El backstage de la denuncia de la Sala Penal por violencia policial

13/08/2020

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia lanzó un temerario comunicado en el que habla del crecimiento de casos de violencia policial. La denuncia expuso un notable incremento de detenciones arbitrarias bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. Sin embargo, el mensaje está dirigido a la Procuración General y no al Poder Ejecutivo. Las internas que avivan las sospechas. Escuchalo en Audionoticias.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Sorprendió a todos la preocupación de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por “el incremento de casos de excesos en el accionar de la fuerza policial en distintos procedimientos”, con tirón de orejas incluido a la Procuración General para que “adopte las medidas que estime pertinente”. Tan breve que no hace referencia a ninguna situación en particular y tan contundente que enciende una alarma.

La primera pregunta obvia es por qué el llamado de atención es a la Procuración General y no al Ministerio de Gobierno. Tan obvia resulta la pregunta que la primera en reaccionar, en medio de una suerte de sorpresa generalizada –incluso el resto de los vocales del STJ se enteró de la noticia por los medios–, fue de la ministra Rosario Romero, de quien depende administrativamente la Policía de Entre Ríos.

La segunda pregunta es qué motivó la comunicación de la Sala Penal. A esta pregunta solo se le puede responder con hipótesis: por un lado, las reiteradas quejas de los jueces de garantías a raíz de un notable incremento de detenciones arbitrarias, bajo la figura de “resistencia a la autoridad”, desde el inicio de la cuarentena, con situaciones de violencia policial; y, sumado a esto, la archiconocida interna de la Sala Penal con el procurador Jorge Amílcar Luciano García.

Antes y después de la pandemia

Desde el inicio de la cuarentena, en distintos lugares del país se han denunciado irregularidades y excesos en la actuación policial, algunas graves, y Entre Ríos no ha sido una excepción. El STJ no expuso datos (¿no los tiene?), pero en las redes sociales se multiplican las denuncias de violencia institucional. Probablemente el hecho más grave es el que ocurrió el 1 de mayo, cuando policías irrumpieron violentamente en la Villa 351, lo que motivó una denuncia de los vecinos contra los efectivos que intervinieron en ese procedimiento, de la que poco se ha ocupado el Ministerio Público Fiscal.

Los organismos de derechos humanos vienen visibilizando y denunciando diferentes situaciones que denominan como de hostigamiento policial desde hace más tiempo. No es ocioso recordar el crimen de Gabriel Gusmán, muerto por un balazo policial el 25 de septiembre de 2018, donde los fiscales todavía no han resuelto un pedido para citar a prestar declaración de imputado a dos policías.

Los jueces de garantías también vienen advirtiendo a los fiscales sobre la extensión de la detención preventiva de las personas aprehendidas en flagrancia más allá de las veinticuatro horas que establece la Constitución Provincial, salvo para casos excepcionales en que podrá prorrogarse por otras veinticuatro horas. Se ha naturalizado que los detenidos llegan a estar delante de un juez a las cuarenta y ocho horas, dicen.

También han hecho notar ciertos desfasajes entre el horario en que se produce una detención y el ingreso de la persona detenida a la alcaidía de tribunales, en algunos casos hasta dos o tres horas después de la aprehensión, según los registros policiales.

Del mismo modo, los defensores públicos con competencia penal advierten que con la excusa de garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio se ha registrado un aumento exponencial de detenciones por “resistencia a la autoridad” sobre las personas especialmente vulnerables, aunque aseguran que las situaciones de abuso y maltrato policial vienen desde mucho antes.

Esta percepción de los defensores públicos constituye un termómetro a tener en cuenta porque son precisamente ellos quienes tienen la primera aproximación a las víctimas de violencia institucional, sea en las visitas a los establecimientos de detención o por el contacto con los propios defendidos o sus familiares.

Las denuncias que no son

Esa percepción se sostiene en datos concretos. El 27 de agosto de 2019, el defensor general, Maximiliano Benítez, dictó la Resolución Número 042 para implementar un protocolo de actuación destinado a los defensores públicos con competencia penal y de ejecución penal de la provincia con el objetivo de registrar los casos de violencia institucional de los que tomaren conocimiento.

El protocolo establece que en cada entrevista que mantengan con una persona detenida o con aquellos que hubieren recobrado recientemente su libertad, los defensores deberán registrar en una planilla cualquier situación de violencia que les manifestaren, con los datos más precisos posibles sobre el hecho y sus autores (modalidad de la agresión, situación de la víctima en ese momento, contexto en el que ocurrieron los hechos, posibles motivaciones de los agresores, consecuencias sufridas).

Si el caso lo amerita, los mismos defensores deberán solicitar la revisión médica de la víctima a los profesionales del Departamento Médico Forense del Poder Judicial y podrán pedirles que tomen fotografías de las lesiones físicas que presentaren.

Ello independientemente de que las víctimas decidan no denunciar los apremios. Esa situación se da en la gran mayoría de los casos, a veces por miedo a las represalias o simplemente por experiencias anteriores en las que no han recibido respuestas del Estado.

En ese caso, los defensores deberán igualmente asentar el hecho en una planilla de relevamiento, que será confidencial, donde se adjuntará un acta en la que la persona manifiesta su decisión de no denunciar.

Ahora, Benítez solicitó a los defensores penales un informe sobre los casos relevados de violencia policial y cuántos fueron denunciados. Los datos serían entregados a la Sala Penal en el transcurso de esta semana, según se indicó a Página Judicial.

Ante este escenario, quien reaccionó fue la ministra Romero (llama la atención el silencio del procurador), que inmediatamente solicitó una reunión, que se concretó en forma virtual, con los vocales Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Claudia Mizawak.

Luego de esa reunión, la Sala Penal emitió otro comunicado en el que anunció que se articularán “acciones” entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial “para evitar apremios o abusos de autoridad por parte de cualquier integrante de la fuerza policial”. Fin del comunicado. Página Judicial supo que los vocales también le plantearon a la ministra su inquietud por hechos ocurridos en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Federación en los que se habrían registrado apremios y violencia por parte de agentes de seguridad hacia a algunos detenidos, y prometieron hacerle llegar un informe detallado de los casos.

Rosario Romero, por su parte, aseguró que “de ninguna manera se va a tolerar ningún abuso de parte de la Policía” y planteó la necesidad de generar un espacio de discusión en el que también confluyan representantes de la Procuración General y de la Defensoría General para diseñar protocolos de actuación y emitir recomendaciones para las fuerzas de seguridad. En ese sentido, la ministra adelantó a Página Judicial que dictará una resolución para que cuando la Policía realice detenciones en flagrancia se notifique inmediatamente al defensor oficial en turno.

Tal vez otra herramienta eficaz pueda ser la implementación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un organismo autárquico y autónomo, cuyo objetivo es el de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, algo que vienen reclamando desde hace tiempo los organismos de derechos humanos.

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