El Presidente mandó el pliego del nuevo juez federal de Victoria

16/10/2020

Alberto Fernández envió al Senado el pliego de Federico Martín para que sea designado como juez federal de Victoria. Esta postulación viene a cubrir la vacante más antigua que tiene la jurisdicción. Un recorrido por la vergonzosa historia que está por cumplir 17 años.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Tal vez el Juzgado Federal de Victoria empiece a caminar antes de cumplir la mayoría de edad. No es una metáfora. El Presidente propuso a Federico Martín como juez federal y en unos días se celebrará la audiencia pública en la Cámara de Senadores. Si no surgen imponderables el nuevo juzgado estaría en condiciones de comenzar a funcionar en 2021. Habrán pasado, apenas, 17 años desde su creación.

Esta postulación viene a cubrir la vacante más antigua que tiene la provincia, en un juzgado creado en enero de 2004 y que vergonzosamente no ha sido habilitado en todo este tiempo.

Además, llega precedido de una barrosa disputa política en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri, que a través de su mesa judicial había impulsado a Luis Manuel Angelini, y el retiro de su pliego por parte de Alberto Fernández.

Federico Ángel Claudio Martín tiene 43 años, es egresado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en 2003 y desde 2011 se desempeña como secretario del Juzgado de Ejecución de Penas de la justicia federal de Paraná. Antes fue asesor letrado de la Fiscalía de Estado de la provincia, entre febrero de 2004 y noviembre de 2005, hasta su ingreso al Tribunal Oral Federal de Paraná, primero como relator suplente y luego como secretario interino; también fue juez federal subrogante en Paraná y Concepción del Uruguay en 2015, juez federal ad-hoc en un puñado de causas e integró la lista de conjueces federales.

Si accede al cargo –antes de eso deberá atravesar la audiencia pública fijada para el lunes 26 de octubre–, Federico Martín repetirá el camino judicial de su padre, Raúl Ernesto Martín, que fue juez federal de Paraná entre 1982 y 1984.

Algunos hitos marcaron la actuación del juez Martín: en plena dictadura o apenas pasado el calvario de la clandestinidad, recibió testimonio de víctimas del terrorismo de Estado que narraron los padecimientos y torturas a que habían sido sometidas; y fue también quien decretó el sobreseimiento y dispuso la libertad del ex gobernador Enrique Tomás Cresto, luego de ocho años de cautiverio.

Un concurso de tres años

Federico Martín había quedado en quinto lugar en el concurso ante el Consejo de la Magistratura e ingresó en una lista complementaria porque otros dos postulantes integraban ternas en otros concursos.

En rigor, luego del examen y el análisis de sus antecedentes, el postulante había quedado en el noveno lugar, pero recuperó terreno en la entrevista personal. El jurado destacó “sus conocimientos sobre la composición del Poder Judicial, la población y particularmente sobre la problemática del narcotráfico en la provincia” y “de igual manera se expresó de forma destacada al exponer su opinión sobre el rol de la AFIP en los procesos penales como querellante”, consignaron los jurados en el dictamen.

El concurso es un ejemplo del perezoso funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La prueba de oposición fue el 11 de noviembre de 2015 y el jurado presentó el informe con las calificaciones el 29 de diciembre; pero la terna recién fue remitida al Poder Ejecutivo el 7 de junio de 2018, casi tres años después.

El 2 de octubre de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri envió el pliego de Luis Manuel Angelini, que había quedado en tercer lugar en el orden de mérito. Fue Elisa Carrió quien propuso su nombre, dicen. Pero no fue tratado en el Senado y cuando asumió Alberto Fernández dispuso retirarlo, junto con otros, para una revisión.

El juzgado de la vergüenza

El Juzgado Federal de Victoria bien podría ser llamado el “juzgado de la vergüenza”.

Se aprobó el 14 de enero de 2004, a través de la Ley Número 25.862, que establecía una nueva estructura con competencia sobre los departamentos de Victoria, Nogoyá, Tala y Gualeguay, modificando así la jurisdicción del Juzgado Federal de Paraná. Se trata de un juzgado de competencia múltiple por el que pasarán, principalmente, causas de narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otras civiles, comerciales, laborales y de previsión social, contencioso administrativas y de ejecuciones fiscales. Se calcula que la incidencia sería de unas doscientas causas nuevas cada año y el 10 por ciento de las causas de narcotráfico que tramitan en la provincia.

Tres años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asignó los cargos para el personal técnico, administrativo y de servicios, y hasta se hicieron concursos que ya vencieron y deben volver a realizarse.

En 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández designó a Fermín Ceroleni como juez federal, previo concurso; pero el magistrado accedió a otro cargo sin haberse desempeñado nunca en Victoria.

En el mismo año 2008, José Ignacio Candioti fue designado como fiscal, también por concurso, y la procuradora Alejandra Gils Carbó habilitó la fiscalía de primera instancia, permitiendo que Candioti cumpliera funciones en Paraná hasta que el juzgado estuviera en funcionamiento. Eso permite que el juzgado esté operativo pero no habilitado, es decir, las causas penales que lleva el fiscal tramitan en el Juzgado Federal de Paraná. Candioti estuvo hasta octubre de 2012 y fue sucedido por Marina Herbel (hasta 2015) y por Carlos García Escalada, ambos en forma interina.

En 2015, fue designado como fiscal Ignacio Mahiques, hijo del juez Carlos Mahiques y hermano de Juan Bautista Mahiques, ex representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Macri. Mahiques ganó el concurso pero nunca pisó Victoria, sino que pasó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 35 de la Ciudad de Buenos Aires.

El mismo derrotero atravesó Fabio Procajlo designado en 2007 como defensor y que actualmente ejerce como defensor público en Rosario.

En todo este tiempo también se han gastado millones de pesos en el alquiler del inmueble donde funcionará el Juzgado Federal. Solo en el año 2011, el Consejo de la Magistratura invirtió 890.000 pesos para la refacción y acondicionamiento de una propiedad en calle Sarmiento 631, más 180.000 pesos a Enersa “para que realizara la obra que garantizara la potencia eléctrica” y otros 5.000 pesos para “la conexión del tablero a la red de potencia”. Y desde hace nueve años se está pagando un alquiler.

Todo ello a pesar de que en 2009 la Municipalidad de Victoria había donado un terreno de 591,68 metros cuadrados para la construcción de un edificio propio, en Avenida Bicentenario, casi Boulevard Moreno, al que solo se le hizo un muro perimetral.

Así llegamos a esta instancia…