El crimen de Gabriel Gusmán podría llevar a la provincia ante tribunales internacionales

25/09/2020

El Comité Nacional de Prevención de la Tortura hizo una serie de recomendaciones a los fiscales que investigan el crimen de Gabriel Gusmán. La intervención del organismo no cayó bien en la Procuración General. A dos años del homicidio, la familia analiza presentar el caso ante organismos internacionales. Escuchalo en Audionoticias.

Juan Cruz Varela
De la redacción de Página Judicial

 

Hablar de gatillo fácil es hablar de la policía y de sus víctimas. Pero hablar de gatillo fácil también es hablar de la dirigencia política, del Poder Judicial –que a veces se parece a la antítesis de la justicia–, de la criminalización de la juventud y de la pobreza.

Gabriel Gusmán fue víctima de gatillo fácil, fue asesinado por la espalda por una bala policial, y la causa judicial parece navegar en un mar de incertidumbre que a dos años de aquel crimen arrima a la costa olas de impunidad, que es lo contrario de justicia.

Dos años después, la investigación que llevan adelante los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano no ha podido determinar si los policías tenían otras opciones que dispararle a Gabriel Gusmán; si actuaron en legítima defensa o si le dispararon deliberadamente por la espalda al joven que entonces tenía 20 años. Mientras tanto, los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo permanecen en libertad –ni siquiera han sido citados a declarar como imputados–, aunque con restricción de sus tareas.

Esa demora motivó hace unos días la intervención del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, a pedido de Alejandra López, la madre del joven asesinado, con una serie de recomendaciones sobre acciones que deben tener en cuenta los investigadores cuando tienen a su cargo una causa en la que están involucrados funcionarios públicos.

La nota presentada por la madre del joven asesinado planteaba que con la demora en la investigación “se estaría vulnerando la razonabilidad del plazo y por ende el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva” e incluso esa situación tiene a los policías en una especie de “limbo judicial” y en un estado de “sospecha procesal constante”.

Alejandro Armoa, comisionado en representación de organizaciones de la sociedad civil, explicó a Página Judicial que “el Comité Nacional de Prevención de la Tortura trató el caso en asamblea y decidió efectuar recomendaciones a la causa, en razón de los protocolos internacionales que tienen que ver con casos de tortura, en los que se fijan directrices sobre cómo debe ser la investigación en este tipo de casos, los requisitos que deben seguirse para resguardar los derechos de las víctimas y ser implacables en la recolección de pruebas”.

La respuesta del procurador Jorge Amílcar Luciano García fue breve y lacónica: negó al organismo el acceso al expediente y se limitó a explicar que la causa se encuentra estancada a la espera de una pericia que sería vital para determinar la responsabilidad de los policías.

Aquella mañana de hace dos años

Gabriel Gusmán fue asesinado el 25 de septiembre de 2018. Ese día los policías acudieron tras recibir el llamado de una vecina que alertaba sobre una disputa entre bandas en el barrio Capibá. Hasta allí llegó un patrullero e inmediatamente aquellos que se enfrentaban a tiros se dispersaron. Gabriel Gusmán era uno de ellos.

Los testigos que han declarado en la investigación penal preparatoria distinguen el enfrentamiento entre las dos bandas antagónicas de la persecución policial posterior; y no pocos vieron a Gabriel Gusmán detenerse, levantar las manos y llevarlas a la cabeza en señal inequívoca de rendición.

Dos de ellos cuentan que en ese momento, el policía al que describen como “el más bajito y morocho”, que sería Molina, se bajó del patrullero, corrió, se afirmó sobre un poste ubicado en el lado izquierdo del terreno, apoyó una rodilla en el piso como en posición de tiro, sostuvo la pistola con firmeza, apuntó y disparó.

En la zona se recuperaron dos vainas compatibles con las pistolas reglamentarias de los policías, pero ninguna que hubiera partido del arma que portaba el joven asesinado e incluso el patrullero tampoco registra impactos de bala.

Ahora bien, las pericias realizada por Gendarmería refuerzan el testimonio de los testigos porque confirma que la vaina servida que se localizó en cercanías del lugar donde se efectuó el disparo pertenece al arma que se le atribuye a Molina.

Otros dos testigos aseguran que cuando los policías le dieron la voz de alto y le dijeron que se tirara al piso, Gabriel Gusmán desoyó la orden, salió corriendo y disparaba en su huida e incluso aseguran que en esa corrida iba recargando el arma y seguía disparando. Según esas personas, hubo un intercambio de disparos.

La pericia aludida por el procurador debería determinar la trayectoria del disparo que le provocó la muerte a Gabriel Gusmán, la posición del cuerpo y el lugar en que se encontraba al momento de recibir el impacto, la ubicación de quien efectuó el disparo y la distancia que había entre uno y otro.

La pericia se pidió el 24 de octubre de 2019, trece meses después del crimen. En una entrevista con el diario Uno, el fiscal Ramírez Montrull explicó que “desde que la ordenamos, hemos hecho seis o siete oficios a Gendarmería pidiendo por la pericia. Cambiaron de perito en el medio por una cuestión de traslado del que estaba antes, después tuvo que asumir el cargo otro perito que, por el COVID-19, estaba con posibilidades restringidas en los horarios de trabajo. Se tomaron las medidas antopométrias de los policías (mediciones de cuerpos y extremidades para los cálculos) y también se cuenta con el informe autópsico y la planimetría. Estamos esperando el informe de Gendarmería que es muy importante, es fundamental para evaluar las testimoniales, que son muchas y contrarias en las versiones”, indicó el fiscal.

Cómo entorpecer una investigación

Esta demora en la investigación se suma a otras irregularidades que han venido denunciando los abogados Lucía Tejera y José Iparraguirre, que representan a la familia del joven asesinado.

Plantean, por ejemplo, que la prueba para detectar residuos de pólvora en las manos de los policías no echó luz sobre el asunto porque, curiosamente, “la naturaleza del soporte empleado para realizar la toma de muestra de residuos de disparo no es apta para su estudio mediante microscopia electrónica de barrido”. Esto significa que se utilizó un material que no era el adecuado para la obtención de las muestras.

También señalaron que la pericia realizada sobre la ropa de los policías determinó que las mangas de las camisas que llevaban puestas los policías en el momento del hecho no presentaban residuos de pólvora. Esto supone que no efectuaron disparos o que la ropa analizada no es la que llevaban puesta.

Otro punto importante que señalaron es que el informe balístico determinó que el arma que portaba Molina no presentaba restos de deflagración de pólvora. “¿Cómo pudo entonces percutir una vaina servida y no tener restos de deflagración en su caño? Es muy simple: fue limpiado”, se preguntan y se responden los abogados.

Lo cierto es que estos intentos de la policía por lograr impunidad, no lograron aplacar los gritos de justicia que ahora se han convertido en una piedra en el zapato de los fiscales, una piedra que también incomoda al procurador García y que hasta podría lastimar al Estado.

¿Por qué? Porque los querellantes analizan también presentar el caso ante organismos internacionales invocando una vulneración del principio de tutela judicial efectiva, algo que ya habían esbozado en la nota donde solicitaban la intervención del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Allí citaron un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que condenó a la Argentina por el homicidio de Walter Bulacio: “El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos’”.

También podés escuchar la Audionoticia