vías, hostigó a una mujer de Estado como es una ministra. La descripción de Fiscalía motivó una pregunta de Carolina Castagno. ¿Ante tanta evidencia por qué se calificó el hecho de amenazas simples cuando parece tratarse de una coacción agravada? El primero tiene una pena de 2 a 4, el segundo de 5 a 10. 

El juicio abreviado es un proceso en que las partes llegan a un acuerdo. En este caso el acuerdo fue con el Ministerio Público Fiscal en representación del Estado, ya que la ministra Velázquez y el periodista Martín Carboni no se presentaron como querellantes confiados en que las investigaciones estaban abiertas de oficio. Incluso la última con pedido de pena 2 años condicional a pedido del fiscal Alvaro Piérola. Luego vino la sorpresa del paquete en que se unificaron todas las causas donde funcionaria y trabajador de prensa nada pudieron hacer. Ya había pasado el tiempo. Nada se podía hacer. 

La sensación que quedó, para sorpresa de quienes siguieron por YouTube la audiencia, es que el tribunal no quedó conforme con el acuerdo. Ese clima también lo expresaron otros actores de esta trama al final de la jornada.  

El dato que no pasó inadvertido fue que el tribunal no le pidió ningún consentimiento al propio Allende, como suele suceder en un juicio abreviado. 

La moneda quedó dando vueltas en el aire. El jueves caerá sobre la mesa.