Habló Izaguirre, negó haber integrado una asociación ilícita y dijo que “el perjuicio a la AFIP es de cero pesos”

07/09/2020

El abogado Roberto Izaguirre Ibáñez está acusado de integrar una asociación ilícita que estafó a la AFIP en 84 millones de pesos. En diálogo con Página Judicial, aseguró que la maniobra que se le endilga es imposible de ejecutar, habló de cierta animadversión de parte de los abogados de la agencia fiscal y cuestionó la investigación judicial.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Roberto Izaguirre Ibáñez rompió el silencio. Está imputado como jefe u organizador de una asociación ilícita tributaria que estafó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 84 millones de pesos pero niega las acusaciones, dice que la maniobra que se le endilga es imposible de ejecutar, habla de cierta animadversión de parte de los abogados de la agencia fiscal y cuestiona la investigación judicial que lo tiene a las puertas de un juicio oral que también tendrá en el estrado a su madre, Alicia Ibáñez, que era procuradora fiscal de AFIP, y a los contadores Luis Morelli y Sergio De Araquistain.

“A la AFIP no se la puede engañar”, dice Izaguirre. Así comienza su descargo, el primero que hace por fuera del expediente, ante un medio de comunicación.

De acuerdo con la acusación, la “asociación ilícita tributaria” habría funcionado entre septiembre de 2010 y mayo de 2015, que ofrecía certificados mellizos de retención a distintas empresas para que los utilizaran para la cancelación de obligaciones fiscales mediante el sistema de compensaciones. “Es falso”, aseguró Izaguirre.

La historia se remonta al año 2014, cuando abogados de la AFIP dijeron haber recibido una denuncia anónima que daba cuenta de la existencia de una cooperativa, integrada por Izaguirre y Morelli, vinculada en la venta de certificados de retención falsos.

Ambos se desempeñaban como asesores de la Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas Alianza Empresaria Limitada. Izaguirre era abogado y Morelli era contador. De Araquistain, en tanto, les había otorgado el poder para que los represente ante la AFIP. La cooperativa organizaba a unos ochocientos fleteros que repartían encomiendas de Oca, es decir, la empresa telepostal tercerizaba el servicio de reparto a través de la cooperativa y, de esa manera, se ahorraba el pago de las cargas sociales.

La punta del ovillo

Lo que decía la denuncia anónima era que la cooperativa funcionaba como una asociación ilícita dedicada al ofrecimiento de certificados de retenciones mellizas bajo el título de “convenios de oferta irrevocable de cesión de créditos fiscales”.

Izaguirre niega esas acusaciones. Lo que dice es que “la cooperativa pagaba los impuestos de una determinada manera, a través de compensaciones o pagos, y esas posiciones fueron avaladas por AFIP durante los años 2010 a 2014. En 2016, cuando se dictó la ley de blanqueo, la AFIP determinó que la cooperativa tenía una deuda por los aportes y contribuciones de los fleteros y en concepto de IVA que supuestamente había estado ingresado de manera indebida. Esa deuda se determinó en ochenta millones de pesos y Oca la aceptó admitiendo que la cooperativa trabajaba para ella. Entonces, por un lado, AFIP dice que la cooperativa le debe ochenta millones de pesos; y, por otro lado, le determinó esa deuda a otra persona jurídica que es Oca. Entonces, el perjuicio al Estado es de cero pesos”.

Lo que avalaría esa postura, dice Izaguirre, es que la AFIP se presentó como acreedora en el concurso preventivo de la empresa Oca, que tramita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la deuda ha sido verificada y admitida por el juez.

“Esa confusión, inducida por los abogados de la querella, la siguen haciendo el fiscal y los jueces”, sostuvo el abogado Izaguirre en una entrevista con Página Judicial, la primera que da desde que estalló el escándalo.

La operación

Lo que dice la acusación es que Izaguirre, Morelli y De Araquistain vendían certificados falsos de retenciones ficticias sufridas por otros contribuyentes, que generaban un saldo de libre disponibilidad, y los utilizaban para la cancelación de distintas deudas fiscales.

La investigación detectó que entre 2010 y 2015 se habrían realizado 4.927 operaciones irregulares que perjudicaron al fisco en 84 millones de pesos, aunque los defensores aducen que “no existe ni un sólo comprobante, prueba o indicio” que involucre a ninguno de los profesionales.

“Eso es imposible de hacer; es imposible engañar a la AFIP”, insistió Izaguirre. “Es imposible porque esos certificados los libra una oficina de AFIP, no un contador, y están acompañados por un comprobante que emite esa misma oficina. Esos certificados existen, son reales y salían de una oficina de AFIP; por eso, si es que hubo una maniobra, hay que buscarla dentro de la propia AFIP, pero eso nunca quisieron investigarlo”, agregó.

Y un dato más: “Esos certificados de libre disponibilidad se pueden vender. Existen resoluciones de AFIP mediante las cuales se instrumentan legalmente las transferencias de estos saldos”, resaltó.

Alicia Ibáñez, la madre de Izaguirre, fue durante cuarenta años procuradora de AFIP. Su trabajo era la gestión y la cobranza de ejecuciones fiscales a contribuyentes que registraban deudas con el fisco. El rol que se le atribuye era, precisamente, brindar los datos de empresas que se encontraban en situación de deuda a la organización.

El abogado Miguel Ángel Cullen, defensor de Alicia Ibáñez, desestimó la acusación. Explicó que “un procurador fiscal no elige a quién tiene que ejecutar, sino que recibe los datos que le proporciona un jefe y solo puede tener la información para realizar la ejecución de esa persona o empresa, no puede entrar al sistema a ver la situación patrimonial de otros contribuyentes. El perfil de usuario que tenía ella en el sistema de AFIP solo le permitía controlar el estado de las ejecuciones fiscales a su cargo y nada más”.

“Evidentemente a ella la traen para poder tener una pata dentro de la AFIP y poder vincularnos a nosotros, pero eso hay que ir a buscarlo en otro lado, no acá; será en Buenos Aires”, señaló Izaguirre.

La acusación que enfrenta Alicia Ibáñez es por haberle advertido a la organización sobre tres empresas que tenían deudas fiscales: Caballi SA, Constructora del Norte –y el empresario Guillermo Gabriel Galeazzo– y Szczech SA. “Los juicios existentes contra la empresa Caballi SA no los hizo ella; sí existió una ejecución respecto de Miguel Marizza pero en 2008, por falta de una declaración jurada, que terminó archivada; contra Szczech SA jamás tuvo una ejecución; contra Constructora del Norte tuvo la misma cantidad de ejecuciones que otros colegas y contra Galeazzo tuvo dos”, explicó Cullen.

Fue Galeazzo, precisamente, quien se refirió a ella como “la abanderada de la estafa” en un correo electrónico. Galeazzo terminó condenado por esta maniobra y la empresa quebró. Cullen sostiene que “en ese correo, en realidad, se sostiene que todos los empleados de la AFIP estarían implicados, incluso las propias denunciantes, de modo que no puede tener otra interpretación que un mail enviado por un cliente disgustado por la falta del resultado esperado y que en su diatriba acusa sin ningún tipo de fundamento más allá del enojo”.

–Si, como dicen, los certificados solo pueden ser emitidos por AFIP y la operatoria era lícita, ¿por qué cree que les apuntan a ustedes?
–Mi madre trabajó cuarenta años en la AFIP, uno cree que nunca va a tener enemigos pero evidentemente los tiene. Si uno lee todo el expediente se dará cuenta de que no existen elementos fácticos para vincularnos: no existe una comunión de personas o sociedades para cometer delitos y desde la cooperativa es imposible que hubiésemos podido hacer una cosa así. Hay una ensalada tan rusa que nos metieron y acá estamos. Y también advierto que hay animosidad de parte de la querella, por como escriben y por las cosas que dicen.

El fiscal Carlos García Escalada consideró concluida la investigación e hizo el requerimiento de elevación a juicio. Los defensores se opusieron. Algunos de los argumentos están esbozados aquí. El juez Hernán Viri podría resolver en breve.